ACP defiende recobro de salario a capitanes y oficiales tras fallo de la Corte

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) defendió la aplicación de recobros salariales a un grupo de capitanes y oficiales de cubierta, tras un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal una resolución de la Junta de Relaciones Laborales relacionada con la negociación colectiva de la Unión de Capitanes y Oficiales de Puente (UCOC).

Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano de la ACP, explicó que la decisión judicial se originó en una apelación presentada por la administración canalera contra una resolución de la Junta de Relaciones Laborales, el organismo que dirime los conflictos laborales dentro del régimen especial del Canal de Panamá.

Según Pérez, en 2024 la Junta resolvió una solicitud de estancamiento que abarcaba los 31 artículos de la convención colectiva negociada con la UCOC. Aunque la ACP consideró que esa resolución contenía vicios de ilegalidad, debía acatarla por su carácter devolutivo, por lo que procedió a firmar la convención colectiva con la salvedad de que quedaba sujeta al pronunciamiento de la Corte.

En julio de 2025, la Sala Tercera declaró ilegal la resolución de la Junta de Relaciones Laborales. Ese fallo, indicó Pérez, obligó a la ACP a retrotraer los efectos de la resolución y a retomar la convención colectiva anterior, que es la que se encontraba vigente antes del proceso de estancamiento.

“Como funcionarios públicos, estamos obligados a actuar dentro del marco de la Ley Orgánica del Canal de Panamá y del Título XIV de la Constitución. El fallo nos ordena suspender los pagos derivados de una resolución declarada ilegal y recobrar los montos pagados durante ese periodo”, sostuvo el vicepresidente de Capital Humano a La Estrella de Panamá.

De acuerdo con la ACP, el proceso de recobro alcanza a cerca de 200 trabajadores, de un total aproximado de 9,500 que conforman la fuerza laboral del Canal. Pérez explicó que los montos varían según cada caso, debido a las diferentes compensaciones y bonos que reciben los integrantes de este gremio.

La administración notificó de manera individual a cada trabajador afectado, detallando el contenido del fallo, la suspensión de los pagos y el inicio del proceso de recobro. Además, abrió un canal de comunicación por correo electrónico para atender consultas y recibir observaciones de los empleados.

Como resultado de ese intercambio, la ACP ofreció distintas opciones para aplicar los descuentos, permitiendo que el recobro se realice de forma gradual. Los trabajadores pueden optar por descuentos equivalentes al 15%, 10% o 7% de su salario, con el fin de extender el plazo de devolución. También se atendió la solicitud de posponer el inicio de los descuentos para después de las festividades de fin de año, por lo que los recobros comenzarán a partir de enero de 2026.

Pérez reconoció que se trata de una medida sensible y que genera inconformidad entre los trabajadores afectados. “Entendemos que es una situación difícil, porque a nadie le agrada que le afecten el ingreso, especialmente en esta época. Sin embargo, desde el punto de vista legal no tenemos margen para actuar de otra manera”, afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de suspender los descuentos mientras la Corte Suprema analiza recursos de amparo de garantías, el vicepresidente de Capital Humano fue enfático en que esa opción no es viable. “Debemos acatar el fallo y aplicarlo en estricto derecho”, reiteró.

En cuanto a la relación con la dirigencia sindical, la ACP aseguró que ha mantenido abiertos los canales de diálogo. Pérez indicó que se han realizado al menos dos reuniones con la dirigencia de la UCOC, con la participación de los vicepresidentes de Operaciones e Infraestructura, y que posteriormente el administrador y la subadministradora del Canal también sostuvieron encuentros con representantes del gremio.

“El diálogo ha sido constante, tanto con la dirigencia como con los trabajadores de forma individual. Hemos escuchado sugerencias y, dentro del marco legal, hemos tratado de atenderlas”, señaló.

Pérez recordó que el Canal de Panamá cuenta con siete unidades negociadoras y que, durante el tiempo transcurrido desde 2019, la ACP ha logrado cerrar convenciones colectivas con otros gremios, como los trabajadores no profesionales, bomberos, guardias de seguridad, profesionales e ingenieros de máquina. “No son negociaciones fáciles, pero se lograron firmar conforme a las reglas de cada contrato colectivo”, indicó.

En el caso específico de la UCOC, la negociación ha sido más compleja. La convención colectiva que rige actualmente es la firmada en 2016, con vigencia hasta 2020, la cual se renueva automáticamente por periodos de cuatro años, mientras no se alcance un nuevo acuerdo.

Por su parte, la UCOC sostiene una interpretación distinta del fallo judicial. El sindicato considera que la decisión de la Sala Tercera no ordena ningún recobro de pagos y que, por el contrario, abre la puerta para retomar de inmediato la negociación colectiva de buena fe. Además, ha cuestionado la legalidad de los descuentos anunciados por la ACP y ha presentado recursos de amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, los cuales aún están pendientes de resolución.