Amas de casa y docentes implicados en los diplomas falsos del Meduca

Desde amas de casa desempleadas hasta maestras que cobraban 1,700 dólares en el sistema de educación pública. Este jueves 27 de agosto inició la audiencia a 23 personas indiciadas en el caso de diplomas falsos.

Llegaron 16 mujeres, esposadas en parejas, y 7 hombres a la audiencia en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

Los cargos son contra la fe pública, por falsificar documentos, y contra la administración pública, por ser empleados del Ministerio de Educación (Meduca).

La entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, había sido la primera en sonar la alarma sobre diplomas falsos. En julio de este año reveló que habían logrado identificar unos 401 casos, pero que la cifra seguía aumentando.

“Nosotros habíamos presentado 401 casos y sentíamos que ya con eso cerrábamos. Al final la gente tomó confianza y, al tener confianza, comenzó a denunciar. La cifra es inmensa... tal vez multiplica por varias veces esa cantidad”, afirmó en ese entonces la ministra durante una entrevista a Telemetro Reporta.

Molinar ordenó una auditoría y lograron estimar que, sumando los salarios de todos los funcionarios identificados, la cifra superaba los 100 millones de dólares. Se trata de títulos universitarios, de bachillerato, licenciaturas y maestrías falsificados para obtener puestos dentro del sistema.

Esta semana, el Ministerio Público y la Policía Nacional coordinaron esfuerzos a través de operativos en distintas provincias alrededor del país que resultaron en la aprehensión de 23 personas.

Algunas maestras fueron aprehendidas en su casa en la madrugada, pero la mayoría fueron detenidas en su propio lugar de trabajo.

Abogados defensores contaron cómo eran llamadas por el departamento de Recursos Humanos del Meduca y, al presentarse, se encontraban con un fiscal que les presentaba la resolución de aprehensión. Luego de firmarla, unos policías las esperaban a la salida para llevárselas detenidas.

Un día después, a la 1 p. m., inició la audiencia de control de garantías. La jueza, Irene Cedeño, corroboró los datos personales de cada uno de los indiciados, incluyendo su lugar de trabajo, salario y residencia.

Cinco personas declararon estar desempleadas, pero los dieciocho restantes afirmaron desempeñarse en distintos centros educativos, cobrando salarios que rondaban entre los 1,500 y 1,700 dólares. Estos salarios eran obtenidos gracias a diplomas presuntamente falsos que les aumentaban el puntaje en el sistema de concursos del Meduca, ayudándolos a obtener mejores puestos.

A las 2:15 p. m., cuando ya todos los indiciados y sus abogados habían confirmado la información personal y la de sus representantes legales, debía iniciar la audiencia de legalización de la aprehensión.

Sin embargo, los abogados defensores reclamaron que no habían podido tener acceso al expediente. La jueza Cedeño, para garantizar el derecho a una defensa efectiva, decretó un receso de tres horas para que pudieran reunirse con sus representados y revisar la documentación.

La audiencia se reanudó a las 5 de la tarde, cuando se solicitó la legalización de la aprehensión.

La fiscal Marina Rengifo contó cómo una maestra declaró ante la fiscalía que una de las indiciadas le cobró miles de dólares por introducir las certificaciones académicas que inflarían su puntaje.

Al cierre de esta edición, la jueza continúa evaluando la legalización de la aprehensión. Todavía falta la imputación de cargos y las medidas cautelares.