Caso Odebrecht: primer día de audiencia cierra con dos acuerdos de pena y apertura formal a juicio

Al llegar al Palacio Gil Ponce, sede de la audiencia ordinaria del caso Odebrecht, la fiscal Ruth Morcillo informó este 12 de enero que el Ministerio Público está preparado para sustentar la condena por el presunto delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado contra los 23 presuntos imputados.

Además de Morcillo participan en este caso las fiscales Jenisbeth Malek y Thalia Palacios, quienes presentaron las evidencias en la audiencia que podría extenderse hasta este 13 de febrero.

Cuatro de los imputados pasaron a ser investigados por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputados del Parlacen. Además, un imputado se encuentra bajo trámite de un amparo de garantías que está en apelación por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Antes del inicio de la audiencia, se validaron dos acuerdos de pena con dos imputados, uno con 40 meses y otro con 21 meses de prisión más la devolución del dinero presuntamente blanqueado, acto que se realizó en reserva a petición de las partes.

Posteriormente, se dio lectura al auto de apertura a juicio del caso, que mantiene más de 480 fojas de un expediente de 2,800 tomos.

Entre las personas implicadas en esta causa está el expresidente de la República Ricardo Martinelli, seis exministros, exfuncionarios, empresarios y particulares.

La investigación inició en 2017, cuando el Ministerio Público, mediante herramientas de colaboración eficaz internacional, obtuvo declaraciones de culpabilidad de ejecutivos de la empresa Odebrecht en Suiza y en Panamá. Estas declaraciones permitieron establecer cómo la empresa pagó a funcionarios panameños para obtener el beneplácito en la construcción de obras a través de la llamada caja 2 de Odebrecht.

Según la investigación, Odebrecht operaba por medio de la División de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos a funcionarios públicos, utilizando sociedades anónimas en varias jurisdicciones como Belice, Uruguay, Países Bajos, Bahamas, Bolivia, Chipre y Panamá.

Las declaraciones que constan en el expediente, producto de la colaboración internacional de Brasil, Suiza y Estados Unidos, señalan que la empresa reconoció haber hecho pagos de sobornos.

La estructura de los pagos presuntamente incluía la participación de testaferros, sociedades y cuentas facilitadas por la empresa a través de terceros para recibir dinero ilícito.

En el marco de este caso, se registran sobornos por alrededor de 439 millones de dólares pagados por la constructora no solo en Panamá, sino también en países como Colombia, México, Angola, Mozambique, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y República Dominicana.

Hasta la fecha, en esta causa hay 19 personas condenadas y se han recuperado más de 80 millones de dólares.