Alcaldes ya no creen en la Ley de Descentralización: conoce los motivos

Las propias autoridades locales volvieron a alzar su voz por la falta de cumplimiento de la Ley de Descentralización, que quedaron expuestas durante las fiestas patrias.

Sus declaraciones coinciden en un punto: la brecha entre lo recaudado por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y lo que realmente reciben los municipios se ha vuelto insostenible.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, describió un escenario que, según los municipios, es cada vez más generalizado:

“Me estoy dando cuenta de una realidad financiera, y es que los fondos que se están recaudando y los que me están dando del IBI son insuficientes para todo lo que hay que afrontar en el distrito de San Miguelito”, señaló durante el programa Radar, de TVN noticias.

Su advertencia resume el sentir de otros alcaldes que, durante las celebraciones patrias, aprovecharon para exigir al Gobierno Central que cumpla con la transferencia total de lo recaudado, tal como ordena la Ley 37 de Descentralización.

Para Jorge Ricardo Panay, director de Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), la raíz del conflicto va más allá del incumplimiento presupuestario. A su juicio, el país arrastra un problema de diseño institucional, haciendo referencia a los reclamos que expresó Diógenes Galván, alcalde de Colón, el pasado 5 de noviembre.

“Desde la construcción del Canal se apostó al desarrollo de la zona del tránsito y una plataforma al servicio internacional; el receptor principal de esos ingresos es el gobierno nacional. El problema no está en los puertos, en la Zona Libre, está en el modelo de administración”, dijo en este mismo programa.

Panay sostiene que el modelo actual mantiene a los municipios sin herramientas reales para financiar servicios básicos o proyectos locales, mientras la mayor parte de los ingresos estratégicos se concentra en el gobierno central.

La crítica fue más amplia en la voz del alcalde de Pedasí, Miguel Batista, quien vinculó la falta de recursos municipales con el modelo de desarrollo nacional.

“Ser el sexto país más desigual no nos debe llenar de orgullo, siendo uno de los países con más recursos de la región y con mayor potencial. Cuando hablamos de que hay desempleo, es que no hemos tenido todavía un plan de Estado bien definido de cómo queremos crecer en materia de turismo, industrial, agropecuaria”, mencionó el alcalde de Pedasí.

Para Batista, la desigualdad no solo es un problema social, sino también un síntoma de un Estado que no nutre a sus municipios con los recursos necesarios.

Las declaraciones llegan en un momento en que los datos oficiales confirman la preocupación municipal. En 2021 los municipios recibieron el 93% de lo recaudado por IBI; en 2024, apenas el 35%; y para 2026 se prevé que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) reciba solo el 31%.

En números concretos, en 2024 el MEF transfirió $70 millones de los $201 millones recaudados; para 2025 asignó $83 millones, a pesar de que los ingresos superaron los $211 millones.

La directora de la AND, Roxana Méndez, ya había advertido durante su vista presupuestaria que existe una “brecha creciente entre lo recaudado y lo transferido”, que afecta directamente la capacidad de gestión municipal.

De los 81 municipios del país, 64 dependen de subsidios estatales para operar. Para las autoridades locales, esta dependencia es consecuencia directa de un sistema que limita los ingresos propios, restringe la transferencia de recursos y centraliza las decisiones.

Las voces de Hernández, Panay y Batista revelan un consenso: la descentralización, tal como funciona hoy, no está cumpliendo con sus objetivos de autonomía, eficiencia y equidad territorial.

Los municipios insisten en que el país no solo necesita que se cumpla la ley, sino una revisión profunda del modelo fiscal y administrativo que mantiene a la mayoría de las comunidades sin la capacidad financiera para resolver sus problemas más urgentes.