Arrancan vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional
- 18/08/2026 00:00
El Banco Hipotecario ya tiene sus días contados, no tendrá fondos para muchos renglones críticos durante su último año. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial presentó el proyecto de ley para su cierre y transición de su cartera
Este lunes 17 de agosto arrancaron las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Se presentaron representantes del Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (Siacap), la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Banco Hipotecario Nacional (BHN), la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y el Tribunal Electoral (TE).
Las instituciones presentaron un balance de cómo utilizaron su presupuesto durante el último año y expusieron sus solicitudes para el próximo año, que los diputados deben evaluar en comparación con los montos recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el proyecto de ley que establece el presupuesto para 2027.
Este puede ser el último año en que se presente el Banco Hipotecario. El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, presentó el lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que detalla el cierre del BHN y el proceso de transición de sus funciones.
“Inicia con la promulgación de la ley y no puede extenderse más allá del 31 de diciembre del 2027”, manifestó Jované. “Se crea un Comité de Transición para coordinar todos los trámites para el cierre del Banco Hipotecario. Este comité estará integrado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot); el Ministerio de Economía y Finanzas; la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República. Se elaborará el plan de transición institucional que aprueba el Órgano Ejecutivo”, detalló el ministro.
Jované explicó que el Miviot estará a cargo de las políticas de vivienda, subsidios, programas de interés social, planificación y articulación territorial. A la Caja de Ahorros le tocará el financiamiento hipotecario, administración crediticia y productos financieros.
Las carteras crediticias se manejarán por separado. Se crea también la Dirección del Fondo de Vivienda Nacional, adscrita al Ministerio de Vivienda, coordinada por el ministro, que estará encargada de subsidios, garantías hipotecarias, identificación de tierras, regulación de asentamientos y coordinación de proyectos público privado.
“Además, con la colaboración público privada se permite la alianza con entidades privadas para construir viviendas de interés social”, resaltó Jované, apuntando que la participación estatal no puede exceder del 49%. “Todos los bienes del Banco Hipotecario, incluidos los heredados del Instituto de Fomento Hipotecario aseguradas, de las hipotecas aseguradas y del Instituto de Vivienda y Urbanismo, se transfieren como bienes de la Nación, adscrito al Ministerio de Vivienda, para uso exclusivo en proyectos habitacionales de interés social”, concluyó.
Las declaraciones de Jované se dieron en el pleno de la Asamblea. Pero en la comisión de Presupuesto, el gerente general del BHN, Alberto Ortega Maltez, dijo desconocer los detalles del proyecto de ley, declarando que no sabía ni siquiera cuando iba a ser presentado.
Ante la pregunta de la diputada Yamireliz Chong sobre qué funciones haría el banco durante su último año, si solo se estaría pagando salarios de personas, Ortega respondió que seguirían cumpliendo con todas las funciones del banco hasta el último momento dentro de lo posible, aunque advirtió que desconoce cómo se cubrirán gastos básicos de operación.
Esto se debe a que de los 12.9 millones de dólares que solicitaron, el MEF solo recomendó 5 millones de dólares. De aprobarse la recomendación del MEF, tendrían cero dólares para materiales y suministros, cero para transferencias corrientes, cero para asignaciones globales y cero para inversiones.
El banco mantiene actualmente más de 160 trabajadores ubicados alrededor del país, incluyendo técnicos que requieren movilizarse al campo.
En cuanto al resto de las instituciones que se presentaron, el MEF recomendó $1.8 millones para la Siacap, $8.9 millones para la SSRP, $7.9 millones para la SMV, $25.7 millones para la SBP y $162.2 millones de dólares para el Tribunal Electoral.