Cárceles en crisis: renuncia, críticas a la Policía y denuncias de abusos graves

El sistema carcelario panameño sumó un nuevo capítulo a su larga crisis luego de que este martes renunciara el director de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, quien cuestionó el rol de la Policía Nacional dentro de los penales, en medio de denuncias de graves abusos contra los detenidos por parte de organizaciones de derechos humanos.

Antes de presentar su dimisión ante la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, Singh expuso públicamente las diferencias que, asegura, marcaron su gestión, entre ellas, los desacuerdos sobre la presencia de la Fuerza Pública dentro de los centros penitenciarios y las dificultades para atender las necesidades mínimas de los detenidos.

El ahora exdirector, que apenas estuvo cuatro meses en el cargo, sostuvo que había solicitado que los agentes policiales abandonaran las áreas internas y que su labor se concentrara en los perímetros exteriores, de acuerdo con la Ley 55 de 2003, que reorganiza el sistema penitenciario.

La norma estableció originalmente una división de funciones: los custodios penitenciarios debían encargarse de la seguridad interna, mientras que la Policía tenía a su cargo la vigilancia del perímetro exterior y los traslados de los privados de libertad. Legislaciones posteriores contemplan la posibilidad de presencia policial por períodos transitorios, bajo determinadas condiciones.

“Solicito que la Policía Nacional salga de los perímetros del Sistema Penitenciario, la Ley lo dice muy claro (...) ellos están dentro de los pabellones, específicamente el sector C, donde tenemos 260 privados de libertad que no han sido clasificados, que no tiene instrucción de estar allí. Nadie sabe que pasa, ni yo he podido entrar a ese pabellón”, sostuvo Singh. El exdirector dijo que las condiciones de los detenidos se deterioraron luego de la fuga masiva de al menos 198 presos en La Joyita, el pasado 1 de junio, una de las peores de las últimas décadas y que terminó con la renuncia de su antecesor, Jorge Tarragoza.

Singh también reconoció la introducción de drogas, armas y objetos prohibidos dentro de los penales, aunque aseguró que esto no ocurre mediante el ingreso de alimentos y productos de los familiares. Destacó que para evitarlo se implementó el programa de la “Tiendita penitenciaria”, un sistema para que los familiares compraran alimentos e insumos de forma segura, bajo mayor control del Ministerio de Gobierno y sin uso de efectivo en los centros.

“Nosotros compramos los productos, son debidamente requisados. Así es, no es por allí donde entra la droga, la cocaína, la marihuana, las platinas, las pistolas (...) ¿Quiénes permiten la entrada de todos estos artículos?”, denunció Singh, quien indicó que entre sus planes estaba la salida de la Fuerza Pública y que la seguridad interna quedaría únicamente bajo el mando de los custodios. También cuestionó el tema de los traslados: “Una de las primeras órdenes que puse fue que nadie podía trasladar a un privado de libertad de un penal a otro ni hacerlo internamente porque había un negociado sobre eso”.

Ante la pregunta sobre si la Policía estaría participando en actos de corrupción en los penales, respondió que no, aunque insistió en que encontró problemas administrativos y filtraciones de información.

Familiares de detenidos han denunciado la supuesta participación de la Policía en el ingreso de material prohibido, pero hasta la fecha no se han presentado denuncias formales al respecto.

Se buscó la reacción de la Policía Nacional sobre los señalamientos de Singh, pero la institución indicó que, por el momento, no emitiría comentarios. En tanto, la ministra Montalvo dijo a La Estrella de Panamá que lo expresado por Singh sobre la Fuerza Pública era su “opinión personal”. “La ley es clara y establece los mecanismos de coordinación entre los estamentos de seguridad y el Sistema Penitenciario”, recalcó.

La dimisión coincide con la denuncia realizada por 25 organizaciones de derechos humanos sobre la muerte de al menos diez privados de libertad durante los últimos dos meses en los centros Nueva Esperanza, La Joya y La Joyita. Según el pronunciamiento, las muertes estarían relacionadas con supuestas “hambrunas provocadas” y la falta de atención médica oportuna.

Los grupos sostienen que desde junio las autoridades prohibieron a los familiares llevar alimentos a los penales. Desde entonces, los internos dependen de las raciones suministradas por el Estado, que consideran mínimas y, en algunos casos, insalubres.

“El Estado panameño mantiene la obligación constitucional de actuar como garante de la vida y salud de toda persona bajo su custodia. Restringir la alimentación a una persona detenida es un delito que no puede quedar inmune”, enfatizaron las organizaciones, que pidieron la separación de los directores de los penales.

Además, exigieron a la ministra Montalvo un informe público sobre las cifras de fallecidos y las medidas que adoptará ante lo que califican como una “crisis humanitaria”.Sobre Panamá ya pesa una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2010, en la que el Estado resultó culpable de violar los derechos fundamentales de un detenido ecuatoriano en el país.