Cobre Panamá: el laberinto jurídico detrás de una reactivación minera
- 17/11/2026 18:15
El Gobierno se prepara para negociar con First Quantum Minerals, pero todavía no define la fórmula legal para operar el yacimiento. La apuesta incluye una explotación temporal, un cierre que tomaría dos décadas y condiciones ambientales, económicas y constitucionales que marcarán el futuro de la minería en Panamá
La mina vuelve al centro del debate, pero esta vez el primer obstáculo no está en los tajos de extracción, las plantas de procesamiento ni los depósitos de material mineralizado. Está en los despachos del Gobierno: ¿cómo reactivar el proyecto sin repetir el modelo contractual que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en noviembre de 2023?
Esa es la encrucijada que enfrenta la administración de José Raúl Mulino mientras prepara el inicio de las conversaciones formales con First Quantum Minerals, previsto para el próximo lunes 23 de noviembre.
El Ejecutivo quiere explorar una operación temporal que permita financiar el cierre ordenado del yacimiento de Donoso, pero todavía no define el instrumento jurídico que sostendrá esa eventual actividad minera.
La contradicción quedó expuesta este martes 17 de noviembre, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la posibilidad de que el Estado aproveche sus propios recursos minerales sin necesidad de firmar un contrato consigo mismo.
“No es necesario tener un contrato con uno mismo cuando el Estado panameño es dueño del recurso”, sostuvo Chapman durante una entrevista en el noticiero matutino de TVN.
La frase resume la tesis del Ejecutivo, pero también abre una interrogante de fondo: si no habrá un contrato de concesión como el que generó la crisis de 2023, ¿qué figura permitirá que una empresa privada participe en la explotación de un recurso que pertenece al Estado?
La respuesta todavía no aparece en el diseño gubernamental. Y ese vacío jurídico será el centro de la negociación minera.
El nudo constitucional de la mina
El Gobierno busca apoyarse en las facultades constitucionales del Estado para administrar y explotar sus recursos naturales. Con esa interpretación, pretende evitar que una eventual operación dependa de un nuevo contrato ley sometido a la Asamblea Nacional.
Pero una cosa es la titularidad estatal de los minerales y otra muy distinta es establecer las reglas para que una compañía privada intervenga en su extracción, procesamiento y comercialización.
La figura jurídica, explicó, surgirá durante el proceso de negociación. Mientras tanto, el Gobierno establecerá los términos y condiciones que deberán regir cualquier actividad.
La Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato ley con Minera Panamá y las protestas que presidieron el fallo paralizaron al país durante meses.
Una mina con condiciones y fecha de salida
La propuesta gubernamental no plantea, al menos en los términos expuestos por Chapman, una reactivación indefinida de Cobre Panamá.
El objetivo consiste en permitir una operación temporal que genere los recursos necesarios para financiar el cierre definitivo del complejo minero. El periodo de cuido y mantenimiento que mencionó el ministro se estima en aproximadamente 20 años.
La dimensión económica también forma parte de la discusión. Chapman señaló que el país debe recibir ingresos superiores a los 375 millones de dólares anuales proyectados previamente por las autoridades.
La cifra coloca sobre la mesa una de las preguntas centrales del debate: cuánto dinero puede generar la operación, cuánto costará mantener y cerrar el complejo y qué beneficios concretos recibirá el Estado y las comunidades cercanas.
El Ejecutivo también estableció condiciones que considera innegociables.
Entre ellas figuran el respeto pleno al fallo de la Corte Suprema de Justicia, estándares ambientales de primer nivel, una reducción del área de explotación y la reforestación total. Chapman agregó que la gobernanza de la operación debe alcanzar niveles de transparencia comparables o superiores a los de la Autoridad del Canal de Panamá.
En otras palabras, la eventual reapertura no dependerá exclusivamente de la rentabilidad del yacimiento. También tendrá que superar un conjunto de exigencias ambientales, institucionales y económicas.
La reducción del área de explotación y la obligación de reforestar adquieren especial relevancia porque colocan el impacto ambiental en el centro de cualquier nuevo esquema minero. El Gobierno tendrá que explicar cómo medirá el cumplimiento de esas condiciones y quién asumirá la responsabilidad cuando las obligaciones no se satisfagan.
First Quantum vuelve a la mesa
Del lado empresarial, First Quantum Minerals manifestó este martes su disposición a participar en las conversaciones formales y en el proceso paralelo de consulta ciudadana.
La compañía tomó como referencia el informe de la Comisión Interministerial y los cinco principios que expuso Mulino: propiedad estatal de los recursos, beneficio económico, soberanía, protección ambiental y respeto a la ley.
Sin embargo, su pronunciamiento no despeja el principal interrogante de la negociación: bajo qué estructura jurídica podría participar en una eventual operación minera.
La mesa interministerial estará integrada por Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente; y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas.
Los tres funcionarios tendrán la responsabilidad de examinar las alternativas y presentar una recomendación al presidente Mulino. De ese trabajo dependerá buena parte del diseño institucional que sostenga cualquier acuerdo con First Quantum.
La empresa, por su parte, tendrá que discutir las condiciones económicas, operativas y ambientales que plantea el Estado. El diálogo comienza, por tanto, con una diferencia importante respecto al escenario anterior: el Gobierno pretende establecer primero las condiciones y después definir el mecanismo que permita ejecutarlas.
El respaldo empresarial y la resistencia social
Mientras el Ejecutivo prepara la negociación, el sector empresarial observa la posible reactivación como una oportunidad económica.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) respaldó el inicio de las conversaciones bajo el argumento de que pueden contribuir a la generación de empleo y a la reactivación económica.
En su pronunciamiento, titulado «Paso importante para la generación de empleo y reactivación económica», el gremio destacó la posibilidad de dinamizar la economía y crear plazas de trabajo, siempre dentro del marco constitucional y con beneficios tangibles para las comunidades.
Pero el respaldo empresarial no elimina la controversia social.
La minería continúa como uno de los asuntos más sensibles de la agenda nacional después de las movilizaciones de 2023. Chapman reconoció esa resistencia y sostuvo que el Gobierno respeta las posiciones de quienes rechazan la actividad minera.
Por esa razón, el Ejecutivo promete una consulta ciudadana que califica como inédita, con mecanismos presenciales y digitales amparados en el Acuerdo de Escazú.
La población podrá participar en la discusión sobre las alternativas de operación, la supervisión del cierre y el destino de los recursos antes de que el Gobierno adopte una decisión definitiva.
El desafío será demostrar que esa participación tendrá incidencia real en las decisiones y que la consulta no funcionará únicamente como un mecanismo para legitimar una ruta previamente definida.