Choque en la Comisión de Presupuesto por traslado de $30 millones a municipios

La discusión sobre el traslado de $30 millones para municipios desató un fuerte choque político en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezados por Benicio Robinson y Raphael Buchanan, cuestionaron con dureza el manejo de los fondos de descentralización y acusaron a la administración actual de utilizar auditorías y denuncias como un mecanismo de “persecución política” contra juntas comunales y alcaldías vinculadas al colectivo.

La tensión aumentó cuando Robinson sostuvo que el traslado de partidas “afecta recursos de la deuda”, lo que, según afirmó, violaría disposiciones constitucionales que impiden modificar fondos destinados al servicio de la deuda pública.

“Se puede tocar todo lo que está en el presupuesto, menos la deuda”, insistió Robinson durante una intervención marcada por cuestionamientos directos a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

El diputado también afirmó que el Gobierno mantiene una deuda superior a $390 millones con municipios y juntas comunales por ingresos del impuesto de bienes inmuebles que, según dijo, ya fueron cobrados a los contribuyentes.

Robinson endurece el tono

El dirigente bocatoreño elevó rápidamente el tono político del debate al acusar a la AND de concentrarse más en investigaciones que en garantizar los desembolsos a gobiernos locales.

“Si usted hubiera atendido su presupuesto no estuviéramos colgando con más de 390 millones de dólares que no le han dado a descentralización para poder hacer su trabajo”, reclamó.

Robinson también acusó directamente a la administración de descentralización de enfocar sus acciones contra dirigentes opositores.

“Si no hubiera entrado solamente a perseguir a los PRD en las juntas comunales y a los municipios, y algunos cambios democráticos y algunos panameñistas, se hubiera ubicado mejor en cómo administrar bien la descentralización”, manifestó en tono desafiante.

La discusión giró alrededor de la distribución de recursos provenientes del impuesto de bienes inmuebles. Robinson cuestionó por qué el presupuesto no refleja el total de la recaudación anual —que cifró en cerca de $190 millones— y por qué los municipios reciben montos inferiores a los ingresos reales del Estado.

Según el diputado, el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manejan una planificación “inexacta”, lo que termina afectando proyectos comunitarios y obras locales.

Durante el intercambio, exigió explicaciones sobre una distribución de $83 millones, otra de $113 millones y el traslado adicional de $30 millones sometido a discusión en la comisión.

El diputado insistió en que los documentos entregados por la AND no aclaraban si los recursos ya habían sido desembolsados o si solo correspondían a estimaciones presupuestarias.

“Yo no estoy preguntando lo que se ha memorizado la señora administradora anoche de este documento”, lanzó en uno de los momentos más tensos de la sesión.

También cuestionó la fórmula utilizada para distribuir los recursos provenientes del impuesto de bienes inmuebles y criticó que los municipios no reciban la totalidad de lo recaudado.

La respuesta de descentralización

La administradora de descentralización respondió que los fondos solo pueden distribuirse según lo aprobado en el presupuesto vigente y defendió que el actual gobierno “reconoce por primera vez” el total de los recursos que corresponden a los municipios por ley.

La funcionaria sostuvo además que administraciones anteriores no transfirieron la totalidad de los ingresos municipales derivados del impuesto de inmuebles.

“Lamento, diputado Robinson, que siga sintiéndose tan afectado por las denuncias”, respondió durante el intercambio.

Méndez defendió las investigaciones impulsadas por la entidad y explicó que la AND remitió al Ministerio Público expedientes vinculados a $320 millones “sin justificación”, aunque señaló que algunos casos posteriormente lograron sustentar el uso de recursos.

“El Ministerio Público es el que da respuesta a los 238 millones de dólares que no pudieron ser sustentados y que ellos están investigando”, añadió.

La administradora también rechazó las críticas sobre la distribución de fondos y aseguró que gobiernos anteriores omitieron reconocer el crecimiento real de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles.

“Por primera vez un gobierno reconoce la totalidad de lo que la estimación real corresponde”, afirmó ante la comisión legislativa.

Buchanan se suma al reclamo

El diputado Raphael Buchanan respaldó la postura crítica del PRD y cuestionó la narrativa oficial sobre supuestos recortes presupuestarios hechos por la Asamblea.

