Dar a luz con dignidad: la deuda con las mujeres panameñas

Tras nueve meses de espera, ansiedad, emoción y expectativa, a Camila (nombre ficticio) le programaron su cesárea para las 6:00 p.m. Su bebé venía sentado y con el cordón umbilical enredado en el cuello. Se había preparado para un parto vaginal, lo que se conoce como “natural”, pero inmediatamente atendió las recomendaciones del médico. La prioridad era que el pequeño naciera sano. Al llegar al hospital, junto a su esposo, completó el proceso de ingreso y, poco después, fue llevada en silla de ruedas a la sala de preparación. Allí le tomaron los signos vitales, le hicieron las preguntas de rutina y la pasaron a un cuarto para cambiarse de ropa. Minutos más tarde, su ginecólogo la saludó con amabilidad y le explicó paso a paso lo que ocurriría. También lo hicieron el anestesiólogo y la pediatra que recibiría al bebé.

Preparada y tranquila, entró al quirófano con su esposo a su lado, mientras sonaba Coldplay de fondo. Todos conversaban con calma. El médico respetó el tiempo de pinzamiento del cordón, el bebé fue colocado sobre el pecho de su madre y el anestesiólogo incluso se ofreció a tomar las fotos. Después, el recién nacido pasó con su padre a neonatología y la madre a recuperación. Un parto respetado, lleno de información, acompañamiento y felicidad absoluta.

Así debería ser siempre. Pero no todas las mujeres viven esta experiencia, especialmente quienes acuden al sobresaturado sistema de salud público. Dar vida es arriesgar la vida. En 2023, un total de 37 mujeres perdieron la vida durante el parto, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud. Aunque ha disminuido, la mortalidad materna es de 62,5 por cada 100,000 nacimientos vivos en el país.

Del total de muertes, 27% no se realizó ningún control prenatal y solo 35% contaba con más de tres controles. Las autoridades de salud recomiendan al menos 5 controles, que son claves para identificar embarazos de alto riesgo y proteger la vida de madres y bebés.

Toda futura madre merece no solo que se proteja su vida, sino también un parto digno y respetuoso. En Panamá, en distintos hospitales públicos —y en algunos privados— las historias contadas por mamás a este medio forman un patrón alarmante: separación innecesaria entre madre y bebé, imposición de prácticas médicas, desinformación, comentarios hirientes que borran la dignidad del alumbramiento.

En el momento más vulnerable de sus vidas, muchas mujeres se convierten en víctimas de violencia dentro de hospitales que deben garantizar su cuidado.

No hay cifras sobre denuncias de violencia obstétrica disponibles en el sitio web del Ministerio Público de Panamá. Pero esto no significa que no ocurra. Al consultar directamente las estadísticas de la institución para conocer el número de denuncias y condenas no fue posible tenerlas ya que el delito no está tipificado.

La violencia obstétrica no está en el Código Penal, solo se le menciona en las Disposiciones Generales de la Ley 82 que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres, definiéndose como: “Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato abusivo, deshumanizado, humillante o grosero”.

Aunque la norma contempla sanciones generales para quienes cometan violencia contra la mujer, que van desde medidas de protección, denuncias ante el Ministerio Público y procesos administrativos en las instituciones implicadas, no establece sanciones penales directas por violencia obstétrica.

Muchas víctimas de violencia obstétrica prefieren no denunciar. No creen que vayan a recibir un trato justo y que se apliquen sanciones a los responsables. Prefieren callar a seguir un engorroso y costoso proceso.

Sin embargo, sí hay quiénes alzan la voz. Una de las instituciones a las que acuden es la Defensoría del Pueblo, que en lo va del 2025 ha aperturado cinco quejas de oficio.

“Tenemos una queja en la que ya se elaboró el borrador de la resolución. Está en revisión en el despacho superior. Se trata de una denuncia presentada de forma anónima por una mujer embarazada, quien señaló que, al momento de dar a luz, recibió un trato inadecuado. Su reclamo estuvo más enfocado en la dieta alimenticia que le fue proporcionada en el complejo hospitalario”, compartió Alessandra Chena, directora nacional de Protección de los Derechos de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo.

