Empresarios panameños exigen coherencia para alcanzar estándares de la OCDE

Panamá atraviesa un momento decisivo para definir su rumbo económico e institucional. Esa fue la principal conclusión que dejó el reciente CADE 2026, donde líderes empresariales coincidieron en que el país debe alinear su discurso con acciones concretas si aspira a competir bajo estándares internacionales y fortalecer su posición global.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, planteó que el debate sobre una eventual adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no puede abordarse desde posturas preconcebidas, sino a partir de datos, evidencia y visión de largo plazo.

Durante el encuentro, se destacó que el país ha sido históricamente uno de los principales receptores de inversión extranjera directa de la región. Antes de la pandemia, los flujos superaban el 6% del PIB y actualmente rondan el 4%, lo que confirma que Panamá mantiene atractivo para el capital internacional y niveles de ingreso per cápita entre los más altos de América Latina.

Sin embargo, los gremios advirtieron que ese modelo muestra límites claros. Panamá no compite por bajos costos, sino por productividad, talento y calidad institucional, áreas donde persisten brechas significativas.

En educación, los resultados de pruebas internacionales ubican al país muy por debajo del promedio de la OCDE, con puntajes en matemáticas cercanos a 357 frente a más de 450 en economías desarrolladas. En investigación y desarrollo, la inversión nacional ronda apenas el 0.2% del PIB, lejos del promedio del 3% de los países miembros.

En infraestructura y logística, aunque el país se mantiene entre los mejor posicionados de América Latina, todavía se ubica en la media global, con margen para mejorar en eficiencia, trazabilidad y calidad de servicios. El desafío, coinciden los empresarios, no es solo atraer inversión, sino lograr que esta genere mayor valor agregado y productividad.

El análisis presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) añadió otro elemento clave: reputación y confianza. Aunque Panamá ha avanzado en prevención de blanqueo de capitales e intercambio de información fiscal, aún enfrenta observaciones técnicas, especialmente en sustancia económica y transparencia. Parte de estas presiones provienen de evaluaciones de la Unión Europea en materia fiscal.

En ese contexto, surgió una de las principales tensiones señaladas durante CADE: la brecha entre discurso y ejecución. Se habla de competitividad, pero existen marcos regulatorios que limitan la competencia; se promueve la institucionalidad, pero persisten percepciones de debilidad en la calidad de los servicios públicos; se enfatiza la transparencia, pero aún hay procesos que no generan confianza plena.

Para los gremios, cualquier señal contradictoria impacta directamente la competitividad en un entorno global que exige previsibilidad y reglas claras.

La discusión también giró en torno a la pregunta central: ¿con quién quiere competir Panamá? Aspirar a estándares de economías desarrolladas implica mayores exigencias, costos y reformas, pero también oportunidades de crecimiento sostenido.

Según Apede, avanzar hacia estándares internacionales no debe verse como imposición externa, sino como una decisión interna basada en fortalecer instituciones y demostrar que las reglas se cumplen en la práctica.

En esa misma línea, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró recientemente que la adhesión a estándares internacionales no compromete la soberanía, sino que la fortalece al consolidar la confianza y estabilidad del país.

Por su parte, la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), presidida por Aurelio Barría Pino, propuso cinco acciones clave para avanzar en este proceso.

La primera es asumir la adhesión a estándares internacionales como una visión de Estado, con decisiones coordinadas entre los tres órganos del poder público y una ejecución sostenida. La segunda, demostrar capacidad de implementación efectiva, pues la confianza internacional depende de políticas públicas coherentes y estables.

La tercera acción plantea un proceso inclusivo que incorpore a los sectores empresarial, financiero y legal, con el fin de construir soluciones sostenibles y legítimas. La cuarta subraya la necesidad de comunicación transparente para explicar compromisos y beneficios, evitando percepciones de imposición externa. Finalmente, la quinta insiste en la coherencia institucional, alineando decisiones, comunicación y ejecución.

Para los gremios, la OCDE representa más que un sello internacional: es una referencia de buenas prácticas que puede fortalecer la gestión pública, elevar la competitividad y generar mayor confianza. La adhesión, subrayan, no ofrece beneficios inmediatos, sino que constituye una apuesta estratégica de largo plazo.