Apede pide una reforma eléctrica que proteja al usuario y atraiga inversión
- 10/09/2026 06:40
El gremio empresarial considera necesaria la actualización del marco regulatorio del sector eléctrico y pidió un debate técnico que equilibre la protección de los usuarios con las condiciones para nuevas inversiones
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) analizó los cambios propuestos a la Ley No 6 de 3 de febrero de 1997, que regula el sector eléctrico, durante un conversatorio con la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez.
El gremio empresarial destacó la necesidad de actualizar el marco regulatorio después de casi tres décadas de vigencia de la normativa, especialmente ante los cambios tecnológicos, las nuevas condiciones del mercado y las futuras concesiones de distribución eléctrica previstas para 2028.
Durante el encuentro, organizado por las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Energía y Combustibles de Apede, Rodríguez explicó que la propuesta modifica 19 artículos de la Ley No. 6, incorpora tres nuevos y reforma dos disposiciones de la Ley No. 26 de 1996.
Entre los cambios planteados están la reducción de 30 a 15 días del plazo para responder los reclamos de los usuarios, la ampliación de las causales para terminar contratos por incumplimientos reiterados y la posibilidad de que la ASEP intervenga temporalmente cuando esté en riesgo la continuidad del servicio.
Apede pide equilibrio entre usuarios e inversión
El presidente de Apede, Alberto López Tom, señaló que la revisión de la Ley No. 6 debe contribuir a recuperar la confianza de los usuarios y, al mismo tiempo, ofrecer certeza a quienes realizan inversiones de largo plazo.
“Panamá necesita un sistema eléctrico confiable y competitivo que acompañe su crecimiento económico”, afirmó.
López Tom sostuvo que el debate debe continuar con la participación de los diferentes actores del sector y basarse en criterios técnicos, buscando un equilibrio entre los derechos de los usuarios, la capacidad de fiscalización del Estado y las condiciones necesarias para atraer inversión.
El vicepresidente de Apede, Eric Molino Ferrer, consideró que la reforma es oportuna debido a los cambios tecnológicos y a la experiencia acumulada durante los años de aplicación de la Ley 6.
“No podemos tener calidad de servicio sin inversión, y esa inversión no llegará si no contamos con un marco jurídico atractivo y estable, que fortalezca la institucionalidad y al regulador”, expresó.
Cambios para fortalecer la regulación eléctrica
La propuesta presentada por la ASEP contempla nuevas herramientas para fiscalizar a las empresas y exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con inversión, mantenimiento y modernización tecnológica.
También incluye créditos en las facturas por deficiencias en el servicio, mecanismos para garantizar el resarcimiento a los clientes y cláusulas penales de hasta $20 millones.
La iniciativa establece además que las empresas distribuidoras y de transmisión publiquen en línea información sobre el estado de sus redes y la capacidad disponible para nuevas conexiones.
El proyecto plantea igualmente límites más estrictos a la concentración del mercado y nuevas disposiciones contra el uso de información privilegiada y las prácticas anticompetitivas.
Rodríguez aclaró que la reforma no modifica el modelo eléctrico vigente ni garantiza por sí sola una reducción de las tarifas.
Apede destaca electrificación de áreas no atendidas
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de Apede, Hernando Abraham Carrasquilla, destacó que la propuesta asigna a las empresas distribuidoras la electrificación de áreas que actualmente no cuentan con el servicio.
Según explicó, esta medida podría beneficiar a más de 58,000 familias.
La reforma también devuelve a las distribuidoras la responsabilidad de gestionar las compras de potencia y energía, con el propósito de lograr contrataciones más competitivas.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles de Apede, Lisette Benítez, señaló que buena parte de los cambios está orientada a mejorar la calidad del servicio y preparar el marco regulatorio para las nuevas concesiones de distribución previstas para 2028.