Caso AIG: Reporte periódico y prohibición de salida del país para imputados por presunta malversación

Una contratación directa por casi un millón de dólares en 2014 para un programa de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) que prácticamente no se utilizó lleva hoy a la imputación de cargos contra tres personas, de los cuáles dos aún trabajan en instituciones públicas por presunta malversación de fondos.

Sin embargo, la propia Fiscalía no logra identificar cuál fue el dolo, cómo se beneficiaron de esta presunta malversación los imputados.

Se trata de Karen Ortega, Mario Gálvez y Raúl Millán. Los tres formaron parte de una comisión evaluadora que aprobó la contratación de la empresa AB Network, S. A. para elaborar un Sistema de Planificación de Control de Negocios y Recuperación de Desastres Tecnológicos para Instituciones de Misión Crítica del Estado.

La plataforma solo tuvo un uso limitado por un par de meses en algunas instituciones, que lo descontinuaron pues, de acuerdo a informes de expertos, no era necesario y no era compatible con los sistemas que mantenían las mismas.

Un informe de la Contraloría General de la República estimó un perjuicio patrimonial de 964 mil dólares.

Sin embargo, durante la audiencia se manifestó que la decisión de contratar a esta empresa no nació de ninguno de los imputados, sino que la necesidad de la instaurar este tipo de plataformas vino del Consejo de Innovación Gubernamental, y que el contrato fue firmado por el entonces director de la AIG, Eduardo Jaén y refrendado por la Contraloría.

La jueza finalmente ordenó las medidas cautelares de impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a la AIG a Karen Ortega; y reporte periódico mensual a Gálvez y Millán.