Caso Pandora: Desde casinos a firmas de abogados y correos de gmail

El Caso Pandora involucró modificaciones a operaciones financieras de más de una década de antigüedad, funcionarios aprovechando procesos para crear créditos fiscales ficticios y firmas de abogados que tomaron el lugar de los representantes legales legítimos de empresas internacionales para poder desviar los créditos fiscales. Así lo detalla un informe de auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que representa una pieza clave de los argumentos del Ministerio Público.

Los funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) habrían anulado operaciones de venta de fincas, equipos y acciones entre empresas, muchas de ellas reconocidas internacionalmente. En estas transacciones las empresas pagan un impuesto, por lo que al ser anuladas se crea una boleta de pago y posteriormente un crédito fiscal a través de la plataforma e-tax 2.0.

Se trata de transacciones que iban desde algunos miles de dólares, hasta más de 8 millones de dólares. Las transacciones anuladas en el sistema tenían más de una década de antigüedad y en la práctica ya habían sido concretadas, por lo que las empresas involucradas originalmente no tenían ninguna razón para verificar estos trámites.

El informe del MEF las lista como “contribuyentes afectados” entre los que están empresas como Kodak Panama, Johnson & Johnson, British American, La Floresta Seguros y Vida, Kellog Company, National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Centro de Pinturas Pintuco, Bacardi Centroamérica, Credomatic de Panamá, Millicom, S.A., entre otras.

Estas empresas no son consideradas parte del esquema criminal y no están siendo investigadas, aparecen en la auditoría pues fueron sus transacciones las que fueron anuladas por los funcionarios de la DGI en el sistema electrónico, de acuerdo al informe del MEF.

Para ilustrar un ejemplo citado en el informe, Thunderbird Resorts Inc. vendió el 63.6% de sus acciones en seis casinos en Panamá a la subsidiaria Codere, S.A. por 38 millones de dólares en 2010. Más de una década después, se introducen 5 trámites de anulación en la DGI, que suman un total de 2.3 millones de dólares por impuesto sobre la renta. Es aquí dónde se generan los créditos fiscales.

Pero, si se anularon las transacciones, ¿no deberían los créditos fiscales llegar a las empresas? ¿No se darían cuenta en este punto de la irregularidad? Es ahí dónde entran los “agentes intermediarios” en presunta complicidad con los funcionarios de la DGI.

El informe del MEF detalla junto a cada uno de los contribuyentes afectados (las empresas cuyas transacciones antiguas fueron canceladas en el sistema) el nombre de sus respectivos representantes legales. En el caso de Thunderbird, era la firma de abogados Icaza, González, Ruiz y Alemán. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2024 se cambia en el sistema de la DGI el nombre del representante legal a nombre de Dagoberto Segundo Díaz Gómez. Múltiples sociedades ese mismo año se cambian en el sistema de la DGI para que Segundo Díaz sea su representante. En otros casos, el nombre del nuevo representante es otro. Pero hay dos elementos claves, el nuevo correo electrónico para contacto es un correo personal de Gmail, idéntico para decenas de empresas en las que se efectúo este cambio; y todos los cambios fueron hechos por el mismo nombre de usuario de la DGI: caguirre.

En otras palabras, de acuerdo a la auditoría un solo funcionario cambió los datos de decenas de empresas a un solo correo personal. Esto quiere decir que la coordinación para los trámites de los créditos fiscales generados artificialmente no llegaría a los representantes legítimos de las empresas, por lo que ni siquiera se enterarían del hecho.

¿Quién recibía entonces los créditos?

La teoría de la Fiscalía es que hubo complicidad entre funcionarios, abogados y empresarios para triangular los créditos fiscales a través de distintas sociedades intermediarias. Los créditos no son dinero en efectivo, sino que pueden ser utilizados para pagar compromisos tributarios. Sin embargo, lo que se habría hecho, de acuerdo a la investigación, es vender esos créditos fiscales por dinero real que terminó beneficiando a particulares.

Hay múltiples sociedades listadas en la investigación como sociedades intermediarias. La auditoría del MEF nombra a Inmobiliaria Riverside, S.A., La Naranja BP, S.A., Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A. Inc., Financiera Buena Fe, Master Eco Green, S.A., Bonay Intl Investments Inc., y Bonay International Holding, S.A, entre otras.

