Asamblea aprueba por insistencia el proyecto de ley sobre arrecifes coralinos

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el proyecto de Ley 571, presentado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, que propone modificar la Ley 304 de 2022, sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas.

La votación en el Palacio Justo Arosemena fue de 50 votos a favor y 6 en contra.

Durante la sustentación, Robinson enfatizó que la propuesta ha contado con un amplio debate en comisiones clave, señalando que fue discutida extensamente en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, así como en la Comisión de Gobierno. Solicitó a sus colegas enfocar la discusión en el beneficio socioeconómico de las regiones costeras e insulares del país.

“Le pedimos a los colegas que no vean el problema de Benicio Robinson aquí presente en la discusión del proyecto, sino que vean nuestro Caribe y país”, manifestó.

Argumentó que las rigideces normativas actuales han limitado que regiones como Colón, Guna Yala, Bocas del Toro y otras zonas del territorio nacional se beneficien del crecimiento real del turismo.

Robinson sostuvo que la iniciativa refuerza la protección de los ecosistemas al otorgar al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) facultades específicas para regular, fiscalizar y autorizar actividades compatibles con la conservación, al tiempo que mantiene la prohibición absoluta contra quienes causen daños irreversibles al entorno marino.

Uno de los puntos centrales expuestos por el proponente radica en la distinción técnica entre los componentes del ecosistema marino. Robinson recalcó que “los corales son intocables y nadie lo pone en duda”, asegurando que estos entes cuentan con estricta salvaguarda legal y que el proyecto no atenta contra ellos.

En cuanto a los pastos marinos, el diputado los comparó con recursos agrícolas terrestres: “El pasto marino es como la hierba, la hierba que tenemos y que debemos cultivar. A veces sembrar arroz o maíz es lo mismo que queremos hacer con el pasto marino”.

Asimismo, citó declaraciones brindadas anteriormente por el ministro de Ambiente durante su comparecencia en la Comisión de Presupuesto, donde el titular del ramo hizo referencia a su postura enviada por escrito respecto a permitir intervenciones bajo criterios de sostenibilidad.

Según el diputado, representantes de sectores empresariales, inversionistas, isleños y pescadores de Bocas del Toro han solicitado la posibilidad de construir muelles en zonas de pastos marinos, previa aprobación de los permisos y evaluaciones técnicas de MiAmbiente.

Robinson advirtió que oponerse a la iniciativa afecta de forma directa el desarrollo de las poblaciones costeras.

“El que vota en contra de este proyecto lo hace en contra de las comunidades que no pueden crecer al ritmo del turismo que existe”, puntualizó el diputado, al reiterar que el informe técnico de la comisión correspondiente respaldó la propuesta como una herramienta para traducir la protección ambiental en beneficios tangibles para las comunidades de Guna Yala, Darién, Bocas del Toro y el resto de las provincias costeras.

El pasado 8 de julio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió la iniciativa sin sancionarla, al considerar que sus disposiciones son inconvenientes e inexequibles, al estimar que debilitan el régimen de protección ambiental vigente y vulneran principios establecidos en la Constitución.

El Ejecutivo sostiene que la principal modificación propuesta consiste en eliminar la prohibición general que actualmente impide realizar construcciones, modificaciones u otras actividades sobre los ecosistemas de pastos marinos y sustituirla por un régimen de autorizaciones administrado por el Ministerio de Ambiente.

Según el documento, la Ley 304 de 2022 establece una protección integral para los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los ecosistemas asociados. Sin embargo, el proyecto reemplaza esa prohibición, en el caso de los pastos marinos, por un sistema de regulación administrativa, lo que representaría una reducción del nivel de protección ambiental, a juicio del Gobierno.

La nota presidencial también cuestionó la incorporación de un nuevo artículo que prohibía únicamente las actividades que ocasionen daño directo a los arrecifes coralinos o que puedan causar daños irreversibles a su salud ecosistémica. Además, advirtió entonces que el concepto de ‘daño directo’ no está definido en la ley, lo que podría generar interpretaciones restrictivas y dificultar la prevención de impactos indirectos o acumulativos sobre ecosistemas altamente vulnerables.

Otro de los aspectos cuestionados es que el proyecto concede al Ministerio de Ambiente la facultad de regular las actividades que puedan desarrollarse en los pastos marinos sin establecer criterios mínimos en la propia ley. Dicho veto señala que la iniciativa no determina qué actividades podrán autorizarse, cuáles permanecerán prohibidas, qué requisitos ambientales deberán cumplirse ni cuáles serán las medidas mínimas de prevención, mitigación o compensación.

Según el Ejecutivo, dejar esos aspectos a una reglamentación posterior otorga un amplio margen de discrecionalidad administrativa y puede afectar tanto la seguridad jurídica como la protección efectiva de estos ecosistemas.