Barcos de bandera panameña, en la mira de China y EEUU

La posibilidad de que Pekín imponga medidas contra buques con bandera panameña, tras las presiones ejercidas sobre empresas chinas en Panamá y especialmente después del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra CK Hutchinson por el contrato de administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, podría constituir uno de los escenarios en los que el país quede más involucrado en las contradicciones entre China y Estados Unidos.

Desde que la guerra comercial y diplomática entre las dos potencias escaló a niveles inéditos tras la llegada del presidente estadounidense Donald Trump al poder, Washington ha impulsado una política de injerencias, sanciones y amenazas sobre los gobiernos latinoamericanos para expulsar compañías e instituciones chinas de lo que considera su zona de influencia. En ese contexto, Panamá, pieza clave en la disputa por los mercados y punto histórico de control geopolítico y militar, se convirtió en una prioridad para su administración.

En este escenario de competencia, el sector marítimo representa otro frente de esa contienda. De hecho, autoridades chinas adelantaron en enero pasado que tomarían medidas para “proteger sus intereses”, aunque sin detallar todavía cuál podría ser esa política.

Si bien la posibilidad de aplicar acciones contra barcos con bandera panameña por parte de China solo ha sido mencionada en medios estadounidenses ligados a la administración Trump, se trata de un escenario que estaría siendo evaluado por el Gobierno panameño incluso antes del fallo de la Corte, según conoció La Estrella de Panamá.

Figuras vinculadas al sector marítimo consideran que, aunque sería un problema para Panamá, por ahora no parece que esa sea la primera medida que Pekín podría adoptaría, debido a la fuerte interrelación comercial y logística con la estructura marítima panameña.

“Tomar medidas contra el registro panameño, sea tratar mal a los barcos panameños o no bajarles la carga, eso por el momento sería complicado para ellos. Empezando por que los barcos no son realmente panameños sino solo el registro y cerca del 30% de la banderas panameñas son empresas chinas”, señala Carlos González De La Lastra, empresario vinculado al sector.

Según datos de la Autoridad Marítima de Panamá, la flota bajo registro nacional supera las 8.800 naves y se encuentra entre los principales registros del mundo si se mide por capacidad total de carga.

A juicio de González De La Lastra, las limitaciones que establezca Pekín sobre las banderas panameñas se traducirían en restricciones para parte de su propia flota, lo que hace, por el momento, poco probable una decisión de esta naturaleza.

Juan Diego Reyna, abogado especialista en temas marítimos y miembro de la Asociación de Armadores Panameños, considera que si bien no se puede descartar que Pekín adopte acciones contra el registro panameño, coincide con De La Lastra en que ese escenario es poco probable por ahora y que, de ocurrir, sería de manera gradual.

“Lo que si podría pasar es que algunos barcos con bandera panameña puedan tener un algún trato incomodo en puertos chinos y eso de alguna forma desincentivaría a algunos armadores a tocar estas terminales. Pero igual no sería algo inmediato”, sostiene Reyna.

Desde el plano macroeconómico, las condiciones actuales de la economía china, con presencia en distintos mercados del mundo, hacen más difícil adoptar este tipo de retaliaciones; sin embargo, sería un error pensar que estas no podrían darse, sostiene el economista Elpidio González.

“Creo que debemos ver nuestra realidad desde un lente distinto. Pensar que China no va a actuar luego de lo ocurrido con los puertos es ingenuo y, dada la dependencia de Panamá de los vaivenes del mercado, sí tendría una afectación fuerte a la economía nacional”, señala. Considera que, al final, el asunto recae sobre todo en el plano diplomático y en la capacidad del Estado panameño para gestionar la crisis.

Para González, Panamá debe mantener una diplomacia que priorice la neutralidad y favorezca los intereses nacionales, buscando un punto medio para sortear las presiones de Washington y Pekín.

“El manejo de esta crisis ha sido pésimo en la medida en que manda un mensaje contrario a una diplomacia que busque el equilibrio. El ejemplo más claro es el fallo de inconstitucionalidad del contrato: mientras con Hutchison actuaron de inmediato, con la minera, cuyo contrato también se declaró inconstitucional, no. Se envía un mensaje errático, cuando debería haber un comportamiento estatal coherente”, indicó.