China, el reclamo de Mulino a la embajada de EE.UU. y la respuesta del embajador

No pasaron ni dos meses desde la llegada del embajador de Estados Unidos a Panamá, Kevin Marino Cabrera, y ya se presenta el primer encontrón con el Gobierno panameño.

Este jueves, durante la conferencia semanal del presidente, José Raúl Mulino, este salió al paso al comunicado de la sede diplomática estadounidenses sobre la instalación en el país de unas torres de comunicaciones pagadas por Washington y que sustituirían otras previamente dispuestas por la empresa china Huawei.

El mandatario, por vez primera, calificó de “unilateral” lo dicho por la embajada y cuestionó al diplomático por opinar sobre los asuntos internos de Panamá. “Le solicito a la Embajada de Estados Unidos que se abstenga de estar haciendo pronunciamientos públicos respecto a decisiones que solo toma el Gobierno panameño”, respondió ante una pregunta de La Estrella de Panamá sobre este asunto.

El comunicado se publicó un día antes en el página web de la embajada. Este da detalles sobre una labor que vienen haciendo los estadounidenses para contrarrestar lo que denominan como “maligna influencia china en el hemisferio”. Habla de que colocarán torres en 13 puntos del país y que reemplazarán el equipo puesto por Huawei, uno de los gigantes tecnológicos chinos que se encuentra en la mira de la administración del presidente Donald Trump.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien explicó a solicitud de Mulino los antecedentes del proyecto, dijo que esto arrancó con recursos de Panamá en 2017, como parte de una coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la provincia de Darién y el área este de la provincia de Panamá. Detalló que se hizo en un inicio con la empresa estadounidenses Contel y que incluía otros equipos adquiridos por el Ministerio de Seguridad, pero que fueron rechazados luego por Washington argumentando un riesgo de ser espiados.

“Objetan el proyecto basados en que la seguridad de sus equipos tecnológicos corren peligro de que sean escuchados o transmitidos, porque la red que se estaba instalando no cumplía con los requisitos de seguridad militar de Estados Unidos”, detalló Ábrego, quien reconoció que se reemplazarían las torres, pagadas por Washington, a un costo de 8 millones de dólares.

Ábrego manifestó que el programa “no es malo”, aunque reiteró la molestia de Mulino sobre la divulgación unilateral del proyecto, que ni el Senafront ni el Ministerio de Seguridad habían publicado antes.

Pocas horas después, el embajador Cabrera respondió al mandatario y dijo que todo lo hecho lo hizo con autorización del Gobierno panameño.

“Tenemos todas las autorizaciones de Panamá, nadie ha dicho que estamos cambiando las antenas solos. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, con el ministro Ábrego y el presidente. Todas las decisiones que estamos tomando, sea esto o el memorando de entendimiento, es con la autorización de Panamá”, indicó el diplomático durante un encuentro en la provincia de Veraguas con autoridades locales.

La llegada de Trump al poder profundizó las tensiones que venían de antes con China, país con el que enfrenta una dura disputa geopolítica, que tomó forma en los últimos meses como una guerra arancelaria y mayores tensiones por el dominio de las esferas de influencia en el mundo.

En el caso de Panamá, desde diciembre de 2024 la presión aumentó desde la Casa Blanca con acusaciones sin pruebas sobre una supuesta “injerencia” del Gobierno chino en la administración del Canal y los puertos. Algo martillado en el discurso de Trump y sus más altos funcionarios, en el que no descartan el uso de la fuerza para arrebatar a Panamá el control de la vía interoceánica, que retornó a manos panameñas tras más de 96 años de protesta y la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Cartes (1977).

Una narrativa que generó indignación en Panamá y críticas al gobierno; cosa que no ha movido un milímetro la postura de Washington y que fue reiterada ayer por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien en una audiencia en el Congreso, pese a las insistentes preguntas de los congresistas, se negó a descartar una posible intervención armada contra el país.

El reclamo de Mulino incluso fue más allá del “desliz” diplomático de la embajada y fijó postura sobre la guerra fría que avanza entre las dos potencias. “Ellos que peleen su problema en Washington o en Beijing, pero no en el patio panameño. Respeten que Panamá no es parte de ese conflicto bilateral de ninguna índole con China”, sostuvo.

El mandatario insistió en que el país no debía ser atraído a un conflicto internacional en el que “no tenemos nada que jugar”.

Unas declaraciones que contrastan con el manejo de la diplomacia panameña durante este año, marcado por un fuerte alineamiento con Estados Unidos.

Este incluye el retiro de Panamá de la iniciativa comercial china de la Franja y la Ruta, luego de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero. Igual, la firma del memorándum de entendimiento con el Departamento de Estado en abril, que en opinión de especialistas en derecho internacional abre la puerta para instalar bases militares, lo que representaría un violación a la soberanía y la Constitución. Esto último negado con contundencia por el Gobierno, al sostener que estos solo son “acuerdos administrativos” y no son lesivos al país.

Igualmente, la incorporación de Panamá en la política antimigrante de Trump con deportaciones masivas y la firma un acuerdo suscrito por el ministro del Canal, José Ramón Icaza.

Ese último, un documento del que solo se conoce la versión en inglés y que Estados Unidos interpreta como un “mecanismo” que les da a sus buques un paso “gratuito” por el Canal, algo contrario al Tratado de Neutralidad. Un tema espinoso que el gobierno también niega y sobre el cual aún se desconoce su alcance.