Consejo Provincial de Panamá cierra 2025 defendiendo la descentralización

El Consejo Provincial de Panamá cerró 2025 enfrentando el desafío de revertir la percepción de corrupción que pesa sobre el uso de los fondos de descentralización, al tiempo que busca mayores recursos para los municipios y juntas comunales más pequeños de la provincia.

El presidente del Consejo Provincial de Panamá, Dorindo Vega, afirmó que el programa de descentralización ha sido “satanizado” bajo un manto generalizado de corrupción, una imagen que no refleja la realidad de la mayoría de los gobiernos locales.

“La descentralización es positiva y debe mantenerse. Los recursos deben ser fiscalizados por la Contraloría y quien haga mal uso de ellos debe enfrentar las consecuencias legales, pero no todos podemos pagar por el error de unos cuantos”, sostuvo.

La descentralización implica la transferencia de recursos, competencias y responsabilidades del gobierno central a municipios y juntas comunales para la ejecución de proyectos locales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la cercanía con la población.

Estos fondos provienen, entre otras fuentes, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de programas específicos. No obstante, el tema se ha visto marcado por investigaciones judiciales. El Ministerio Público ha recibido más de 300 denuncias por el uso irregular de estos recursos, con montos investigados que superan los 214 millones de dólares.

Las pesquisas se concentran en presuntas irregularidades en juntas comunales y en el programa de descentralización, incluyendo delitos como peculado y violación de sellos públicos, con lesiones patrimoniales superiores a 25 millones de dólares y la judicialización de varios funcionarios.

En total, se investigan 281 casos relacionados con el manejo irregular de fondos, incluyendo la sustracción de documentos públicos.

Paralelamente, Vega destacó que el Consejo Provincial trabaja en la búsqueda de mecanismos para incrementar los recursos destinados a los municipios y corregimientos más pequeños, muchos de los cuales operan gracias a subsidios y apoyos del gobierno central que hoy resultan insuficientes.

Como ejemplo, mencionó a Chimán y corregimientos como Cañitas, donde la ausencia de grandes actividades económicas limita la recaudación de impuestos. Incluso citó zonas como Unión Santeña, donde hay comunidades que aún carecen de servicio eléctrico.

Son poblaciones con grandes necesidades que viven en condiciones de pobreza, y las autoridades locales no cuentan con los recursos para responder.

”Estamos buscando una fórmula junto a las autoridades para que estos municipios y juntas comunales reciban mayores fondos y puedan atender con mayor rapidez las demandas de la población, lo que también aliviaría la presión sobre el propio gobierno central”, recalcó Vega.

El Consejo Provincial de Panamá está integrado por los representantes de corregimientos y los alcaldes de la provincia, quienes eligen una junta directiva conformada por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. En sus sesiones participan con voz los diputados de la provincia, miembros de la Junta Técnica y el gobernador provincial.