Cartas falsas usan nombre de la Contraloría para pedir datos

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  • 10/04/2026 08:00

Los documentos imitaban formatos oficiales y exigían información en cinco días

“Solicitamos nos dé copia de los documentos que sustentan la compra de 100 novillas en la provincia de Panamá...”, se lee en una de las cartas que en los últimos días han circulado en redes sociales, atribuidas a la Contraloría General de la República, pero que la propia entidad confirmó como falsas.

Diversos documentos, fechados entre el 18 y el 29 de marzo de 2026, utilizan membretes oficiales, firmas atribuidas al subcontralor y referencias legales para solicitar información personal, comercial y patrimonial a distintas personas, entre ellas figuras del ámbito político, magisterial y empresarial.

En uno de los casos, dirigido al dirigente magisterial Diógenes Sánchez, se pide sustentar la compra de ganado con documentos como recibos de pago, transferencias y contratos.

Entre los destinatarios también figura Balbina Herrera, dirigente política y excandidata presidencial, a quien se le solicitó información relacionada con la venta de una finca en la provincia de Panamá, incluyendo contratos de compraventa, transferencias y otros documentos de respaldo.

En esa misma línea, también aparece el nombre de Elisa Suárez de Gómez, a quien se le dirigió una nota en la que se le solicitaba sustentar la venta de una finca ubicada en la provincia de Chiriquí, mediante la entrega de documentos como contratos de compraventa, recibos de pago y transferencias, bajo el argumento de una auditoría en curso.

Otra carta solicita a un establecimiento comercial información sobre la frecuencia con la que una cliente recibe servicios, incluyendo acceso a videovigilancia del local.

En todos los casos, los documentos establecen un plazo de cinco días hábiles para entregar la información requerida y proporcionan contactos telefónicos supuestamente oficiales.

En los documentos se identifica como remitente a “Omar Castillo”, con el cargo de subcontralor general, cuya firma aparece en las notas que solicitan información bajo sustento legal. En las cartas se repite una estructura similar: se citan artículos de la Constitución y leyes vigentes para justificar requerimientos de datos, como compras de ganado, transacciones de bienes inmuebles o incluso registros de servicios en comercios, con el argumento de que la información “conste como evidencia en auditoría ordenada”.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó la circulación de estas cartas y aclaró que no fueron emitidas por la institución, lo que abre interrogantes sobre su origen, alcance y propósito.

El uso de formatos oficiales, referencias legales y nombres de funcionarios genera preocupación sobre posibles intentos de obtener información sensible mediante engaño.

El caso también plantea dudas sobre cuántos documentos similares podrían estar circulando sin haber sido detectados y cuál sería el objetivo detrás de su difusión.