Área Económica Especial de Aguadulce, el fantasma milllonario

El Área Económica Especial de Aguadulce (AEEA) es un mega proyecto que cuenta con una ley regulatoria y para el que se aprobó el traslado de un millón de dólares semanas antes del cambio de gobierno. Sin embargo, a la fecha no hay siquiera una oficina visible y se desconoce qué pasó con el dinero.

Se trata de una extensión 1.758 hectáreas entre El Gallo y El Salado de Aguadulce. El plan era construir un puerto, permitir la importación, exportación y reexportación, así como brindar servicios como el avituallamiento y servicios auxiliares a embarcaciones. La inversión estimada era de 3.500 millones de dólares, de los cuáles 2.500 millones aproximadamente serían para la construcción del puerto.

El AEEA no es un proyecto nuevo. Ya en 2011 se adjudicó un Estudio de Factibilidad para la Construcción y Operación de un nuevo Puerto de Embarque y Centro de Distribución Multimodal en el Distrito de Aguadulce por 456.256 dólares a la Asociación para el Desarrollo Integral (ADI), presidida por Azael Torres.

Por años, hubo reuniones, empresarios interesados en invertir y expectativa. Pero no fue hasta la promulgación de la Ley 309 del 1 de junio de 2022 que se creó el AEAA. Un año después, se aprobó la Ley 388 de 2023 la cual crea la Agencia del Área Económica de Aguadulce como una entidad autónoma con la facultad de mantener y administrar sus fondos de forma independiente al gobierno central. En junio de 2024 se aprobó un traslado de partida por 1 millón de dólares para la Agencia.

En el presupuesto general del estado de 2025, ya en manos del nuevo gobierno de José Raúl Mulino, se le asignan 1,5 millones de dólares para gastos. El 20 de mayo de 2025, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ratifica a Denia Mabel De León como administradora de la agencia.

Sin embargo, De León nunca asume el cargo. El pleno de la Asamblea Nacional decide no ratificarla. Fuentes dentro del Órgano Legislativo apuntaron a La Estrella de Panamá que la razón podría ser un conflicto con la entonces presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, quien es diputada del circuito 2-3 (La Pintada, Natá y Olá) en la provincia de Coclé.

Ahora, el presidente del Legislativo es Jorge Herrera, diputado por el circuito 2-4 (Aguadulce) y alcalde electo para el municipio de Aguadulce, puesto que actualmente ocupa su suplente.

Aunque el AEEA no está operando, sí se han reportado movimientos que afectan a los productores locales. En el perímetro designado operan alrededor de 7 empresas camaroneras y la Cooperativa Marín Campos, dedicada a la producción de sal, que mantiene una concesión estatal.

La abogada Dallys Guerra representa a una de estas camaroneras. “Nosotros hace unos meses recibimos unas notificaciones de parte de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), donde nos decían que las personas que están trabajando esa tierra, en pocas palabras, debían desalojar”, compartió Guerra a La Decana. “Pedimos una reunión urgente con el administrador del ARAP, que vino a Aguadulce, nos reunimos todos y le dijimos la situación y le dijimos: vamos a abandonar las tierras, ¿para qué? Porque no hay nada con relación a la empresa que se va a instalar allí, no hay agencia, no hay nada. Le dijimos a la ARAP que nadie se va a mover hasta que ustedes definan qué es lo que se va a hacer aquí”, añadió. De acuerdo a la abogada, la ARAP se justificó diciendo que las notas seguían instrucciones del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicando que había que cancelar todas las concesiones camaroneras que estaban allí, así como los trámites de concesiones.

La Estrella de Panamá consultó al Ministerio de Comercio de Industrias sobre el tema, pero a la fecha de esta publicación no se ha recibido respuesta.

La incertidumbre espanta la inversión. Varias fuentes consultadas por La Decana señalaron que había un fuerte interés de China en el área, pero que fueron rechazados durante la anterior administración del gobierno de Laurentino Cortizo. Las empresas que aún tienen interés piden claridad. “Las camaroneras no son inversiones de pocos miles de dólares. Por ejemplo, la de la cooperativa por lo menos necesita dos millones de dólares para ponerla operativa nuevamente”, detalló Guerra. “Lo que estos señores quieren es que les confirmen que ellos pueden hacer esa inversión y que van a tener un mínimo de tiempo para recuperar su inversión y poner eso productivo. O eventualmente, que era lo que se pensaba, que esos desarrollos fueran parte del área económica. Lo que queremos es que el MICI nos diga qué es lo que hay y si eso realmente tiene posibilidades de hacerse y en cuánto tiempo”, enfatizó.