Entre los representantes legales de las sociedades destacan Cira Elizabeth Marin, de la sociedad Bonay International Holding, S.A. en la que aparece como presidenta en el Registro Público. El agente residente de esta sociedad era la firma de abogados Apriori Abogados y Asesores, en la que son socios Jercovick Joyner y Madelaine Idalis Rojas De León.

Joyner fue aprehendido por las autoridades y ha sido imputado en el caso Pandora. La Fiscalía asegura que recibió millones de dólares en transferencias y transfirió cientos de miles de dólares a sus cuentas personales.

El abogado y su firma eran sumamente activos en redes sociales, publicando frecuentemente en sus cuentas de Instagram ofreciendo asesoría en temas legales. El 22 de mayo de 2026, Joyner renunció al cargo de agente residente de las sociedades Bonay nternational Inc., Hookah Corporation, Rodabig Panama S.A. y Fundación Bioex. El sitio oficial de la firma de abogados, apriorilaw.com, ya no se encuentra en línea.

La Estrella de Panamá consultó al expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, si es legal vender créditos fiscales y cuáles son los controles que existen sobre la materia.

“No todos los créditos fiscales son libremente negociables. Algunos son personalísimos e intransferibles, mientras que otros pueden ser objeto de cesión cuando una ley expresamente lo autoriza”, explicó Araúz. “Cuando la cesión es legalmente posible, deben observarse estrictamente los requisitos previstos por la normativa fiscal, civil y administrativa. Además, quienes intervienen en la operación deben cumplir con los controles de debida diligencia, identificación de las partes, origen del crédito, legitimidad de la cesión y cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”, añadió.

Sobre la responsabilidad legal de los abogados y firmas legales implicadas, Araúz comentó que los abogados que dependiendo del rol que desempeñe un abogado en la operación, puede estar obligado a verificar la documentación que respalda el crédito, la legitimación de las partes, la capacidad para contratar y la legalidad del negocio jurídico.

“Sin embargo, la responsabilidad no puede presumirse por el solo hecho de haber participado como asesor, redactor o estructurador de una operación. Para atribuir responsabilidad será necesario demostrar, conforme al debido proceso, que existió conocimiento, participación dolosa o alguna conducta culposa jurídicamente relevante prevista por la ley”, precisó.

En cuanto a los agentes intermediarios, apuntó que dependiendo de su naturaleza sus obligaciones pueden incluir identificar adecuadamente a sus clientes; verificar la documentación soporte; cumplir con las obligaciones de debida diligencia; reportar operaciones cuando así lo exija la legislación aplicable; y abstenerse de participar en operaciones cuya legalidad resulte manifiestamente cuestionable.

“Si un intermediario incumple los deberes impuestos por la ley, podría enfrentar responsabilidades civiles, administrativas o penales, según la naturaleza de la conducta acreditada”, advirtió.

La anulación de transacciones, los cambios a los nombres de representantes legales y correos electrónicos, ocurrieron dentro de la DGI. Una de las personas que jugaba un papel fundamental era Eduardo Silvestre, jefe Cuenta Corriente en la institución.

Silvestre era uno de los responsables en aprobar los trámites que ahora son investigados por la Procuraduría y es uno de los 16 imputados en el caso. A diferencia de la mayoría de los imputados, a Silvestre no se le decretó detención provisional como medida cautelar. De acuerdo a fuentes cercanas al caso, el motivo es que logró un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público.

Durante el proceso se deslindarán responsabilidades, pero el propio MEF reconoce en su informe que se violaron varios procedimientos.

“Basado en los hechos y las observaciones descritas, las cesiones descritas son improcedente para los créditos fiscales para las boletas de pago en la cuenta 6-Créditos de pagos no aplicados, descritos en la modalidad “Créditos de Pagos No Aplicados a Otros RUC”. Esto da lugar nuevamente a mencionar que las cesiones no cumplieron con un proceso de auditoría, revisión de instancia administrativa y emitida una resolución motivada por el Director General de Ingresos facultado por ley, tal como lo establece cada una de las resoluciones descritas en esta sección, así como falta de aportar la documentación requerida”, detalla el informe.

El documento explica que la DGI brinda al contribuyente la opción de “división de pagos” para traspasar y ceder boletas de pago, pero que este recuso es para facilitar el uso del crédito fiscal y compensar deudas propias, “y no como una herramienta para propósitos negociables”. También detalla que se anularon documentos como una forma de no dejar rastro de los hechos, anulando ajustes para que no fueran visibles en los documentos asociados al trámite.