La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado panameño a respetar las garantías judiciales y fortalecer el diálogo frente a la conflictividad social generada por la Ley 462 sobre seguridad social.
La CIDH expresó su preocupación por las tensiones sociales registradas en Panamá desde abril, particularmente tras la declaración de estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro. A través de un comunicado, la Comisión tomó nota de los esfuerzos del gobierno por actuar dentro del marco constitucional, pero llamó a asegurar la protección de derechos que no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción.
El estado de urgencia, declarado el 20 de junio mediante el Decreto No. 27 y prorrogado hasta el 29 de junio, fue motivado por cierres de vías, supuestos actos criminales y “terrorismo urbano”. Durante ese período, se suspendieron varias garantías constitucionales, incluido inicialmente el recurso de habeas corpus, aunque el gobierno aseguró que este derecho no fue vulnerado.
Entre las medidas tomadas durante la emergencia, destaca la suspensión temporal del servicio de telefonía móvil e internet en la provincia, medida que, según el gobierno, fue excepcional, limitada en el tiempo y orientada a preservar la seguridad pública. La CIDH recordó que el acceso a internet es clave para la documentación de violaciones a derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información.
Fotografía del 24 de mayo de 2025 de trabajadores bananeros bloqueando una carretera en Changuinola, provincia caribeña de Bocas del Toro (Panamá).
El Ministerio de Seguridad reportó al menos 376 personas detenidas durante operativos en el marco del estado de urgencia. Además, la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la muerte de una niña de 1 año y 8 meses, presuntamente causada por la inhalación de gases lacrimógenos en Bocas del Toro.
La CIDH también recibió reportes sobre desalojos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y amenazas contra líderes indígenas, especialmente en la comunidad de Arimae. Subrayó los impactos diferenciados en pueblos como Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Arimae, y advirtió sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
El organismo internacional insistió en que las restricciones de derechos durante protestas sociales deben ser proporcionales, necesarias y no discriminatorias. En este contexto, la CIDH recordó que la protesta pacífica es un derecho legítimo y que la respuesta estatal debe estar a cargo de fuerzas entrenadas específicamente para el manejo de orden público.
Fotografía del 25 de mayo de 2025 de un bloqueo en una carretera en Changuinola, provincia caribeña de Bocas del Toro (Panamá).
En cuanto a los pueblos indígenas, la Comisión fue informada sobre la falta de consulta previa respecto a proyectos extractivos, en contravención de los estándares interamericanos. No obstante, la CIDH reconoció avances en el diálogo entre el gobierno y sectores sociales, incluyendo la aprobación de la Ley 471, que crea un régimen especial para trabajadores bananeros.
Finalmente, la Comisión alentó a Panamá a continuar los esfuerzos de diálogo inclusivo y culturalmente adecuado, reiterando su disposición para brindar asistencia técnica y monitorear la situación de derechos humanos en el país.