En ese caso, corroboraron la información, solicitaron las notas médicas y confirmaron que, en efecto, la dieta no era la adecuada para una mujer que había pasado por un proceso de parto o cesárea.

Los hospitales con procesos abiertos en este momento son el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias de la Caja de Seguro Social y el Hospital Santo Tomás en Panamá; el Hospital Nicolás Solano de Panamá Oeste, y el Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón.

Chena afirmó que reciben mujeres que han sido víctimas de violencia obstétrica, que se acercan a la institución a buscar orientación; no obstante, se van a sus casas a disfrutar a su bebé y no hacen la denuncia ante el Ministerio Público.

“Podemos decir que, dentro del rango de 18 a 38 años, nos han contado que han sido víctimas de tratos denigrantes y humillantes por parte del personal de salud, cuando han asistido a los centros de salud para recibir sus controles prenatales o en los hospitales para dar a luz o someterse a una cesárea”, declaró.

Chena añadió que “esto ocurre, en la mayoría de los casos, porque las mismas señoras no han querido presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Ellas nos dicen que están recién dadas a luz, que quieren estar con sus bebés, y que el tiempo de licencia laboral de tres meses lo desean aprovechar para dedicarse a ellos. Lo que hacemos nosotros es explicarles que podemos aperturar la queja cuando ellas asisten acá, ya sea para buscar orientación o presentar un reclamo. Sin embargo, muchas nos responden que no, que solo querían orientación y que alguien las escuchara. Nos hacen ver, desde nuestra óptica de derechos humanos, que son varias las que han sido víctimas de esta situación”, explicó.

Hace unas semanas, una equivocación en la Sala de Maternidad de la Ciudad de la Salud le robó el sueño a una madre de amamantar a su hija por primera vez. Aunque la marquilla estaba bien colocada, por un error humano, entregaron la bebé a otra mujer quien fue la primera en darle pecho. La situación fue detectada rápidamente y, antes de darles de alta, se realizaron pruebas de ADN para descartar confusiones.

Otra madre relató su padecer al comenzar con la lactancia, en el Hospital Santo Tomás. “La condición para llevarme a mi bebé era que demostrara que producía leche y que el niño lograba succionar. De lo contrario, él debía permanecer hospitalizado. Yo lloraba y pedía verlo, pero siempre me decían que no había camillero para llevarme”.

En la misma institución, otra mujer describió lo que vivió tras una cesárea: “una noche de angustia y desatención en la sala de hospitalización. Cuando intentó alertar a una enfermera sobre un malestar, escuchó de un enfermero la respuesta: ‘qué se rasque, pues’. Mientras tanto, el personal encendió películas a todo volumen y se escuchaban risas como en una fiesta. Fue horrible. A las 6:00 a.m. ya me estaba bañando y alistando mis cosas para no pasar ni un minuto más allí”.

La jefa nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, Geneva González, explicó que la entidad se rige por las Normas Técnico Administrativas, que pueden ser consultadas en la página web del Minsa. El documento detalla el paso a paso que deben seguir los profesionales de la salud antes, durante y después del parto.

“En términos generales, todo se cumple de la misma manera”, explicó la especialista. “Las pacientes son recibidas y, para ingresar en trabajo de parto, la evidencia indica que deben tener una dilatación de cuatro centímetros. Antes de eso se considera fase latente. Si esta fase es prolongada, la paciente puede ingresar; de lo contrario, si presenta entre dos y tres centímetros de dilatación, se le envía a casa con un monitoreo fetal. Si no hay datos de riesgo, se le dan instrucciones claras sobre cuándo debe regresar”.

