Cobre Panamá: Camipa advierte sobre el costo económico de mantener la mina detenida

Camipa indicó que existen antecedentes viables en el derecho comparado internacional, tales como la conformación de empresas mixtas o esquemas de contratación directa a operadores especializados. Archivo | La Estrella de Panamá
  • 18/11/2026 09:06

Sousa calificó que el anuncio es un ‘paso responsable y coherente’ por parte de la administración gubernamental, aunque insistió en que el proceso debe transcurrir con la mayor celeridad posible.

En medio de la decisión de negociar con Cobre Panamá, el Gobierno debe priorizar los mejores beneficios para el país, enfocándose especialmente en las comunidades directamente impactadas por el proyecto, así lo manifestó el presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Severo Sousa.

Estas declaraciones se producen tras el importante anuncio hecho este lunes por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ordenó el inicio de conversaciones formales con Minera Panamá para explorar un acuerdo enfocado en obtener el máximo provecho para la nación y definir el futuro de la mina de Donoso.

El mensaje del mandatario, canalizado a través de un equipo interministerial, estableció que cualquier entendimiento deberá velar por la soberanía nacional, el cumplimiento estricto de la Constitución, el cese de los procesos arbitrales internacionales y la inclusión innegociable de un plan de cierre ordenado y definitivo, contemplando además procesos de consulta ciudadana bajo los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

Ante este escenario, Sousa calificó que el anuncio es un “paso responsable y coherente” por parte de la administración gubernamental, aunque insistió en que el proceso debe transcurrir con la mayor celeridad posible.

El presidente de Camipa advirtió sobre el elevado costo económico que representa mantener el proyecto detenido, señalando que el país deja de percibir cifras millonarias diarias, además de privarse de la reactivación de cerca de 40,000 empleos directos e indirectos que dinamizarían la cadena de suministros, mipymes y la economía de regiones como Colón y Coclé.

En cuanto a las vías legales bajo las cuales podría estructurarse una futura relación contractual —descartando la operación directa del Estado por falta de capacidad y evitando acudir a la Asamblea Nacional—, Camipa indicó que existen antecedentes viables en el derecho comparado internacional, tales como la conformación de empresas mixtas o esquemas de contratación directa a operadores especializados.

Para Sousa, lo fundamental no es decantarse rígidamente por una u otra figura jurídica, sino elegir aquella que garantice el mayor rédito social y económico para el Estado panameño.

Asimismo, recalcó la necesidad imperativa de escuchar de manera genuina a los habitantes de las áreas circundantes a la huella del proyecto minero.

Argumentó que, durante los momentos de crisis anteriores, la atención se volcó primordialmente en los centros urbanos de la capital, relegando las necesidades apremiantes de las comunidades locales que hoy resienten la falta de fuentes de empleo, oportunidades de desarrollo y aportes comunitarios en infraestructura y salud.

El presidente de Camipa enfatizó que la minería moderna puede desarrollarse bajo estrictos estándares de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

Sostuvo que la transición global hacia tecnologías verdes incrementa exponencialmente la demanda internacional de minerales críticos como el cobre, un recurso estratégico del cual Panamá posee inmensos yacimientos.

Bajo esta perspectiva, Camipa considera que el país se encuentra ante una oportunidad histórica para redefinir su posición geopolítica, transformando una coyuntura compleja en un modelo de gestión transparente que concilie el crecimiento económico con la preservación ambiental.