Cámaras de turismo rechazan traslado de reos a Coiba y advierten riesgos para el patrimonio y la economía

La controversia por el traslado de 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en el Parque Nacional Coiba continúa generando reacciones. Esta vez, la Cámara de Turismo de Mariato y la Cámara de Turismo de Veraguas expresaron públicamente su rechazo a la medida adoptada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad.

En un comunicado, la Cámara de Turismo de Mariato calificó como “arbitraria” la decisión de reactivar el uso de instalaciones vinculadas al antiguo penal de Coiba y cuestionó que la medida se haya tomado sin consultar a las comunidades locales.

El gremio sostuvo que la economía de la región depende en gran medida del turismo ecológico y sostenible, actividad que —aseguran— podría verse afectada por la percepción de inseguridad asociada a la presencia de privados de libertad en la isla.

“Coiba se ha consolidado como un destino internacional caracterizado por su seguridad, paz y tranquilidad; condiciones indispensables que se verían gravemente comprometidas de ejecutarse este plan”, señala el documento firmado por la presidenta del gremio, Itzel Rodríguez.

La organización también manifestó preocupación por el valor ecológico del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005, y solicitó al Gobierno la revocatoria de la iniciativa y la apertura de una mesa de diálogo con los actores locales.

Por su parte, la Cámara de Turismo de Veraguas emitió un comunicado en el que calificó el traslado de los reclusos como un “grave atropello” contra el patrimonio natural del país.

El gremio advirtió que utilizar instalaciones dentro de Coiba para albergar detenidos proyecta una imagen negativa para Panamá y podría afectar el posicionamiento internacional del destino turístico.

“Transformar un Patrimonio de la Humanidad en un centro penitenciario proyecta una imagen desastrosa para Panamá. Esta improvisación espanta al turismo extranjero y amenaza directamente el sustento de miles de familias”, señaló la organización presidida por Rodrigo Báez.

Además, respaldó la posición expresada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que recientemente manifestó que la construcción o establecimiento permanente de un centro penitenciario en la isla no es viable por razones legales, ambientales y de protección del patrimonio mundial.

Los representantes del sector turístico también citaron la Ley 44 de 2024, que establece que las antiguas instalaciones del penal de Coiba pasarán a formar parte de los bienes administrados por el Parque Nacional Coiba una vez concluido su uso penitenciario.

En ese sentido, solicitaron al Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba exigir el cumplimiento de la legislación vigente y exhortaron a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) a pronunciarse sobre el tema.

Debate entre seguridad y conservación

La reacción de los gremios turísticos se suma a las críticas expresadas por diputados, científicos y organizaciones ambientales tras conocerse el traslado de los 29 reclusos.

El Ministerio de Seguridad ha defendido la medida argumentando que forma parte de una estrategia para fortalecer el sistema penitenciario y limitar la capacidad de operación de estructuras criminales desde las cárceles del país.

Según la entidad, los privados de libertad fueron ubicados en instalaciones ya existentes dentro de la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, bajo custodia de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

MiAmbiente aclaró el domingo que no fue informado previamente del traslado y reiteró que la utilización permanente de la isla como centro penitenciario sería incompatible con las normas de protección ambiental y con los compromisos internacionales asumidos por Panamá respecto al Parque Nacional Coiba.

Mientras el Gobierno sostiene que la medida responde a necesidades de seguridad nacional, los sectores turísticos y ambientales insisten en que cualquier decisión relacionada con Coiba debe considerar su condición de Patrimonio Mundial y el impacto que podría tener sobre el turismo sostenible y las comunidades que dependen de esa actividad económica.