Claves de la entrada en vigencia del fallo sobre Panama Ports Company

Este lunes 23 de febrero fue publicado en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato-ley que otorgó a Panama Ports Company la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Con ello, el Estado queda habilitado para definir un nuevo esquema de administración de estas terminales estratégicas.

1. ¿Qué quedó en firme?

Con la publicación del fallo —de 69 páginas y fechado el 29 de enero de 2026— quedó ejecutoriada la decisión que declara inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato con PPC para la administración de ambas terminales portuarias.

2. Alcance de la decisión

En su parte resolutiva, la Corte también declaró inconstitucional la prórroga del contrato y los actos inherentes derivados de esta, incluyendo la resolución emitida el 23 de junio de 2021 por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

3. Demandas acumuladas

El pleno de la Corte acumuló dos demandas de inconstitucionalidad relacionadas con el mismo contrato y resolvió ambas en una sola sentencia. Entre los argumentos planteados en las acciones legales se indicó que el contrato limitaba la capacidad soberana del Estado sobre el uso y gestión de sus recursos.

4. Nueva ruta para la administración portuaria

Tras la publicación del fallo, el presidente José Raúl Mulino confirmó que el Gobierno implementará una estrategia para garantizar la continuidad de la operación en los puertos ubicados en las riberas del Canal.

El mandatario adelantó que, una vez ejecutoriada la decisión judicial, se iniciará un proceso de transición bajo la conducción del Gobierno, evaluando distintos escenarios y alternativas, con el objetivo de asegurar los mejores resultados para el país.

5. Esquema de operación por separado

Mulino explicó que se analiza un esquema que permita operar los puertos por separado, dentro de una transición que calificó como trascendental y delicada para Panamá, dada la relevancia logística y económica de ambas terminales.

Con la entrada en vigor del fallo, se abre así una nueva etapa en la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, mientras el Ejecutivo define el modelo que regirá su operación en adelante.