Buchanan pidió aclarar públicamente si fue el MEF o la Asamblea quien disminuyó las asignaciones para descentralización, luego de que funcionarios sugirieran que la Comisión de Presupuesto redujo fondos solicitados originalmente.

“El que hace los recortes es el Gobierno”, reclamó el diputado.

El diputado sostuvo que no era justo responsabilizar a la Asamblea por la falta de recursos en corregimientos y municipios.

El intercambio obligó a funcionarios del MEF a intervenir para explicar que la institución realiza “análisis y redistribución” de partidas, aunque evitaron hablar de “recortes” directos.

Vamos entra en la discusión

La diputada Janine Prado introdujo otro ángulo al debate al cuestionar si la fórmula actual de distribución de fondos municipales realmente refleja las necesidades sociales y económicas de las provincias del interior del país. Durante su intervención, planteó dudas sobre el uso del censo poblacional como principal criterio para asignar recursos, tomando en cuenta que la movilidad de la población cambia constantemente y que muchas comunidades siguen rezagadas en inversión pública.

Prado mencionó el caso de Veraguas, provincia que —según dijo— registra una fuerte migración laboral hacia la franja canalera debido a la falta de oportunidades económicas locales.

“Porque una cifra dada a conocer hace muy poquito dice que en la provincia de Veraguas es el único lugar en el que la población activa tiene que migrar hacia la franja canalera para poder encontrar una oportunidad de trabajo. Y realmente para mí es una prioridad poder invertir eso y generar puntos de desarrollo económico”, expresó.

La diputada insistió en que Panamá mantiene profundas desigualdades territoriales y cuestionó que gran parte de la inversión estatal continúe concentrándose en la capital.

“Muchas veces se toman decisiones basadas en población, pero sale beneficiada la capital. Se invierte miles y miles de millones en la capital, como si tuviéramos dos Panamá diferentes y del puente para allá fuéramos ciudadanos de segunda categoría”, sostuvo.

Prado señaló que provincias como Veraguas tienen potencial logístico, turístico y económico por su ubicación entre ambos océanos, pero siguen enfrentando rezagos en servicios básicos e infraestructura.

“El interior del país tiene todo el potencial del mundo, pero necesita equidad, necesita igualar las oportunidades para que realmente ese desarrollo pueda existir”, afirmó.

La diputada también recordó que muchas comunidades todavía carecen de acceso estable a agua potable y saneamiento básico.

“El tema de las letrinas no se ha subsanado en muchos corregimientos del país, pero el tema del agua potable no distingue ni área urbana ni rural; es una constante en muchos distritos”, agregó.

Ante estos cuestionamientos, la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización respondió que actualmente se analiza una posible modificación al sistema de distribución de recursos municipales, utilizando criterios distintos al tamaño de la población.

Según explicó, la revisión se desarrolla mediante una consultoría financiada por Naciones Unidas y evaluada junto al Ministerio de Economía y Finanzas.

“Está siendo evaluada una propuesta de categorización de municipios no solamente tomando la población, sino también otras variables que reflejan la vulnerabilidad de las poblaciones”, indicó.

La funcionaria explicó que la propuesta contempla cinco categorías de municipios para lograr una distribución “más equitativa” de los recursos públicos, tomando en cuenta las realidades sociales y económicas de cada territorio.

“Esto podría contribuir a lograr una mayor equidad en la distribución de los recursos en función de las realidades de cada territorio, que es uno de los propósitos de la descentralización”, sostuvo.

Prado preguntó entonces si esos cambios requerirían modificaciones legales dentro de la reforma a la Ley de Descentralización que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.

La directora respondió que sí sería necesaria una modificación normativa, aunque aclaró que no tendría que hacerse mediante una reforma integral de la ley.

“Sí, claro que requeriría una modificación, que no necesariamente tiene que estar dentro de una modificación integral de la Ley 37. Puede ser una modificación parcial respecto a ese aspecto”, precisó.

Pese al ambiente cargado de reproches y acusaciones, la solicitud recibió 10 votos a favor, una abstención —la de Robinson— y ningún voto en contra.

La sesión dejó al descubierto el creciente choque entre sectores del PRD y las autoridades encargadas de descentralización, en un momento en que el manejo de fondos municipales se convirtió en uno de los temas más sensibles del escenario político nacional.