Allanan a Suntracs, siguen procesos y ordenan captura de sus dirigentes; Gobierno niega persecución
- 22/05/2025 06:24
Tras casi un mes de protestas contra la Ley 462, Policía y fiscales investigan al sindicato por varios supuestos delitos. El Gobierno asegura que Panamá es un Estado de derecho Este miércoles, el Ministerio Público (MP) en conjunto con la Policía Nacional, lanzaron un despliegue en todo el país contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), medida que forma parte de una investigación contra algunos dirigentes del gremio.
Policías con los rostros cubiertos y con fusiles de grueso calibre ingresaron en sus sede de San Miguelito y la ubicada en la avenida Perú de la ciudad capital; un espacio que el sindicato comparte con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs R.L., y las oficinas del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), fuerza en formación con respaldo del Suntracs y otras organizaciones sociales.
El hecho tuvo lugar mientras abogados y personal del sindicato se mantenía en el lugar reclamando a los uniformados. Entre las figuras estaba Maribel Gordón, excandidata presidencial del FAD y que tachó el operativo como una persecución. “El movimiento social ha sido claro en que aquí no hay delito [...] Aquí no somos delincuentes, los delincuentes están en la calle y en el gobierno”, dijo.
El representante legal del Suntracs, Antonio Vargas, calificó la acción como una medida para “amedrentar” e indicó que la orden presentada buscaba captar información relacionada a la investigación que se le sigue a otro dirigente del gremio, Jaime Caballero, por presunto blanqueo de capitales. “Vinieron a perder el tiempo porque no se llevaron absolutamente ninguna prueba”, dijo.
El MP hasta el momento no ha dado mayores detalles sobre el operativo, salvo que tendría que ver con una causa de 2022.
Asilo de Méndez Unas horas antes, en ese mismo local, la plana mayor del Suntracs ofreció una conferencia de prensa en la rechazaron las acusaciones contra la diligencia por supuesto blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos, entre otros presuntos delitos que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada avanza en una investigación.
“Los sectores económicos quieren acabar con el Suntracs porque somos una organización que ha venido enfrentado políticas que afectan a toda la población panameña”, sostuvo en una entrevista para Radio Panamá Genaro López, exsecretario general del Suntracs, poco antes de que se conociera de una orden de detención en su contra.
Más temprano se supo la noticia de que el actual líder del sindicato, Saúl Méndez, ingresó la madrugada de ayer a la Embajada de Bolivia para solicitar asilo político.
“La vida del compañero Saúl Méndez se encuentra en peligro. Por eso él se encuentra asilado en la Embajada de Bolivia”, sostuvo el secretario de organización del Suntracs, Yamir Córdoba, quien manifestó que el sindicato seguirá operando y confirmó que mantendrán la huelga contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social.
“Hay una intensión de querer hacer daño a la organización y a los obreros de la construcción. Los obreros los llamamos a la unidad y al pueblo panameño le pedimos solidaridad. Hoy es Suntracs, mañana puede ser cualquier empresa, persona o sindicato crítico al gobierno”, remarcó Córdoba.
Informe de la cooperativa Este martes, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenó la cancelación de la cooperativa asociada a la organización, luego de encontrar supuestamente “14 hallazgos” en la parte financiera y que “no habría” cumplido con controles o medidas de prevención para el blanqueo de capitales.
Al respecto, Pedro Rodríguez Olmos, asesor técnico de la cooperativa, explicó que el Ipacoop llevó a cabo al menos tres auditorías en los últimos años que arrojaron informes con recomendaciones que fueron “subsanadas” dentro de la ley y aprobadas por la institución. Indicó que no se detectaron hallazgos que justificasen una medida de cancelación de su personería jurídica, por el contrario, sostuvo que respondieron a la solicitud del Ipacoop de presentar los planes para atender los pedidos de la entidad, pero estos esfuerzos fueron “comprometidos” por el cierre de sus cuentas en febrero de 2025 por órdenes del presidente, José Raúl Mulino.
“Esta medida deja en des protección a los trabajadores ante el embestida de los bancos para préstamos accesibles a la gente. No somos lavadores ni terroristas, todos nuestros fondos son lícitos”, dijo Gregorio Guerrero, presidente de la cooperativa.
Cancillería responde El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, negó que Méndez sea víctima de una persecución política.
“Es rotundamente falso [...] este es un país donde se respeta el Estado de derecho. Este es un país donde cada uno tiene la capacidad de defenderse. No puedo adelantar juicio sobre algún tipo de investigación que se esté llevando a cabo, pero el señor Saúl Méndez, en caso de que así fuese, está protegido por todas las garantías que nuestra Constitución ofrece a todos los ciudadanos. Por tanto, no es un perseguido político”, sostuvo el canciller.
De acuerdo con un comunicado de Cancillería que cita al encargado de negocios de Bolivia, Carlos Javier Suárez Cornejo, Méndez entró a la embajada en horas de la madrugada, tocó el timbre y solicitó asilo político. Al cierre de esta edición, el dirigente sindical se mantiene bajo la protección temporal en la embajada, que aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud de asilo.
Martínez-Acha no adelantó si Panamá le concedería un posible salvoconducto a Méndez en caso de que Bolivia le conceda el asilo político, recalcando que deben esperar primero la decisión del país sudamericano.
“El señor Méndez debe ser responsable, si así la justicia lo requiere, por sus actuaciones como líder sindical, sindicato que se ha desviado de la función social que debe llevar a cabo un sindicato”, dijo.
El proceso judicial contra el Suntracs ocurre tras casi un mes de protestas y huelga de docentes, indígenas, trabajadores bananeros y el propio Suntracs en contra de la Ley 462 y el reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.
