Caso Barrio Sur: Detención provisional a empresario de ZLC y posible colaboración

De la casa a la cárcel. Un tribunal revocó este jueves 12 de noviembre la medida cautelar de depósito domiciliario a dos de los imputados en el caso de la junta comunal Barrio Sur de Colón, cambiándola por detención provisional.

Se trata del empresario de Zona Libre de Colón (ZLC) Mahmoud El-Haje y la secretaria Yoselin Ibeth Cortez, ambos imputados por presunto blanqueo de capitales. Durante la audiencia, se adelantó una posible colaboración de los imputados con la Fiscalía, aunque aún no se ha concretado un acuerdo.

“Los magistrados del Tribunal de Apelaciones consideraron que la medida cautelar no era acorde ni ajustada a derecho y revocaron la misma, imponiendo para estos dos ciudadanos la medida cautelar de detención provisional”, manifestó la fiscal anticorrupción Digna Castillo. “Es importante establecer que este delito de blanqueo de capitales está relacionado a los fondos del peculado en razón de la Junta Comunal de Barrio Sur”, precisó.

El-Haje y Cortez son dos de 6 personas imputadas, incluyendo al exalcalde de Colón Alex Lee, en un caso por irregularidades en la Junta Comunal de Barrio Sur. De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, citado por el Ministerio Público, esta junta comunal recibió fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), como parte del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), de los cuáles alrededor de 565 mil dólares fueron malversados. De ese total, 458 mil habrían ido a una cuenta bancaria en la que El-Haje y Cortez eran los únicos firmantes.

La sociedad

La cuenta estaba vinculada a Caribe Company, S.A.

Esta sociedad es creada en 2017 bajo el nombre Intercaribe Company, Inc, de acuerdo a información del Registro Público. En 2020, se le cambia el nombre a Caribe Company, S.A. En agosto de 2022 se designa como presidenta de la sociedad a Ana Mae Judith Ceballos Rose, pareja sentimental de Alex Lee y ahora también imputada en el caso. A la fecha, Ceballos Rose aparece como presidenta y Cortez como secretaria en la junta directiva.

De acuerdo al Ministerio Público, en 2023 se registraron 274 transacciones de parte de la Junta Comunal a la cuenta de esta empresa, las cuáles no han podido ser justificadas. Se detallan 71 transferencias ACH, 46 certificaciones de cheques y 12 pagos a tarjetas de crédito.

Según el pacto social, la empresa debía dedicarse a la construcción, pero los pagos eran para la supuesta compra de bonos navideños, juguetes y otras actividades que no han podido ser propiamente sustentadas.

A pesar que los reportes citados durante la audiencia señalan que en la cuenta se manejaron más de 1 millón de dólares, las transferencias en beneficio directo de El-Haje y Cortez fueron de solo 16 mil dólares en pago de tarjeta de crédito de El-Haje y 1,100 dólares en pago de salario a Cortez, quien gana salario mínimo.

Una gran pregunta que aún queda sin responder fue hecha por el magistrado presidente del tribunal, Andrés Reyes.

Si la sociedad fue vendida, ¿por qué se mantuvieron como firmantes?

Colaboración

Los abogados defensores no pudieron responder directamente la pregunta del magistrado. La razón, explicaron, es que involucra elementos que están dispuestos a contarle al Ministerio Público pero que no pueden divulgar en una audiencia pública.

De hecho, al inicio de la audiencia los abogados defensores solicitaron que la audiencia se llevara a cabo bajo reserva de sumario, a lo que la fiscalía no objetó. Sin embargo, el magistrado Reyes negó la solicitud y permitió la presencia de periodistas en la audiencia.

El argumento del abogado defensor de El-Haje era que iban a presentar información sensitiva, y que temían por la seguridad personal de su representado en caso de colaboración con el Ministerio Público.

Durante la audiencia, el juez permitió la intervención de El-Haje quien manifestó: “Yo en casa puedo trabajar. Estoy dispuesto a ayudar. Quiero limpiar mi nombre. Vamos a ayudar a limpiar esto y van a ver de dónde vino y a dónde fue”.

Durante la audiencia del 16 de octubre, cuándo se les decretó depósito domiciliario, el juez de garantías tomó en consideración que El-Haje es un comerciante con más de 25 años en Zona Libre de Colón, con 3 hijos y una esposa que necesita cuidados médicos, mientras que Cortez es madre soltera, gana salario mínimo, cuida de su mamá discapacitada y vive en una casita en Cativá. Por ello, determinó que ambos tienen fuertes arraigos en la provincia y no son riesgo de fuga. Incluso permitió que Cortez tuviera permiso para salir a trabajar durante la semana.

Sin embargo, en la audiencia de apelación el magistrado determinó que ambos califican como un peligro para la comunidad debido a que el presunto perjuicio económico fue con fondos públicos y consideró que en el caso de El-Haje cuenta con los medios económicos para potencialmente evadir el proceso.

¿Qué sigue?

La fiscal encargada del caso, Digna Castillo, busca que este caso sea declarado causa compleja, lo que extendería el período de investigación a más de seis meses.

Adelantó que hay una audiencia programada para el próximo 20 de noviembre en la que se hará la solicitud al tribunal correspondiente.

En total, hay seis personas imputadas en este caso. La fiscal ha señalado en audiencias anteriores que se trata de un caso compleja en el que es necesario hacer la trazabilidad de múltiples cuentas bancarias y que se han realizado allanamiento y operativos en distintos puntos del país.