Autoridades investigan denuncias por más de $213 millones en juntas comunales
- 08/08/2025 00:00
El Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el Programa de Interés Social y otros destinados a municipios y juntas comunales. La Contraloría avanza con auditorías y cuestiona allanamientos Las denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND) contra municipios y juntas comunales alrededor del país suman 213 millones de dólares. Así lo reveló el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves 7 de agosto durante su conferencia semanal.
“Doscientas noventa y cuatro denuncias penales se han presentado por esta administración por un monto de más de 213 millones que involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios sobre fondos descentralizados mal manejados y que el Ministerio Público tiene la enorme responsabilidad de investigar de acuerdo con el marco constitucional y legal”, detalló el mandatario.
El Ministerio Público inició la investigación por este caso en octubre de 2024 y hasta el momento ha realizado decenas de aprehensiones, resultando con la imputación de funcionarios de juntas comunales (principalmente representantes y tesoreros) por el presunto delito de peculado. Hasta el momento no se han imputado cargos contra ningún alcalde.
“La Autoridad Nacional de Descentralización, luego de la revisión que hace a nivel institucional, se percata de que existían ciertas inconsistencias en relación a un programa en particular conocido como Programa de Interés Social (PDIS), donde había falta de documentación que sustentase el uso de los dineros que habían sido transferidos por la Autoridad Nacional de Descentralización a las juntas comunales y a los municipios a petición de estas juntas comunales y de los municipios”, explicó a La Estrella de Panamá la fiscal anticorrupción Joana Osorio, quien lleva el caso.
Alcaldes y representantes solicitaban fondos a la AND, supuestamente para proyectos de iniciativas comunitarias y sociales como construcción de aceras, mejoramiento de caminos y gastos de funcionamiento. La práctica fue especialmente común en el período pospandemia y las irregularidades detectadas ocurrieron entre 2021 y 2024.
Solicitar transferencias no es necesariamente un delito, pero deben ser sustentadas. En varias juntas comunales este no fue el caso, incluso hay funcionarios imputados por sustracción de documentos ya que toda la documentación debe permanecer en las oficinas municipales y de juntas comunales. Además, existen otras vías para que las juntas solicitaran fondos sin necesidad de este tipo de transferencias. “Ya la Autoridad Nacional de Descentralización tenía otros programas que también permitían a las juntas comunales y municipios realizar proyectos, actividades y también permitían que se les dotara de ayudas de carácter asistencial a las personas que así lo requerían en su comunidad”, apuntó Osorio.
Aparte del PDIS, existía el Programa del Impuesto de Bien Inmueble y el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, destinados a desarrollar proyectos más grandes. El Ministerio Público recibió 23 denuncias en cada uno de estos programas por presuntas irregularidades que también se encuentra investigando.
La fiscal hizo hincapié en que no se puede hablar aún de lesión patrimonial ya que esa cifra debe ser determinada por auditorías de la Contraloría General de la República. Detalló que ya la Contraloría avanzaba auditoría y que solicitaron que se incluyeran los casos específicos que investigaban.
“En este momento ya van aproximadamente 72 terminándose, creo que se han entregado unas 35-40. Tenemos aproximadamente 300 en proceso”, dijo el contralor Anel Flores durante una entrevista con TVN Noticias. “Yo tengo una junta comunal muy conocida que tiene 7 millones sin sustento. Otra tiene 9 millones sin sustento. La excusa de casi todo el mundo en el gobierno anterior fue la pandemia. Endeudaron el país en más de 30.000 millones de dólares por la pandemia. Llega un momento en el que tú dices, ¿hasta cuándo es la pandemia? ¿Hasta cuándo el juega vivo? Yo puedo decir, por lo que estoy viendo en mis auditorías, que la mayoría es juega vivo”, sentenció Flores.
El contralor compartió una cifra aún más elevada a la emitida por el presidente Mulino, resaltando la importancia de las auditorías. “Esto no es una persecución para nadie, estamos poniéndole orden a lo que viene siendo el dinero público. Hay 320 millones en juego. Si nos estamos quejando de Panama Ports, bueno, la escoba barre para todos lados. Hay gente que tiene que dar la cara, hay gente que tiene que decir cómo fue, y si no, pues tendrá que pagar las consecuencias”, concluyó.
Allanamientos Durante el proceso de investigación se han realizado allanamientos alrededor del país. El contralor cuestionó cómo se han llevado algunas de estas acciones. “Me han informado de dos o tres casos donde han allanado casas de representantes de corregimiento a las 2, 3 de la mañana. Creo que eso es algo totalmente innecesario, no son delincuentes ni narcotraficantes. Eso además riñe con la ley y los han detenido. No los pueden detener preventivamente a menos que ellos sean condenados y ejecutoriados. Esto es un abuso de ley que lo que va a suceder es que por violarles sus derechos se van a caer los procesos”, manifestó.
Por su parte, el Ministerio Público defendió su actuación destacando que se han apegado a la ley y todos los allanamientos han tenido la autorización necesaria del juez pertinente. “El Código de Procedimiento Penal nos establece las herramientas que podemos utilizar para para investigar esas causas y judicializarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro compromiso es con los procesos y también con la ciudadanía, para que la ciudadanía se dé cuenta de que tenemos un férreo propósito de ir en contra de los actos que atenten contra la administración pública, actos de corrupción. Y hacia allá nos dirigimos”, afirmó la fiscal Osorio.
