Apede cuestiona reforma al derecho a réplica y advierte posibles impactos al periodismo en Panamá

El debate no solo ha movilizado al sector empresarial. Diversas organizaciones vinculadas al periodismo también han encendido las alertas sobre el alcance de la propuesta. Mihajlo Maricic | Depositphotos
  • 14/03/2026 12:47

Para la dirigente empresarial, Panamá cuenta actualmente con una normativa que contempla el derecho a réplica y que ha funcionado dentro de un esquema de autorregulación periodística.

El debate en torno al proyecto de ley que reforma el derecho a réplica continúa generando reacciones en distintos sectores del país. Esta vez, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su preocupación por la iniciativa, al considerar que podría representar un retroceso para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Panamá.

La presidenta del gremio, Giulia de Sanctis, pidió a los diputados de la Asamblea Nacional reconsiderar el alcance de la propuesta antes de que avance dentro del proceso legislativo, recordando que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.

“La libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de la democracia y con este nuevo proyecto, de alguna manera, se lesiona esa libertad de expresión”, sostuvo De Sanctis, quien además recordó que en el pasado ya se intentó impulsar una iniciativa similar que finalmente no prosperó en el Legislativo.

Para la dirigente empresarial, Panamá cuenta actualmente con una normativa que contempla el derecho a réplica y que ha funcionado dentro de un esquema de autorregulación periodística. En ese sentido, advirtió que modificar ese equilibrio podría generar consecuencias para el debate público y la dinámica informativa del país.

El pronunciamiento de Apede surge en medio de la discusión que ha provocado el proyecto de ley No. 391, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño. La iniciativa busca reformar la Ley No. 22 de 29 de junio de 2005 para fortalecer el derecho de réplica, regular la publicación de rectificaciones en los medios de comunicación y establecer nuevas disposiciones relacionadas con posibles sanciones por desacato.

El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional con nueve votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Con esta aprobación, la propuesta deberá pasar ahora al pleno legislativo para su discusión en segundo debate.

Derecho a réplica

El debate no solo ha movilizado al sector empresarial. Diversas organizaciones vinculadas al periodismo también han encendido las alertas sobre el alcance de la propuesta.

El Colegio Nacional de Periodistas (Conape) advirtió que algunas de las obligaciones establecidas en el proyecto podrían resultar “desproporcionadas” para los medios de comunicación.

“Estas disposiciones, aunque buscan proteger la honra y la dignidad de las personas, podrían generar efectos adversos en el ecosistema informativo, incluyendo riesgos de autocensura, presión indebida sobre las redacciones y limitaciones a la investigación periodística, especialmente en temas de interés público”, expresó el Conape en un pronunciamiento oficial

Otros organismos del sector, como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión, también han expresado reservas frente al proyecto, al considerar que algunas disposiciones podrían afectar la autonomía editorial de los medios.

“El ejercicio del periodismo se fundamenta en la búsqueda de la verdad y en el respeto a la sociedad. La buena práctica periodística incorpora de manera natural el derecho a la réplica y a la rectificación como herramientas de rigor y equilibrio informativo”, indicaron los gremios en un comunicado conjunto.

Para estas organizaciones, aunque el derecho a réplica es un principio reconocido dentro del ejercicio periodístico, su aplicación debe mantenerse dentro de estándares que no terminen limitando la investigación, la crítica o la fiscalización del poder público.