Comisión 20 de Diciembre, a menos de 6 meses de quedarse sin presupuesto

arismariota
  • 25/07/2026 00:10

El decreto ejecutivo que permite el funcionamiento de la comisión le otorga una prórroga hasta enero de 2027. Piden que se extienda el plazo para continuar con el trabajo de memoria histórica e identificación de víctimas

En menos de seis meses expira el decreto que mantiene funcionando la Comisión 20 de Diciembre. Esta comisión, que se ha encargado de identificar los restos de decenas de panameños víctimas de la Invasión de Estados Unidos en 1989 en colaboración con el Ministerio Público, no sabe si tendrá presupuesto para continuar con su trabajo en búsqueda de la verdad y la preservación de la memoria histórica.

“Nosotros tenemos dificultades porque esta comisión fue creada por un decreto ejecutivo y con vigencia temporal que se ha ido prorrogando. Este año no se nos incluyó en el presupuesto y a duras penas hemos avanzado,” manifestó el presidente de la comisión, Rolando Murgas Torraza esta semana durante un acto en el cementerio Jardín de Paz. En este acto se inhumaron los cuerpos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, ambos víctimas de la invasión que ahora han sido debidamente identificados y podrán recibir sepultura digna por sus seres queridos.

El trabajo de la comisión se centra en tres áreas: la preservación de la memoria histórica, las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, y las medidas de reparación hacia las víctimas. Desde su creación, han confirmado 238 víctimas de la Invasión, con 200 nombres más bajo investigación. Se creó también una base de datos genética con cada una de las víctimas. Además, se han exhumado 73 restos humanos, de los cuáles 12 personas han podido ser identificadas y entregadas a sus seres queridos. La Estrella de Panamá pudo conocer que próximamente esperan anunciar la identificación de otra persona, cuyos restos se encontraban calcinados.

“Gran parte de los esfuerzos de la Comisión y de las instituciones que llevan las investigaciones, como el Ministerio Público y Medicina Legal, van dirigidas a estos trabajos que tienen que ver con las exhumaciones realizadas desde el año 2020 hasta este mismo año, que hemos también realizado con la creación de la base de muestras de ADN de las familias de las víctimas de la invasión, con los estudios genéticos que se hacen en Medicina Legal de aquí de Panamá y de Guatemala. Es un trabajo extenso”, explicó José Luis Sosa, miembro de la Comisión.

Todo esto se logra trabajando con las uñas. “Ya no nos quedan recursos prácticamente para el resto del año”, lamentó el presidente Murgas. “El señor canciller nos ha apoyado bastante en esto, pero si no se nos da oportunamente el uso de la partida correspondiente al 2027, no vamos a poder seguir nuestra tarea”.

La Comisión fue creada en 2016, durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela a través de un decreto ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el posterior gobierno de Laurentino Cortizo enfrentaron una crisis presupuestaria precisamente porque no se les había asignado fondos a tiempo, lo que pudo comprometer el trabajo de identificación. Luego de presión mediática, el gobierno de Cortizo le asignó el presupuesto correspondiente.

El 24 de junio de 2024, a menos de una semana del cambio de gobierno, Cortizo firmó una resolución concediéndole a la comisión una prórroga hasta el 20 de enero de 2027, estableciendo que hasta esa fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores sería responsable de garantizar los fondos para su funcionamiento.

Durante la administración actual del presidente José Raúl Mulino, las oficinas de la comisión fueron retiradas del Parque Recreativo Omar Torrijos y se ordenó pintar de blanco las paredes dónde había murales alegóricos a la Invasión. Ahora, se encuentran en un espacio de la Autoridad del Canal de Panamá, pero no pueden ni siquiera hacer el trámite para seguir ahí hasta que no se otorgue una prórrroga.

Miembros de la comisión consultados aseguran que la relación con el canciller Javier Martínez-Acha no ha sido mala, pero enfatizan que necesitan que se hagan los trámites correspondientes para tener los fondos requeridos para terminar este año y luego seguir operando más allá de 2027. La preocupación es especialmente relevante en estos momentos que la Asamblea Nacional se prepara para discutir el presupuesto estatal del próximo año.