De acuerdo a la Ley 388 que crea la Agencia del AEEA, su Junta Directiva estará constituida por el ministro de Comercio e Industrias (quien la presidirá), el ministro de Desarrollo Agropecuario, un representante del sector empresarial, un representante del sector laboral, un representante de la Cooperativa de Salineros Marín Campos, un representante de la Asociación de Pescadores del distrito de Aguadulce, un representante de la Asociación de Camaroneros del distrito de Aguadulce, un representante de la Asociación de Usuarios de la AEEA, el alcalde municipal de Aguadulce, un representante del desarrollador con derecho a voz, y el contralor de la República con derecho a voz.

Ítalo Quezada, presidente de la Cooperativa de Salineros Marín Campos, evitó pronunciarse sobre los beneficios o desventajas del proyecto, pero dejó claro que lo que se evidencia es la inacción por parte del gobierno. “Ahora mismo el estado tiene en sus manos el poner en acción la ley y no la ha puesto. Así de sencillo. Este país está lleno de leyes, pero unas se cumplen y otras no”, lamentó. “No se puede poner la carreta antes que el buey. ¿Qué oficina o infraestructura o logística puede haber si ni siquiera han nombrado a la directora?”, añadió.

De acuerdo a la ley, la cooperativa tiene un puesto en la junta directiva. Pero Quezada enfatizó que hasta el momento eso no se ha concretado. “Como presidente sí podemos decirle con mucha autoridad que ahora mismo no hay ninguno de nosotros en la agencia, porque la agencia en sí no está formada, no tiene su director, su nombrado por el Ejecutivo, no existe”, puntualizó.

Quienes operen en el AEEA pueden dedicarse al avituallamiento u otros servicios marítimos auxiliares a naves; importación o exportación de productos que salgan por la vía aérea de los aeropuertos ubicados en provincias centrales; productos confeccionados por empresas que fabrican productos terminados en el AEEA; productos relacionados con actividades de mantenimiento, reparación, conversión y reconversión de aeronaves y actividades conexas; actividad logística de transporte; y productos relacionados con las zonas libres de petróleo que operen dentro del AEEA.

Las empresas pueden acogerse a distintas licencias para operar como Sede de Empresas Multinacionales (SEM), Empresa Multinacional para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA) o Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques.

Amalia Vásquez, vicepresidenta del Centro de Competitividad de la Región Central y vicepresidenta de la Cámara de Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Coclé, habló sobre el potencial del proyecto. “Son como dos proyectos bajo una ley. En el área económica tú puedes instalar empresas de bioteanol. Puedes incluir a la acuicultura, que ahí eso es un tema delicado porque ellos no están dentro, pero sí se puede incluir. Y la acuicultura genera empleo, no solo las grandes, los ecuatorianos que quieren venir más, pero no se atreven. También los locales que han invertido ya mucho dinero y en estos días mandaron a sacarlos a todos”, apuntó.

El desarrollo del bioetanol es particularmente relevante para la región, dónde abundan ingenios azucareros que podrían producir el combustible. El presidente de la República, José Raúl Mulino, han mencionado en numerosas ocasiones durante sus conferencias de prensa semanales, que hay planes para introducir este combustible al país.

Vásquez destacó que no se puede nombrar a cualquiera a dirigir la agencia. “Tiene que ser alguien que conozca el tema, que conozca el área, no es que vengan ahora a sacar a todos los camaroneros que han estado mucho tiempo trabajando en el área. Que definan que puede ir dentro del proyecto y que le den una seguridad legal también a la parte de los de la acuicultura y a los salineros, porque estamos también ahorita mismo como en un limbo. A mí me da tristeza. ¿Por qué? Porque ya la gente perdió el ánimo. Porque esto era como que viene luego, viene luego. Pero no sé si viene o no viene. A veces no sé si el remedio es peor que la enfermedad, porque, ¿qué pasa si la ponen y en realidad no hacen nada o lo manejan mal o muy mal?”, cuestionó. “Te voy a ser sincera, a ellos no les interesa si promueven o no promueven el proyecto. No les interesa si lo construyen o no. Les interesa poder nombrar al menos por cuatro años, a su gente que todavía no han podido colocar”, acotó.