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Arturo Hoyos respalda el Estado de Urgencia en Bocas y lo califica como ‘exitoso’

En una declaración pública, el jurista defendió la constitucionalidad y efectividad del Estado de Urgencia decretado por el gobierno. EFE
  • 11/07/2025 19:27

El ex presidente de la Corte Suprema destacó que la medida evitó la destrucción de la provincia, contuvo el caos y permitió mantener la controvertida Ley 462. Aplaudió la actuación del presidente José Raúl Mulino.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, se pronunció este viernes sobre el reciente Estado de Urgencia decretado en la provincia de Bocas del Toro, calificándolo como una medida exitosa frente a lo que describió como una amenaza de desestabilización nacional.

En una publicación en sus redes sociales, Hoyos aseguró que la medida implementada por el gobierno de José Raúl Mulino logró contener lo que llamó “una coalición para el retroceso”, en referencia a Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitrabana), Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), sectores del magisterio docente y “estudiantes extremistas”, junto con grupos criminales y pandillas que, según él, protagonizaron los disturbios en la provincia occidental del país.

“El Estado de Urgencia fue exitoso ante la Coalición para el Retroceso (Sitrabana–Suntracs, educadores y estudiantes extremistas, pandillas). 1. Evitó la destrucción total de Bocas, 2. Mantuvo la Ley 462, 3. Frustró la irradiación del foco de caos al resto del país. ¡Bien Mulino!”, escribió Hoyos en su cuenta de X.

El Estado de Urgencia fue decretado por el Ejecutivo el 20 de junio mediante el Decreto de Gabinete No. 27, en respuesta al cierre de vías públicas y hechos violentos ocurridos en la provincia, en el contexto de protestas contra la Ley 462, que reformó aspectos clave del sistema de seguridad social panameño. La medida implicó la suspensión temporal de derechos constitucionales, incluyendo el habeas corpus, y la intervención directa de fuerzas de seguridad del Estado.

Durante la vigencia del estado de excepción, que fue prorrogado hasta el 29 de junio, las autoridades también ordenaron la suspensión parcial del servicio de internet y telefonía móvil en áreas específicas, alegando motivos de seguridad pública.

El Ministerio de Seguridad Pública informó de la detención de al menos 376 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos y la propia Defensoría del Pueblo han solicitado investigaciones por presunto uso excesivo de la fuerza, incluyendo la muerte de una niña de 1 año y 8 meses, atribuida a la inhalación de gases lacrimógenos.