A 100 días del nuevo Código Procesal Civil, CSJ planea implementación de IA

Agilizar el sistema de justicia, implementar la inteligencia artificial y conseguir el presupuesto necesario para cumplir con una ambiciosa agenda judicial fueron algunos de los temas discutidos este martes 20 de enero durante la presentación del informe de 100 días de implementación del nuevo Código Procesal Civil en el Palacio Gil Conte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El magistrado de la Sala Primera de lo Civil, Olmedo Arrocha, adelantó que una de las formas con las que se planea agilizar los procesos es la implementación de Inteligencia Artificial (IA).

“Seguramente vamos a tener que también hacernos, como dice el código que nos permite, de la inteligencia artificial. Pero no para reemplazar al ser humano en la decisión, en su razonamiento”, explicó Arrocha. “Donde pueden utilizar la inteligencia artificial es en actividades periféricas que le van a ayudar a ese ser humano a facilitarle el trabajo sistematizando, automatizando, replicando cosas que siempre se hacen igual, formatos, ayudando al juez a hacer investigaciones para que tome sus decisiones, jurisprudencia, etc. Así que eso también será utilizado en este sistema”, acotó.

El magistrado adelantó que el Órgano Judicial se encuentra en estos momentos analizando la implementación de la IA a través de un acuerdo. “Hay un borrador que está circulando para la consideración interna y también externa de un acuerdo que va a reglamentar el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia”, explicó.

Desde su implementación en octubre de 2025, se han procesado unas 4.645 causas con el Código Procesal Civil, de las cuáles 2.443 correspondieron a la esfera municipal civil, 1.914 a la esfera circuital civil y 288 al Tribunal Superior Civil, según cifras oficiales. De acuerdo al magistrado de la Sala Primero de lo Civil, Olmedo Arrocha, alrededor de 20% han sido resueltos.

El objetivo es conseguir resolver los casos de la forma más ágil y expedita posible, respetando siempre el debido proceso. Para lograrlo, es necesario superar retos importantes, como el presupuesto.

“Aquí no se trata de venir a ofrecerle a usted información romántica y que todo es bueno. No. También decirle que tenemos un gran desafío y que tenemos grandes retos, que no solamente es responsabilidad del órgano judicial, porque para poder cumplir con estos retos necesitamos de la simbiosis, la sincronización, la solidaridad de los otros dos órganos del Estado”, resaltó Arrocha. Apuntó que se está en el proceso de liquidar expedientes y que se necesitan recursos para trasladar los documentos, así como asignar más jueces (estima que el doble de los actuales) para el proceso de liquidación.

Al preguntarle si el Órgano Judicial cuenta actualmente con los recursos necesarios para las mejoras que se tienen contempladas, Arrocha fue claro. “La respuesta es no. No tenemos todo lo que quisiera obtener, pero no vamos a desfallecer en gestionarnos. Nuestra responsabilidad es gestionarnos para obtenernos, pero lo importante es que tenemos una visión clara de hacia dónde tenemos que ir. Pero no para beneficio de nosotros, sino para beneficio del usuario y la justicia”.

Arrocha señaló que esperan unos 60 millones de dólares en financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero adicional, se necesitan entre 10 y 15 millones de dólares en los próximos dos años para adecuar el sistema judicial en lo concernientes a los casos civiles.

A pesar de todos los esfuerzos y buenas intenciones del Órgano Judicial, la percepción ciudadana del sistema de justicia es de justicia selectiva y en muchos casos tardía. Casos que involucran a políticos de alto perfil permanecen años en el pleno de la CSJ hasta ser pasados a la justicia ordinaria o archivados.

Para el magistrado Arrocha, es difícil dar una respuesta ya que considera que cada caso es diferente. “Técnicamente hay 500 órganos judiciales. Ninguno de los magistrados que está aquí presente puede alzar el teléfono para llamar a un juez penal y decirle cómo tiene que fallar. Porque entonces estaríamos violando el principio de independencia judicial”, señaló. “Es muy difícil que nosotros podamos satisfacer la ansiedad social con respecto a un gran acuerdo. Nosotros el año pasado emitimos más de 200.000 decisiones en diferentes niveles. Puede ser que hay un caso concreto que llame la atención, sí, no lo negamos. Pero hay 199.999 casos que no llaman la atención. Más que eso, no le puedo responder porque ya sería entrar en temas que nos pueden afectar hasta a nuestro ejercicio ético como jueces”, concluyó.