Cepanim: proyecto de ley para usar el 100% de su valor avanza

El proyecto de ley que busca permitir el uso de los certificados del Cepanim por el 100% de su valor nominal fue aprobado en primer debate, por lo que ha generado posiciones encontradas sobre su aplicación en el mercado.

Un ejemplo fue los cuestionamientos que recibió el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante su sustentación de las vistas presupuestarias de su entidad en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la tarde de este 28 de septiembre.

Chapman planteó que personalmente no tiene reparos con una iniciativa que contemple el reconocimiento del 100% del valor de los certificados. Sin embargo, advirtió sobre las expectativas que podría generar entre los beneficiarios.

Chapman explicó que su preocupación está relacionada con la realidad del mercado, ya que una ley no necesariamente garantiza que todos los comercios acepten los certificados por el 100% de su valor.

“Al poner una ley crean una expectativa y no se lo van a aceptar”, señaló Chapman al referirse a la diferencia entre lo establecido legalmente y las condiciones del mercado.

Por su parte, el diputado Javier Sucre defendió la iniciativa y aclaró que el proyecto no obliga a ningún comercio a recibir los certificados si no está dispuesto a hacerlo.

Según Sucre, la propuesta también busca generar oportunidades de beneficio para los comercios que decidan aceptar estos documentos, además de facilitar su utilización para el pago de determinadas obligaciones.

Uno de los principales puntos de la iniciativa es que los certificados del Cepadem puedan ser recibidos por personas naturales, jurídicas y entidades públicas por el 100% de su valor nominal como forma de pago por bienes y servicios.

La medida busca evitar los descuentos que actualmente pueden enfrentar los beneficiarios al momento de utilizar o negociar estos certificados.

Además, a partir del periodo fiscal 2027, los contribuyentes que acepten los certificados podrían utilizarlos como instrumento compensatorio, liberatorio o como crédito fiscal frente al Estado.

La Dirección General de Ingresos (DGI) tendría la responsabilidad de reglamentar el procedimiento para su acreditación digital o mediante endoso tributario.

De acuerdo con los impulsores de la propuesta, estas medidas permitirían dar mayor liquidez a los tenedores de los certificados y contribuir a dinamizar el consumo y la actividad económica local.

El proyecto continuará su trámite legislativo luego de su aprobación en primer debate.