Añadió: “Cuando la paciente llega con cuatro o cinco centímetros de dilatación, se hospitaliza. En ese momento se le toman los signos vitales y se extrae sangre para pruebas de VIH y sífilis, ya que en ocasiones las mujeres no se realizan estos controles durante el embarazo. Posteriormente, la paciente entra con un monitor fetal y se le canaliza una vena. Esto no es un acto de violencia obstétrica o un atropellamiento como algunos dicen, sino una medida preventiva: si durante el proceso presenta una hemorragia, un sangrado u otra complicación, ya se cuenta con una vía viable para administrar los medicamentos necesarios”.

González agregó que al ingresar a la sala de parto, se le realiza un examen ginecológico, se monitorea al bebé y también a la madre. “El protocolo establece que los tactos vaginales se efectúan cada dos o tres horas. En cuanto al bloqueo epidural, no siempre se aplica debido a la falta de personal médico. Para colocarlo se requiere la presencia continua de un anestesiólogo durante todo el trabajo de parto. Si se tienen 15 camas, serían necesarios 15 anestesiólogos, lo cual no es posible”.

Una vez que la paciente alcanza la dilatación completa, inicia la fase expulsiva. Inmediatamente después del nacimiento, se realiza el pinzamiento tardío del cordón umbilical, el bebé es secado y colocado sobre el abdomen de la madre. “El 95% de los recién nacidos no necesita otra intervención, más allá de la aspiración y el calor materno. Mientras se extrae la placenta y se revisa si hay laceraciones, el bebé permanece con la madre”, aseguró la especialista.

Posteriormente, la paciente pasa al puerperio inmediato, que consiste en una hora de observación junto al niño. En ese tiempo, el recién nacido es llevado al área de enfermería de pediatría, donde se seca, se revisa, se coloca la marquilla identificadora y se regresa de inmediato con la madre para iniciar la lactancia.

Si no hay complicaciones, la paciente se vigila durante la primera hora; sin embargo, muchas veces permanece más tiempo por falta de camilleros para trasladarla. Finalmente, pasa a la sala de puerperio, donde debe permanecer un mínimo de 24 horas, de acuerdo a la normativa.

La diputada Walkiria Chandler presentó el anteproyecto de ley 296 que establece el ‘Régimen de Nacimientos Saludables’ en Panamá. Su objetivo es garantizar los derechos de la mujer durante el embarazo, parto y postparto, promoviendo un parto respetado y prácticas basadas en evidencia científica.

La ley reconoce el derecho de la mujer a estar acompañada durante el parto, recibir información sobre procedimientos médicos y evitar intervenciones innecesarias. También protege los derechos del recién nacido y sus padres, asegurando acceso a información y cuidados adecuados. El Ministerio de Salud sería el ente encargado de supervisar su cumplimiento.

En la exposición de motivos, el documento señala que durante el 2019, las cifras de nacimientos vivos ascendieron a la suma de 72.456 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Del total de nacimientos ocurridos en dicho año, el 95% recibió atención médica en parto (68.848). Los estudios del INEC revelaron que 69.2% de las mujeres que dan a luz están unidas y 13.5% casadas. “Lo que significa que aproximadamente el 82% de las embarazadas mantienen una relación sentimental al momento de dar a luz”.

Por tal motivo, entre los aspectos que proponen destaca que el país adopte políticas que permitan a las mujeres que deciden llevar su proceso de parto en un centro de atención público, tengan la oportunidad de estar acompañadas.

En la práctica, la jefa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva advierte de algunos obstáculos para su implementación. Señala que las Normas Técnico Administrativas establecen que se debe “permitir el acompañamiento de la embarazada durante la labor y el parto, dependiendo de las facilidades de la instalación, que garanticen la privacidad y el cumplimiento de normas de bioseguridad”.

La especialista dibujó en una hoja de papel cómo es una sala de parto en la mayoría de los hospitales del país: hay 15 camas separadas por cortinas “que ellas mismas [las madres] abren. Eso se podría hacer si en los espacios se pudiera mantener la privacidad”.

