Comercios bocatoreños colapsan tras saqueos y asfixiados por estado de urgencia

La mañana del jueves 19 de junio, aunque fatigados por los cierres de manifestantes y el bloqueo impuesto por el gobierno con el masivo despliegue policial de la operación Omega, los comercios seguían funcionando. La gente compraba lo que podía, pese a la falta de efectivo en los cajeros automáticos. Los restaurantes atendían comensales y los supermercados facturaban a media máquina. No había policías en las calles.

Un silencio inquietante se había instalado en Changuinola, algo que era difícil de identificar con claridad, pero que todos sentían. La gente caminaba con paso apresurado, los conductores de taxis y buses dejaron de pasar por puntos de cierre en los que se encontraban trabajadores bananeros, estudiantes y jóvenes del “precarismo”, barrios surgidos de la profunda desigualdad en una de las provincias más pobres del país. El reclamo era el mismo desde finales de abril: derogar la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social y que el presidente José Raúl Mulino se niega a discutir.

Así las cosas, la noche cayó en Bocas del Toro como una amenaza suspendida en el aire, luego de que se conocieron los primeros choques entre la Policía y manifestantes en las inmediaciones del estadio Calvin Byron, templo del béisbol local, que había sido incendiado por encapuchados y que días antes se había convertido en un cuartel y depósito de pertrechos de la fuerza pública. Esos hechos no eran más que una pequeña chispa frente a lo que estaba a punto de desbordarse en la ciudad.

Los empresarios más experimentados, aquellos que ya habían vivido crisis económicas y políticas en la urbe bananera, no podían evitar notar que algo distinto estaba en curso. “Yo no estoy de acuerdo con la protesta, ni tampoco con los cierres. Este debe resolverse, pero lo que vimos fue una destrucción sin sentido”, dice César, un pequeño empresario y emprendedor en el centro de la Changuinola.

La Estrella de Panamá pudo constatar cómo un grupo de enmascarados, a eso de las 9 de la noche, en el área de El Cuadrante, frente al aeropuerto, empezaron a cortar la cerca de ciclón que protegía la pista. Pese a que horas antes había presencia de la policía fronteriza dentro del aeródromo, a esa hora nadie estaba, solo la violencia de los encapuchados que destrozaron ventanas, saquearon tiendas y robaron baterías y computadoras de los autos en los alrededores.

En Plaza Changuinola, un importante punto comercial en la ciudad, los saqueos fueron masivos, tiendas de ropa, aparatos electrónicos y todo lo que se pudiera cargar fue presa de una lógica de piraña. Al día siguiente, viernes, las fuerzas de seguridad desplegaron unidades antidisturbios y policías armados, mientras los dueños de los locales, algunos que habían dedicado su vida a su negocio, vieron desmoronarse su trabajo en una noche. “Mi local lo destruyeron todo, ¿qué tenía que ver eso con las protestas?, tengo que empezar de cero”, lamenta desconcertado Mauro, un pequeño comerciante en las cercanías del centro.

El gobierno decretó estado de urgencia y suspendió garantías constitucionales, para luego bloquear las comunicaciones en toda la provincia. Incomunicados, los comerciantes en Changuinola se vieron obligados a defender sus locales solos, armados con palos y machetes. “Esto es ley de la selva, una pesadilla en la que cada quien se tiene que cuidar con lo que tiene”, contó Malik, un empresario de origen árabe con un local en la céntrica avenida 17 de Abril, que junto a otros dueños se enfrentaron a golpes contra unos encapuchados con intenciones de atracarlos, .

Comerciantes consultados por este medio, indicaron que días antes de los saqueos, la presencia policial en la ciudad era mínima, a pesar de que un contingente importante de agentes se mantenían en el cuartel de Changuinola. ¿Qué ocurrió entre el jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de junio, en el que una protesta que se había desarrollado sin incidentes desde el 28 de abril, pasó a un escenario con disturbios protagonizados por pandilleros, según la versión oficial? ¿Por qué la policía no actúo en ese momento? Sin que aún se hayan aclarado esas preguntas, la provincia sigue sufriendo y el sector empresarial bocatoreño demanda acciones para no ahondar la crisis.

Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, dice que las empresas en la provincia están facturando menos del 25 %, mientras que en Isla Colón -punta de lanza del turismo en la región- si acaso llega al 15 %, lo que ha obligado a suspender contratos, reducir planillas y en algunos casos cerrar comercios. Un panorama que ya era difícil por los cientos de cierres a lo largo de Bocas del Toro, pero se agravó considerablemente tras el inicio de la operación Omega, en la que se estableció un bloqueo total por la fuerza pública.

Pimentel precisa que la falta de gasolina, alimentos e insumos se ha convertido en la prioridad en este momento. La frontera con Costa Rica es de las pocas vías para abastecer a la provincia y que evita un desplome en general. La suspensión de las operaciones de la transnacional Chiquita y la suspensión de los salarios de los maestros en huelga, subraya, han contraído la demanda y la economía informal ligada a esta, empeorando así la crisis.

“La falta de comunicaciones es un golpe mortal, se ha vuelto muy difícil coordinar, traer insumos”, dice el empresario, y agrega: “Ya vimos los resultados de resolver esto por la fuerza. El diálogo tiene que prevalecer entre las posturas extremas, del gobierno, como los que protestan, buscar un punto medio para salvar a la provincia”, acotó.