Caso Alex Lee: El 77% de los fondos investigados pasaron por una sola cuenta

El Ministerio Público aprieta la red en la investigación por presunto peculado en juntas comunales. La audiencia celebrada el pasado viernes en Colón da detalles sobre los movimientos financieros de dineros presuntamente desviados de programas sociales, mientras quedan menos de dos semanas para una audiencia dónde se decidirá si se declara la investigación como causa compleja.

La fiscal anticorrupción Digna Castillo lidera la investigación por parte del Ministerio Público. Durante la audiencia del viernes, en la que se imputaron cargos por blanqueo de capitales al empresario Mahmoud Fahmir El-Haje y a Yoselin Ibeth Cortez, la fiscal adelantó que consideran que se trata de una estructura delincuencial organizada.

Por este caso hay 6 personas que ya han sido imputadas y se mantienen con medidas cautelares, incluyendo al exalcalde de Colón, Alex Lee, quien se mantiene bajo detención provisional en la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Isla Coiba.

La investigación se centra en la junta comunal Barrio Sur y los fondos que recibió del Programa del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS) por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

De acuerdo a una auditoría de la Contraloría General de la República, el monto estimado de la lesión patrimonial asciende a 592,364 dólares. De ese total, 458,896 dólares habrían sido transferidos a través de cheques a una cuenta bancaria en la que El-Haje y Cortez aparecen como signatarios. Por esta razón, la fiscalía señala que el 77% del dinero que no ha podido ser sustentado pasó por esta cuenta.

Las transferencias ocurrieron entre 2021 y 2023. El Ministerio Público detalló que la descripción de los cheques decía que eran para compra de juguetes, bonos navideños y bolsas de comida. La compañía vinculada a la cuenta fue nombrada por la fiscalía como Caribbean Company, sin embargo en el Registro Público aparece bajo el nombre Caribe Company, S.A. En esta sociedad se encuentra Cortez como miembro de la junta directiva en el cargo de secretaria, y la presidenta es Ana Mae Ceballos Rose, pareja sentimental de Alex Lee.

Para 2024, cuando el Ministerio Público inicia formalmente la investigación, ya la cuenta bancaria había sido vaciada. De acuerdo a los abogados defensores de El-Haje y Cortez, su única vinculación con esta investigación es por ser firmantes de la cuenta, afirmando que no tampoco son beneficiarios finales, ni dueños de la empresa.

El-Haje es un empresario de larga trayectoria en Zona Libre de Colón, mientras que Cortez es una empleada que trabaja para una de sus compañías en el departamento de tráfico. De acuerdo al abogado de Cortez, ella solo aparece de nombre.

Los montos por los que habrían sido beneficiados desde la cuenta investigada que han sido revelados hasta el momento son bajos. En el caso de El-Haje son pagos a tarjeta de crédito por 16 mil dólares, mientras que Cortez recibió dos cheques que en total suman 1,096 dólares.

El juez de garantías, Carlos Villareal, ordenó las medidas cautelares de depósito domiciliario y prohibición de salida del país a ambos, añadiendo en el caso de Cortez permiso para trabajar de 6 am a 7 pm de lunes viernes. En ambos casos, destacó que tienen arraigo familiar y profesional fuerte en Colón, y consideró que la vinculación es mínima, aunque reconoció la gravedad de la naturaleza del hecho investigado. El Ministerio Público apeló la decisión y se revisará en una futura audiencia de apelación.

La propia fiscal anticorrupción declaró durante la audiencia que la investigación se encuentra en una etapa inicial, y que aún intentan localizar dónde se encuentran los fondos presuntamente transferidos de forma irregular desde la junta comunal. Hasta el momento han logrado detectar cientos de transferencias financieras y están avanzando con operativos y diligencias para recabar más información.

Debido precisamente a la complejidad de la investigación, Castillo espera que se declare el caso como causa compleja, extendiendo así el tiempo que tiene el Ministerio Público para realizar sus investigaciones más allá de los 6 meses. La audiencia está agendada para el próximo 30 de octubre.