Alianza Ciudadana Pro Justicia pide investigar a ‘agentes encubiertos’ de la Policía Nacional

La Alianza Cuidadano Pro Justicia-Red de Derechos Humanos de Panamá, pidió investigar a las autoridades las denuncias sobre una presunta red de vigilancia, segumiento e infiltración policial en organizaciones sindicales y sociales, luego de que la Policía Nacional reconociera que mantiene agentes encubiertos en organizaciones populares.

En el pronunciamiento divulgado este viernes 11 de septiembre, la organización expresó su “profunda preocupación” por las denuncias presentadas públicamente por sectores sindicales, que señalan la existencia de una estructura clandestina de espionaje estatal y seguimiento a movimientos sociales.

El pronuciamiento se da luego de que, en un comunicado publicado la noche del jueves 10 de septiembre, la Policía Nacional confirmara que unidades de la institución estarían realizando funciones de “agentes encubiertos” al interior de sindicatos y organizaciones populares. La entidad negó que se trate de “infliltrados” y sostuvo que esas labores se desarrollan para apoyar operaciones relacionadas con el mantenimiento del orden y la seguridad nacional “dentro del marco de la ley”.

Todo se originó cuando el pasado lunes 7 de septiembre, dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, junto con diversos grupos defensores de los derechos humanos y docentes, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y otras unidades de la fuerza pública. En la acción señalaban un supuesto “espionaje ilegal” contra distintas organizaciones sociales.

En este contexto, la Alianza Ciudadana Pro Justicia advirtió que prácticas como el seguimiento físico, la interceptación no autorizada de comunicaciones, el monitoreo digital y la infiltración de agentes en organizaciones sindicales, gremiales, ambientalistas, indígenas, estudiantiles y comunitarias serían incompatibles con una sociedad democrática si se realizan al margen de las garantías legales.

La organización también recordó que la libertad de pensamiento, asociación y expresión están protegidas por la Constitución Política de Panamá y por tratados internacionales suscritos por el país. Asimismo, sostuvo que la intimidad de los activistas, sus hogares y sus familias debe ser respetada y que cualquier actuación policial que exceda las facultades establecidas por la ley debe ser investigada.

Ante las denuncias, la Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó a la Procuraduría General de la Nación admitir e investigar con “celeridad, independencia e imparcialidad” la denuncia penal presentada, con el objetivo de determinar la veracidad de los hechos señalados.

A la Defensoría del Pueblo le pidió abrir una queja de oficio y solicitar explicaciones a la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad Pública sobre los señalamientos de seguimiento e infiltración contra organizaciones sindicales y sociales.

La policía por su parte detalló que sus acciones estarían “alineadas con objetivos específicos, respetando los derechos humanos y el derecho ciudadano a manifestarse sin afectar a terceros”.