El Ministerio Público empezó a investigar en octubre de 2024, luego de denuncias por parte de la Autoridad Nacional de la Descentralización.InvestigaciónSe han hecho allanamientos y aprehendido a funcionarios de juntas comunales por el presunto delito de peculado.
Las denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND) contra municipios y juntas comunales alrededor del país suman 213 millones de dólares. Así lo reveló el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves 7 de agosto durante su conferencia semanal.
“Doscientas noventa y cuatro denuncias penales se han presentado por esta administración por un monto de más de 213 millones que involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios sobre fondos descentralizados mal manejados y que el Ministerio Público tiene la enorme responsabilidad de investigar de acuerdo con el marco constitucional y legal”, detalló el mandatario.
El Ministerio Público inició la investigación por este caso en octubre de 2024 y hasta el momento ha realizado decenas de aprehensiones, resultando con la imputación de funcionarios de juntas comunales (principalmente representantes y tesoreros) por el presunto delito de peculado. Hasta el momento no se han imputado cargos contra ningún alcalde.
“La Autoridad Nacional de Descentralización, luego de la revisión que hace a nivel institucional, se percata de que existían ciertas inconsistencias en relación a un programa en particular conocido como Programa de Interés Social (PDIS), donde había falta de documentación que sustentase el uso de los dineros que habían sido transferidos por la Autoridad Nacional de Descentralización a las juntas comunales y a los municipios a petición de estas juntas comunales y de los municipios”, explicó a La Estrella de Panamá la fiscal anticorrupción Joana Osorio, quien lleva el caso.
Alcaldes y representantes solicitaban fondos a la AND, supuestamente para proyectos de iniciativas comunitarias y sociales como construcción de aceras, mejoramiento de caminos y gastos de funcionamiento. La práctica fue especialmente común en el período pospandemia y las irregularidades detectadas ocurrieron entre 2021 y 2024.
Solicitar transferencias no es necesariamente un delito, pero deben ser sustentadas. En varias juntas comunales este no fue el caso, incluso hay funcionarios imputados por sustracción de documentos ya que toda la documentación debe permanecer en las oficinas municipales y de juntas comunales. Además, existen otras vías para que las juntas solicitaran fondos sin necesidad de este tipo de transferencias. “Ya la Autoridad Nacional de Descentralización tenía otros programas que también permitían a las juntas comunales y municipios realizar proyectos, actividades y también permitían que se les dotara de ayudas de carácter asistencial a las personas que así lo requerían en su comunidad”, apuntó Osorio.
Aparte del PDIS, existía el Programa del Impuesto de Bien Inmueble y el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, destinados a desarrollar proyectos más grandes. El Ministerio Público recibió 23 denuncias en cada uno de estos programas por presuntas irregularidades que también se encuentra investigando.
La fiscal hizo hincapié en que no se puede hablar aún de lesión patrimonial ya que esa cifra debe ser determinada por auditorías de la Contraloría General de la República. Detalló que ya la Contraloría avanzaba auditoría y que solicitaron que se incluyeran los casos específicos que investigaban.
“En este momento ya van aproximadamente 72 terminándose, creo que se han entregado unas 35-40. Tenemos aproximadamente 300 en proceso”, dijo el contralor Anel Flores durante una entrevista con TVN Noticias. “Yo tengo una junta comunal muy conocida que tiene 7 millones sin sustento. Otra tiene 9 millones sin sustento. La excusa de casi todo el mundo en el gobierno anterior fue la pandemia. Endeudaron el país en más de 30.000 millones de dólares por la pandemia. Llega un momento en el que tú dices, ¿hasta cuándo es la pandemia? ¿Hasta cuándo el juega vivo? Yo puedo decir, por lo que estoy viendo en mis auditorías, que la mayoría es juega vivo”, sentenció Flores.
El contralor compartió una cifra aún más elevada a la emitida por el presidente Mulino, resaltando la importancia de las auditorías. “Esto no es una persecución para nadie, estamos poniéndole orden a lo que viene siendo el dinero público. Hay 320 millones en juego. Si nos estamos quejando de Panama Ports, bueno, la escoba barre para todos lados. Hay gente que tiene que dar la cara, hay gente que tiene que decir cómo fue, y si no, pues tendrá que pagar las consecuencias”, concluyó.
Durante el proceso de investigación se han realizado allanamientos alrededor del país. El contralor cuestionó cómo se han llevado algunas de estas acciones. “Me han informado de dos o tres casos donde han allanado casas de representantes de corregimiento a las 2, 3 de la mañana. Creo que eso es algo totalmente innecesario, no son delincuentes ni narcotraficantes. Eso además riñe con la ley y los han detenido. No los pueden detener preventivamente a menos que ellos sean condenados y ejecutoriados. Esto es un abuso de ley que lo que va a suceder es que por violarles sus derechos se van a caer los procesos”, manifestó.
Por su parte, el Ministerio Público defendió su actuación destacando que se han apegado a la ley y todos los allanamientos han tenido la autorización necesaria del juez pertinente. “El Código de Procedimiento Penal nos establece las herramientas que podemos utilizar para para investigar esas causas y judicializarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro compromiso es con los procesos y también con la ciudadanía, para que la ciudadanía se dé cuenta de que tenemos un férreo propósito de ir en contra de los actos que atenten contra la administración pública, actos de corrupción. Y hacia allá nos dirigimos”, afirmó la fiscal Osorio.