Bioetanol, la historia de una mezcla obligatoria

La historia de los biocombustibles en Panamá avanzó durante más de una década entre leyes, reformas y disputas políticas alrededor de un concepto que todavía divide posiciones: la obligatoriedad del bioetanol en las gasolinas.

Lo que comenzó en 2011 como una política estatal para reducir la dependencia petrolera y desarrollar una nueva industria agroenergética terminó convirtiéndose en uno de los debates energéticos más complejos del país. Panamá pasó de imponer por ley el uso obligatorio de bioetanol, a eliminar esa exigencia en 2015 y regresar nuevamente a un esquema mandatorio en 2023.

Ahora, en 2026, la discusión volvió al centro de la agenda política tras la suspensión del debate legislativo relacionado con el bioetanol y las advertencias de diputados que sostienen que la Ley 355 de 2023 todavía mantiene vigente la obligatoriedad de la mezcla.

La primera gran transformación ocurrió con la aprobación de la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que estableció los lineamientos de la política nacional sobre biocombustibles y generación eléctrica a partir de biomasa.

La legislación apareció en medio del aumento de los precios internacionales del petróleo y de las discusiones globales sobre energías alternativas. Países como Brasil y Colombia ya impulsaban mezclas obligatorias de etanol con gasolina, mientras organismos internacionales promovían políticas para reducir emisiones contaminantes y diversificar las fuentes energéticas.

La ley declaró de interés nacional el desarrollo de biocombustibles como el bioetanol y el biodiésel. Pero el aspecto más importante estaba en el artículo 14: el uso y mezcla de bioetanol anhidro con gasolina sería obligatorio en todo el territorio nacional.

La implementación sería gradual: 2% de mezcla en 2013 y aumentos progresivos hasta llegar a 10% en 2016.

El Gobierno defendía el modelo como una herramienta para garantizar mercado a una futura industria nacional de bioetanol vinculada a la caña de azúcar y otros cultivos. También argumentaba que la medida ayudaría a fortalecer la seguridad energética, generar empleos rurales y reducir emisiones contaminantes.

Sin embargo, la obligatoriedad provocó cuestionamientos casi inmediatamente.

Uno de los principales desafíos llegó mediante una demanda de inconstitucionalidad presentada por Roberto Ruiz Díaz contra el artículo 14 de la Ley 42. La acción sostenía que imponer la mezcla obligatoria podía vulnerar principios constitucionales relacionados con la libre competencia y la libertad económica.

Al final, la Corte Suprema de Justicia declaró sustracción de materia luego de que la Asamblea Nacional modificara la legislación original.

Mientras avanzaba el debate legal, el proyecto despertó expectativas dentro del sector azucarero y agroindustrial. Regiones como Herrera y especialmente Pesé comenzaron a aparecer dentro de las conversaciones sobre el potencial productivo del país.

Pero también crecían dudas sobre la capacidad real para sostener una industria nacional de etanol, adaptar infraestructura y evitar impactos sobre precios y distribución.

El escenario cambió radicalmente con la aprobación de la Ley 47 de 24 de junio de 2015.

La reforma eliminó el carácter obligatorio de la mezcla de bioetanol y convirtió su uso en opcional. Las distribuidoras quedaron facultadas para vender gasolina sin etanol.

La flexibilización también alcanzó al biodiésel y al biogás.

Diversos sectores argumentaban que Panamá todavía no contaba con las condiciones necesarias para implementar exitosamente el esquema obligatorio. También existían preocupaciones relacionadas con costos operativos, capacidad de producción y estabilidad de suministro.

Según exposiciones de motivos presentadas posteriormente en la Asamblea Nacional, la eliminación de la obligatoriedad y de algunos incentivos fiscales provocó el cierre de empresas que habían invertido en el sector.

Durante varios años, el tema perdió fuerza mientras Panamá continuó dependiendo principalmente de combustibles fósiles importados. Sin embargo, el aumento de los precios internacionales del petróleo, la transición energética y las tensiones geopolíticas reactivaron el interés por los combustibles alternativos.

Ese escenario impulsó la aprobación de la Ley 355 de 2023, que devolvió el carácter obligatorio a la mezcla de bioetanol.

La legislación fijó el inicio gradual desde abril de 2024, inicialmente en áreas específicas de Panamá y Panamá Oeste. También restableció incentivos fiscales para empresas productoras de bioetanol, biodiésel y biogás elaborados con materia prima nacional.

El objetivo era reactivar una industria que nunca logró consolidarse tras la reforma de 2015.

Pero el debate volvió a intensificarse en abril de 2026 tras la suspensión del proyecto legislativo relacionado con bioetanol.

Durante una cuestión de orden en el pleno de la Asamblea Nacional, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, cuestionó la suspensión del debate y advirtió que la Ley 355 de 2023 todavía continúa vigente.

Prado recordó que la resolución emitida el 25 de marzo de 2026 suspendió temporalmente la aplicación de la mezcla obligatoria porque “no se contaba con las condiciones técnicas, regulatorias y de mercado”.

Sin embargo, alertó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo reactive la obligatoriedad mediante nuevas resoluciones administrativas.

“La ley 355 en su artículo número dos, que regula el artículo número 14, señala que la mezcla y su uso serán obligatorios”, expresó durante su intervención.

La diputada también recordó que el 1 de abril de 2026 debía entrar en vigencia el uso obligatorio de una mezcla de 10%.

“No se dio porque no había las condiciones, pero al darse esta suspensión de este proyecto sí nos pueden sorprender con una nueva resolución, una nueva reglamentación que automáticamente haga de uso obligatorio el bioetanol”, afirmó.

La diputada Alexandra Brenes también reaccionó tras la suspensión del debate. A través de redes sociales, sostuvo que el proyecto fue suspendido porque existe un “plan B” sustentado en la vigencia de la Ley 355.

“Susp endieron el debate del proyecto de ley de Bioetanol porque tienen su plan B: la Ley 355 de 2023, que también lo hace de uso obligatorio, está vigente”, aseguró. Brenes anunció además que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la ley. “No a la imposición, sí al derecho a elegir”, manifestó.