Alcalde de Changuinola sobre las protestas: ‘no puedo decir con certeza de responsables’

El alcalde de Changuinola, Fidel Santo, se pronunció este miércoles 9 de julio sobre el estado actual de Bocas del Toro y las acusaciones en su contra por presuntamente financiar actos vandálicos en la provincia. Los representantes hicieron un llamado a la reactivación económica y dieron detalles sobre los abusos que evidenciaron por parte de la Policía Nacional contra los bocatoreños.

“Debo señalar y aclarar que todas las juntas comunales, los representantes de la mano con el alcalde, no tenemos nada que ver con ese tipo de vinculaciones, ningún vehículo ni recurso de la municipalidad se usaron para promover ese tipo de actos en Changuinola”, declaró Santo durante una visita a la Contraloría General de la República acompañado de 18 representantes de corregimiento.

“Venimos aquí a hacer presencia directamente en la Contraloría General para hacerle un llamado al Contralor que, por favor, se dé el proceso de la auditoría iniciada en la administración pasada”, declaró. “

Es una auditoría que han solicitado los honorables concejales de la mano conmigo porque el municipio ha pasado una crisis financiera que data desde la administración pasada. Eso ha traído un déficit en la institución. Entonces eso ha afectado a nuestras juntas comunales como el manejo y la operacionalidad y el funcionamiento del distrito”, explicó.

El alcalde evitó referirse a los responsables detrás de los actos vandálicos reportados en Bocas del Toro. “No le puedo decir con fundamento y con certeza en relación a los responsables o actores”, apuntó.

Changuinola ha sido el epicentro de manifestaciones contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS). El Gobierno Nacional declaró un estado de urgencia y la suspensión de garantías constitucionales por 10 días en la provincia, período durante el cual se cortaron las comunicaciones, se allanaron casas y se ejecutaron aprehensiones masivas por parte de la Fuerza Pública.

Representantes de Bocas del Todo hablan

“Ha habido abusos, ha habido maltrato, aquí hay daños psicológicos y físicos irreparables. Cuando nosotros hablamos de este tema es doloroso”, contó Jennifer Ruiz, representante del corregimiento de Guabito. “Enviaron a nuestra gente a otras provincias. ¿Y quién velaba por esa gente? La mayoría son de escasos recursos, no tienen para pagar un abogado para saber dónde está su familia. Hay gente todavía que no sabe de su familia si está desaparecida. Hay seis supuestos cuerpos, para los que están pidiendo a las familias que si tienen algún desaparecido, vayan allá a ver si reconocen algo. ¿Qué es eso? ¿Cuándo hemos vivido esa situación?”, exclamó.

“Nuestro pueblo ha quedado como un pueblo fantasma. Quizás porque no hubo la comunicación correcta. Porque a nosotros nunca nos dieron la oportunidad de conversar”, compartió por su parte Marizela Casasola, representante de Changuinola.

“Ahorita mismo el pueblo recae sobre nosotros los representantes, porque son la primera cara que ven. Nosotros somos los doctores, nosotros somos los maestros, nosotros somos los carros fúnebres. Nosotros nos dimos de cuenta como los primeros 74 que se llevaron fueron los que más sufrieron. Los golpearon, les daban de toletes, les echaban el agua con gas pimienta, los hacían tomar esa agua. Y nosotros incomunicados. Ahí hubo de todo. Yo fui a Veraguas y logré ver a todos. Y se lo digo porque se llevaron un hijo mío. Se llevaron un hijo mío solamente por ir a comprar un pollo y un agua. Se lo llevaron viernes, sábado, domingo, lunes. Estábamos 24-7 sin comunicación”, contó la representante conteniendo la emoción.

Las autoridades locales de Changuinola se reunieron con el contralor Anel Flores, con la Autoridad Nacional de la Descentralización y representantes de otras instituciones estatales. Afirman que han sido bien recibidos y escuchados, pero necesitan que esas reuniones se traduzcan en acciones concretas para reparar los daños en la provincia y reactivar el comercio, así cómo resolver el tema pendiente con la empresa Chiquita del cual dependen más de 7 mil empleos.