Alcaldía de Panamá evalúa comprar 150 cámaras corporales para policías municipales
- 19/11/2026 00:00
El proyecto contempla un software para gestionar, controlar y manejar evidencias de las actuaciones de los agentes. La iniciativa se desarrolla en un contexto marcado por la Ley 466 de 2025, que regula el uso de cámaras corporales en la Policía Nacional
La Alcaldía de Panamá evalúa contratar un servicio de 150 cámaras corporales para los policías municipales y un software especializado para la gestión, control y manejo de evidencias, con el propósito de fiscalizar el trabajo de los agentes.
La iniciativa forma parte de un estudio de mercado que la Alcaldía desarrolla para conocer las opciones tecnológicas y económicas disponibles para implementar el sistema, que también contempla almacenamiento en la nube, transmisión de video en tiempo real y herramientas de inteligencia artificial.
El requerimiento institucional define expresamente el objeto de la contratación como un “servicio de cámaras corporales y software para gestión, control y manejo de evidencias para fiscalización de trabajo de la Dirección de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá”.
La evaluación de las cámaras ocurre mientras la Policía Municipal enfrenta cuestionamientos sobre su marco legal. La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ernesto Cedeño contra el Acuerdo No. 162 del 17 de junio de 2025, que regula la organización y el funcionamiento de esa dirección municipal.
De acuerdo con las especificaciones preliminares, la contratación se proyecta para un periodo de 24 meses. La Alcaldía contempla distintas modalidades, entre ellas el arrendamiento de los dispositivos con mantenimiento incluido y un servicio administrado cuyo costo dependerá de la cantidad de cámaras o usuarios.
El esquema también considera ciclos de renovación tecnológica y reposición de equipos en caso de daños, robos o pérdidas.
Cámaras con inteligencia artificial y transmisión en tiempo real
Las especificaciones técnicas establecen que los dispositivos deberán ser resistentes, ergonómicos y contar con autonomía suficiente para cubrir turnos de al menos 12 horas.
Entre las características solicitadas figuran grabación en alta definición, con capacidad de alcanzar resolución 4K, visión nocturna y certificaciones de resistencia para operar en diferentes condiciones ambientales.
Otro requisito consiste en garantizar la prioridad del tráfico de datos de la Policía Municipal para evitar interrupciones durante eventos masivos, emergencias o desastres naturales.
El sistema también contempla herramientas de inteligencia artificial (IA). Entre las funciones solicitadas figuran el escaneo de documentos, como licencias y permisos de conducir; la traducción de audio en distintos idiomas; la reducción del ruido ambiental y la detección de situaciones de riesgo.
La plataforma deberá generar alertas tempranas para unidades cercanas o centros de despacho, con el propósito de facilitar la respuesta ante posibles incidentes.
Software para administrar evidencias y proteger grabaciones
El proyecto no se limita a la adquisición o alquiler de cámaras. La Alcaldía también busca incorporar una plataforma digital en la nube para administrar los archivos audiovisuales y controlar el acceso a las evidencias.
Los requerimientos incluyen certificaciones internacionales de seguridad, como ISO 27001 y SOC 2 Tipo 2, cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor.
Además, el sistema deberá incorporar sellos criptográficos SHA-256 para verificar la integridad de los archivos originales y registros de auditoría que documenten cada acceso, reproducción o descarga.
Estas medidas buscan preservar la autenticidad de las grabaciones y facilitar su eventual utilización en procedimientos administrativos o judiciales, así como su intercambio seguro con las autoridades competentes.
La protección de los registros cobra especial importancia debido a que las cámaras documentarán interacciones entre agentes municipales y ciudadanos. Por ello, el manejo de las imágenes, los permisos de acceso y los periodos de conservación serán aspectos relevantes para la implementación del sistema.
Ley 466 de 2025 regula las cámaras corporales de la Policía Nacional
El proyecto municipal surge en un contexto en el que Panamá ya cuenta con un marco legal para el uso de cámaras corporales en los cuerpos de seguridad.
Se trata de la Ley 466 del 3 de abril de 2025, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30253-A del 8 de abril de ese año, que establece el régimen de cámaras corporales utilizadas por la Policía Nacional. La norma no incluye a la Policía Municipal, ni al resto de los estamentos de seguridad pública como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
La normativa tiene como objetivos fortalecer la transparencia en los procedimientos policiales, garantizar la rendición de cuentas, documentar posibles actos delictivos y proteger tanto a los ciudadanos como a los agentes de seguridad.
La ley establece que los policías deben portar cámaras corporales cuando el servicio lo requiera y registrar sus actuaciones en siete escenarios: mantenimiento del orden público, intervención en emergencias, investigaciones preliminares en escenas del crimen, operaciones de seguridad y vigilancia, control de tráfico, cumplimiento de órdenes judiciales y mediación de conflictos.
También ordena grabar los procedimientos que impliquen uso de la fuerza, llamadas por delitos en curso, interacciones con personas sospechosas de actividades criminales y registros o allanamientos.
Sin embargo, la legislación establece excepciones para proteger la intimidad y la seguridad de las personas. Entre ellas figuran los encuentros con informantes confidenciales, las entrevistas a víctimas de delitos sexuales y los registros al desnudo. Tampoco se permite grabar cuando ello interfiera con operaciones sensitivas.
La norma dispone que los agentes informen a los ciudadanos cuando están siendo grabados, salvo que la notificación comprometa la seguridad de alguna persona o una investigación. El consentimiento del ciudadano no es necesario para iniciar o mantener la grabación.
Grabaciones bajo cadena de custodia y sanciones por alteración
Uno de los aspectos centrales de la Ley 466 es la protección de las grabaciones como posibles evidencias en procesos penales, judiciales y administrativos.
El artículo 4 establece que los registros audiovisuales deben incluir la fecha, hora y ubicación exacta de la grabación, además de una huella digital que garantice la integridad de la información.
La legislación fija un periodo general de conservación de dos años. Sin embargo, los videos vinculados a investigaciones o procedimientos judiciales deben permanecer almacenados hasta que concluyan esos procesos.
El artículo 8 también establece sanciones para los servidores públicos de la Policía Nacional que modifiquen, oculten o eliminen grabaciones sin una orden judicial. Estas acciones pueden generar responsabilidades penales y administrativas, incluida la destitución.
La ley también contempla restricciones para que los agentes involucrados en tiroteos, procedimientos con uso de la fuerza o denuncias por mala conducta policial revisen las grabaciones antes de rendir su declaración oficial, cuando así lo determine el supervisor responsable de la investigación.
En cuanto al acceso a los archivos, la normativa establece que las consultas y manipulaciones deben quedar registradas mediante mecanismos de auditoría. Las grabaciones solo pueden utilizarse para investigaciones, supervisión, capacitación y otros fines autorizados.
Cuando un video contiene evidencia relacionada con un caso criminal o penal, la Policía Nacional debe entregarlo al Ministerio Público. Además, las autoridades competentes pueden solicitar las grabaciones, que deben proporcionarse en un plazo máximo de 30 días.
La publicación, distribución o divulgación de estos videos en redes sociales, medios de comunicación u otras plataformas sin autorización judicial está prohibida, con el propósito de proteger los derechos de terceros y la presunción de inocencia.