Caso Odebrecht entra en fase de juicio; Martinelli participará por videollamada

Luego de casi una década de espera, este lunes comienza la audiencia por uno de los casos de corrupción más grande en la historia de Panamá: Odebrecht.

Se trata de un expediente de 2.973 tomos (sin contar lo que presenten las defensas), nutrido por 146 asistencias internacionales, en el que hay 32 personas imputadas por el delito de blanqueo de capital, entre ellas dos expresidente de la República, seis exministros, dos hijos de un expresidente, empresarios y particulares.

Uno de los imputados, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, atendería la audiencia por videollamada.

“La República de Colombia ya informó que fue debidamente notificado para el desarrollo de la audiencia y es mi entender que el tribunal facilitó un link para que pueda conectarse por videoconferencia, participar de la misma y ejercer el desarrollo dentro de la audiencia como cualquier otro imputado que participará en este juicio”, detalló el procurador Luis Carlos Gómez Rudy a La Estrella de Panamá.

Martinelli se encuentra bajo asilo político desde mayo de 2025 en la República de Colombia. Sus dos hijos, Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, fueron juramentados junto con el expresidente Juan Carlos Varela en 2024 como diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Esto significaría que, mientras sean miembros del organismo, tendría que ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien decida sus casos. Fuentes del Ministerio Público explicaron que dependiendo de los argumentos que presente la defensa, la jueza encargada del caso podrá tomar la decisión de hacer ruptura procesal, es decir dividir el proceso entre individuos, o enviar los casos pertinentes a la CSJ.

El caso inició en Panamá en 2016, casi una década atrás. Ha demorado tanto, que los cargos iniciales de corrupción de servidores públicos ya prescribieron, aunque de acuerdo al procurador todavía pueden servir como delito precedente para el blanqueo de capitales.

La razón de la demora, según Gómez Rudy, es la complejidad y la necesidad de asistencia internacional. “Esto genera mucha información, la mayoría de naturaleza financiera que requiere también el levantamiento de los respectivos informes y los estudios especializados en esta temática de trazabilidad. Esta investigación inicia en el 2016 y en enero de 2017 se crea la Fiscalía Especializada que atiende este caso en particular”, describió el procurador.

La fiscal encargada del caso es Ruth Morcillo, quien se mantuvo en el caso a pesar de las rotaciones de fiscales hechas en el Ministerio Público.

En 2014 se destapa el escándalo de Lava Jato en Brasil, una trama de corrupción y sobornos que involucraba a la petrolera estatal Petrobras y varias empresas de alto perfil, entre ellas Odebrecht. En julio de 2015 se abre una acción penal contra el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. En marzo de 2016 es condenado a 19 años de prisión. Mientras tanto, la empresa seguía licitando y obteniendo contratos en Panamá.

En diciembre de ese mismo año Odebrecht firma un acuerdo de cooperación y Estados Unidos revela documentos sobre 788 millones de dólares en sobornos entre América Latina y África.

Es entonces que Panamá empieza a investigar. De allí, tomó cinco años solamente recopilar la información financiera y esclarecer la trazabilidad de los fondos.

”Trabajar con blanqueo de capitales requiere demostrar trazabilidad del dinero para luego realizar los estudios financieros y determinar si efectivamente el dinero es de procedencia ilícita y que se dieron las etapas que configuran este delito. Si el delito de blanqueo de capitales tiene un máximo de prescripción de 12 años, no tiene sentido que tengamos 5 años para poder acopiar la información”, cuestionó el procurador.

¿Qué va a pasar ahora?

“Para comprender el proceso estamos dentro de lo que llamamos fase plenaria”, explicó el procurador Gómez Rudy. ”Ya se dictó un llamamiento a juicio, se dio apertura a un periodo probatorio que fue utilizado tanto para la fiscalía como por las partes de las defensas y estamos ahora para llegar al desarrollo del juicio. Dentro del desarrollo del juicio cada uno de los votados indicará al tribunal si se consideran inocentes o culpables y también exigirá un periodo en el cual las partes podrán presentar pruebas extraordinarias. Luego de las prácticas de pruebas dentro del juicio penal corresponderá entonces la fase de alegaciones por todas las partes y el tribunal entraría entonces en estado de decidir para dictar su sentencia”, detalló.

En Panamá, el delito de blanqueo de capitales tiene una pena de prisión de entre 5 a 12 años. Este sería el plazo máximo que podría ser decretado como sentencia.

A la fecha, decenas de personas han sido sentenciadas por este caso. Se han cobrado millones de dólares y se mantienen varios sujetos en prisión. En total, se han homologado nueve acuerdos colaboración eficaz y quince acuerdos de pena. De acuerdo al procurador, esto llevó a la recuperación 85,1 millones de dólares. Paradójicamente, durante estos años el Estado panameño también ha pagado y sigue pagando millones de dólares a Odebrecht por proyectos como la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El procurador envió un mensaje a la ciudadanía que espera finalmente una resolución para este caso.

“La ciudadanía debe tener claro que todo proceso tiene reglas de trámites y este caso no es la excepción. Se han cumplido todas las fases correspondientes hasta el momento y se han seguido las reglas de un debido proceso. (Hay que) tener la confianza que el sistema de justicia vaya a responder conforme a la presentación del caso, la naturaleza del mismo y los grados de responsabilidad que se le atribuyan a aquellos que resulten vinculados al delito”, puntualizó.