En cambio, Walkiria Chandler aseguró que la ley 296 determina que “el acompañante tendría que tomar un curso profiláctico para saber qué esperar y poder dar un soporte emocional y no interferir con las disposiciones médicas, porque no se puede poner en peligro la vida ni de la mujer, ni del bebé.

Para llevar a cabo el anteproyecto, la diputada se reunió con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. También se sostuvieron encuentros con los administrativos y directores médicos de la Ciudad de la Salud, del Hospital San Miguel Arcángel y del Hospital Nacional, además de una abogada.

Se intentó coordinar con el Hospital Nicolás Solano, pero de acuerdo a Chandler, los médicos no atendieron la solicitud. Asimismo, se consultó a los médicos de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y a la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá.

Contar con información clara y confiable es fundamental para vivir el embarazo y el parto con mayor seguridad y confianza. En Panamá existen organizaciones, programas de salud y grupos de apoyo que acompañan a las futuras madres, brindándoles orientación práctica y emocional para enfrentar de la mejor manera el embarazo, el parto y el posparto.

Chandler manifestó que en el anteproyecto de ley le piden al Minsa que den capacitaciones. “Hemos detectado que las mujeres no saben qué les colocan, no saben por qué, no saben qué esperar. Las mujeres van a dar a luz sin saber nada del proceso y esa es una coordinación que estamos teniendo con algunos médicos del Ministerio de Salud y con la Caja del Seguro Social (CSS)”.

En este sentido, la CSS ofrece el plan de Profilaxis del Parto, como parte del Programa Materno Infantil de la entidad. Este consiste en la preparación para un parto natural y en una experiencia de aprendizaje integral de la pareja. Lo llevan a cabo en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en calle 25 de Calidonia. Pueden asistir personas de cualquier sector de Panamá, sólo debe llevar una autorización de su médico que indique que no tiene ningún riesgo.

En Panamá, hay organizaciones que ofrecen apoyo a las madres para ayudarlas a amamantar. Algunas ofrecen servicios de manera gratuita como lo hace La liga de la leche. “Compartimos nuestras experiencias y realmente es el lugar donde puedes ver a alguien amamantar. El requisito para ser líder de La liga de la leche es ser mamá, por lo tanto hay una cantidad de diferentes historias y experiencias que se comparten”, explica Anabel Párraga, líder de la organización.

De igual manera, algunos ginecobstetras recomiendan a las futuras madres el libro ‘Qué esperar cuando se está esperando’, escrito por Heidi Murkoff. Considerado la “biblia del embarazo”, este texto ofrece una guía completa sobre cada etapa de la gestación, desde los primeros síntomas hasta el posparto, con explicaciones sencillas y consejos prácticos para resolver dudas comunes. Su objetivo es brindar tranquilidad y confianza a las familias al acompañarlas en cada paso del proceso.

Una mujer que considere haber sido víctima de violencia obstétrica puede acudir a varias instancias, dependiendo de lo que necesite: denunciar, recibir orientación o acompañamiento.

Defensoría del Pueblo: recibe quejas relacionadas con vulneración de derechos humanos, incluyendo tratos denigrantes o humillantes en los servicios de salud. Allí se puede abrir un expediente y se brinda orientación a la víctima.

Ministerio Público: si la mujer desea interponer una denuncia formal, puede acudir a la Fiscalía de Atención Primaria o a las Fiscalías de Familia, ya que la violencia obstétrica puede considerarse una forma de violencia contra la mujer.

Ministerio de Salud (Minsa) y Caja de Seguro Social (CSS): en caso de que el hecho haya ocurrido en instalaciones de salud públicas, se puede presentar una queja en las oficinas de Atención al Usuario de cada hospital o policlínica.

Ministerio de la Mujer: ofrece orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, incluyendo la obstétrica.

Organizaciones civiles y grupos de apoyo: asociaciones de mujeres, colectivos de derechos humanos y ligas de apoyo a la maternidad también brindan acompañamiento y asesoría.