Auditoría integral a proyecto minero tiene ‘graves deficiencias’, según ambientalistas

La auditoría integral del proyecto Cobre Panamá fue presentada como una herramienta para arrojar luz sobre las condiciones del proyecto y servir como una herramienta para que las autoridades panameñas tengan información precisa para tomar decisiones sobre el futuro del mismo. Este jueves 18 de septiembre, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas en Panamá advirtió graves deficiencias en la misma.

”Advertimos las graves deficiencias en la contratación de la empresa auditora que impediría se conozca la verdad”, manifestó Alibel Pizarro, coordinadora de la Mesa Técnica. Entre ellas, destaca la exclusión de 170 compromisos ambientales declarados como “no aplicables para la auditoría”.

“No se verificará si se han cumplido los estándares internacionales para factores de seguridad y diseño de ingeniería en estructuras de mina. No se verificará si se ha diseñado la huella del proyecto en forma tal que minimice los cambios en los flujos de cursos de agua. No se auditará que la empresa haya evitado o minimizado los impactos que tengan potencial afectación a la salud o haber empleado las mejores prácticas para minimizar el impacto sobre la calidad de aire y de agua”, detalló Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). “Estas omisiones imposibilitan que el país conozca la verdad sobre el proyecto minero y hacen más difícil para el Estado panameño defenderse de lo que todavía sigue siendo una amenaza, los arbitrajes internacionales que ha interpuesto la empresa en contra del Estado panameño”, advirtió.

Otro punto cuestionable es que no se realizarán nuevos muestreos por parte de la empresa auditora. Las evaluaciones se harán en base a los muestreos hechos por la empresa Cobre Panamá y la documentación que presente la misma.

Tampoco se hará el monitoreo microbiológico que se había recomendado para verificar la contaminación de ríos y otros cuerpos de agua por la actividad minera.

Las recomendaciones ambientales surgieron luego de un largo proceso de consulta en el que participaron 260 organizaciones ambientalistas, empresas privadas, comunidades locales, academia, integrantes del sector privado y población en general. La expectativa era que MiAmbiente las acogiera y fueran incorporadas, pero en algún punto se decidió hacer modificaciones.

“Cuando se presentó ese planteamiento en proceso de consulta pública, nuestros comentarios fueron asumidos por el Ministerio de Ambiente en el mes de enero, febrero, y se hizo un primer borrador original que incluía incluso aspectos de la totalidad de la estructura de la mina y también aspectos que tenían que ver con el análisis de los instrumentos de gestión previo, de todo, incluso otros estudios de impacto ambiental que tenía”, explicó Ábrego. “En el proceso en que eso se da y que se publica, hay un cambio en el planteamiento tanto de transparencia como información y profundidad. No sabemos qué sucedió en el medio con esa información. Lo que sí es cierto es que se vacía de contenido la auditoría y ya el término de integral no cabe”, lamentó.

El remedio que proponen es a través de mecanismos legales, como una adenda al acto público. “Siempre es una posibilidad para el Ministerio del Ambiente celebrar una adenda que permita corregir el término de referencia original y garantice la inclusión de todos los compromisos ambientales del proyecto minero. Nuestra solicitud en este momento de una corrección urgente es a través de los mecanismos legales que existen y se pueden aplicar de manera oportuna antes de que se inicie la auditoría”, comentó Ábrego.

Las declaraciones de los ambientalistas no están basadas en opiniones, se sustentan en los documentos publicados en el portal Panama Compra relacionados al acto público de la auditoría.

La auditoría en cuestión fue adjudicada a la empresa SGS Panama Control Services Inc., por un monto de 539 mil dólares a través de un procedimiento excepcional aprobado por el Consejo Económico Nacional (CENA) el 27 de agosto de este año. El 12 de septiembre, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el inicio de la auditoría, que tendría una duración de seis meses. Sin embargo, en Panama Compra no se ha subido el contrato con la empresa que debe ser refrendado por la Contraloría General de la República.

De acuerdo a la documentación, el objetivo del acto es “realizar una verificación de cumplimiento, así como un diagnóstico detallado de la situación actual en términos ambientales, legales, operacionales y de riesgos asociados a este proyecto”. Pero se excluye información relacionada a la construcción del proyecto minero, así cómo hechos luego del cierre del mismo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha reiterado en varias ocasiones que el proyecto minero es una de las prioridades en su agenda. Sin embargo, el tema genera una fuerte oposición en la ciudadanía. El 60,6% de los entrevistados en la encuesta Vea Panamá en abril de este año se pronunciaron en contra de la reapertura del proyecto. Además, colectivos sociales como la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, gremios magisteriales y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería se han manifestado este año en las calles en protesta a la actividad.

Por otro lado, gremios empresariales como la Cámara Minera de Panamá (Camipa) resaltan el monumental impacto económico de la actividad, no solo en los trabajos que se generan en la misma obra, sino también en actividades relacionadas.

La suspensión del proyecto en 2024, luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato, le costó 1.700 millones de dólares a Panamá, de acuerdo al Informe de Transparencia Fiscal y Contribuciones Económicas 2024 de la empresa First Quantum, operadora del proyecto.