Las tensiones entre la administración Mulino y el Suntracs se han incrementado en los últimos meses, llevando al presidente a afirmar en conferencia de prensa que buscaría reducir al sindicato “a su mínima expresión”.
Este miércoles, el Ministerio Público (MP) en conjunto con la Policía Nacional, lanzaron un despliegue en todo el país contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), medida que forma parte de una investigación contra algunos dirigentes del gremio.
Policías con los rostros cubiertos y con fusiles de grueso calibre ingresaron en sus sede de San Miguelito y la ubicada en la avenida Perú de la ciudad capital; un espacio que el sindicato comparte con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs R.L., y las oficinas del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), fuerza en formación con respaldo del Suntracs y otras organizaciones sociales.
El hecho tuvo lugar mientras abogados y personal del sindicato se mantenía en el lugar reclamando a los uniformados. Entre las figuras estaba Maribel Gordón, excandidata presidencial del FAD y que tachó el operativo como una persecución. “El movimiento social ha sido claro en que aquí no hay delito [...] Aquí no somos delincuentes, los delincuentes están en la calle y en el gobierno”, dijo.
El representante legal del Suntracs, Antonio Vargas, calificó la acción como una medida para “amedrentar” e indicó que la orden presentada buscaba captar información relacionada a la investigación que se le sigue a otro dirigente del gremio, Jaime Caballero, por presunto blanqueo de capitales. “Vinieron a perder el tiempo porque no se llevaron absolutamente ninguna prueba”, dijo.
El MP hasta el momento no ha dado mayores detalles sobre el operativo, salvo que tendría que ver con una causa de 2022.
Unas horas antes, en ese mismo local, la plana mayor del Suntracs ofreció una conferencia de prensa en la rechazaron las acusaciones contra la diligencia por supuesto blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos, entre otros presuntos delitos que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada avanza en una investigación.
“Los sectores económicos quieren acabar con el Suntracs porque somos una organización que ha venido enfrentado políticas que afectan a toda la población panameña”, sostuvo en una entrevista para Radio Panamá Genaro López, exsecretario general del Suntracs, poco antes de que se conociera de una orden de detención en su contra.
Más temprano se supo la noticia de que el actual líder del sindicato, Saúl Méndez, ingresó la madrugada de ayer a la Embajada de Bolivia para solicitar asilo político.
“La vida del compañero Saúl Méndez se encuentra en peligro. Por eso él se encuentra asilado en la Embajada de Bolivia”, sostuvo el secretario de organización del Suntracs, Yamir Córdoba, quien manifestó que el sindicato seguirá operando y confirmó que mantendrán la huelga contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social.
“Hay una intensión de querer hacer daño a la organización y a los obreros de la construcción. Los obreros los llamamos a la unidad y al pueblo panameño le pedimos solidaridad. Hoy es Suntracs, mañana puede ser cualquier empresa, persona o sindicato crítico al gobierno”, remarcó Córdoba.
Este martes, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenó la cancelación de la cooperativa asociada a la organización, luego de encontrar supuestamente “14 hallazgos” en la parte financiera y que “no habría” cumplido con controles o medidas de prevención para el blanqueo de capitales.
Al respecto, Pedro Rodríguez Olmos, asesor técnico de la cooperativa, explicó que el Ipacoop llevó a cabo al menos tres auditorías en los últimos años que arrojaron informes con recomendaciones que fueron “subsanadas” dentro de la ley y aprobadas por la institución. Indicó que no se detectaron hallazgos que justificasen una medida de cancelación de su personería jurídica, por el contrario, sostuvo que respondieron a la solicitud del Ipacoop de presentar los planes para atender los pedidos de la entidad, pero estos esfuerzos fueron “comprometidos” por el cierre de sus cuentas en febrero de 2025 por órdenes del presidente, José Raúl Mulino.
“Esta medida deja en des protección a los trabajadores ante el embestida de los bancos para préstamos accesibles a la gente. No somos lavadores ni terroristas, todos nuestros fondos son lícitos”, dijo Gregorio Guerrero, presidente de la cooperativa.
El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, negó que Méndez sea víctima de una persecución política.
“Es rotundamente falso [...] este es un país donde se respeta el Estado de derecho. Este es un país donde cada uno tiene la capacidad de defenderse. No puedo adelantar juicio sobre algún tipo de investigación que se esté llevando a cabo, pero el señor Saúl Méndez, en caso de que así fuese, está protegido por todas las garantías que nuestra Constitución ofrece a todos los ciudadanos. Por tanto, no es un perseguido político”, sostuvo el canciller.
De acuerdo con un comunicado de Cancillería que cita al encargado de negocios de Bolivia, Carlos Javier Suárez Cornejo, Méndez entró a la embajada en horas de la madrugada, tocó el timbre y solicitó asilo político. Al cierre de esta edición, el dirigente sindical se mantiene bajo la protección temporal en la embajada, que aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la solicitud de asilo.
Martínez-Acha no adelantó si Panamá le concedería un posible salvoconducto a Méndez en caso de que Bolivia le conceda el asilo político, recalcando que deben esperar primero la decisión del país sudamericano.
“El señor Méndez debe ser responsable, si así la justicia lo requiere, por sus actuaciones como líder sindical, sindicato que se ha desviado de la función social que debe llevar a cabo un sindicato”, dijo.
El proceso judicial contra el Suntracs ocurre tras casi un mes de protestas y huelga de docentes, indígenas, trabajadores bananeros y el propio Suntracs en contra de la Ley 462 y el reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.
Las tensiones entre la administración Mulino y el Suntracs se han incrementado en los últimos meses, llevando al presidente a afirmar en conferencia de prensa que buscaría reducir al sindicato “a su mínima expresión”.