Comisión de Gobierno recibe fuertes objeciones en proceso de selección del Defensor del Pueblo

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional recibió una objeción formal contra la postulación de exmagistrada Ángela Russo Mainieri al cargo de Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031, mientras grupos de víctimas del envenenamiento con dietilenglicol manifestaron su rechazo a la posible reelección del actual ombudsman, Eduardo Le Blanc.

Objeción por posible conflicto de intereses

En el documento dirigido al presidente de la comisión legislativa, el diputado Luis Eduardo Camacho, se sostiene que el paso directo de la cúpula del Órgano Judicial a la Defensoría del Pueblo implicaría riesgos de imparcialidad.

Según la objeción, la designación de Russo Mainieri podría colocarla en la posición de evaluar quejas relacionadas con la mora judicial, decisiones o actuaciones administrativas que ocurrieron durante su gestión como magistrada de la Sala Civil hasta diciembre de 2025.

Además se advierte que esto podría convertirla en “juez y parte” en investigaciones vinculadas al sistema de justicia y generar inhibiciones constantes en el ejercicio del cargo.

El escrito también plantea que la cercanía profesional con magistrados y jueces activos podría debilitar la confianza ciudadana en la Defensoría, al tratarse de una institución llamada a actuar como contrapeso del Estado.

La objeción argumenta que la postulación vulneraría el principio de separación de poderes y la autonomía de la Defensoría del Pueblo como entidad de control extrapoder.

En la petición, se solicita a la comisión declarar no idónea la candidatura por considerar que representaría un riesgo para la autonomía de la institución.

Víctimas del dietilenglicol rechazan posible reelección del actual defensor

Paralelamente, organizaciones y grupos de afectados por el envenenamiento con dietilenglicol enviaron otra comunicación a la comisión legislativa para oponerse a la continuidad del actual Defensor del Pueblo.

Los firmantes aseguran que, pese a haber presentado denuncias por violaciones a derechos humanos relacionadas con salud, acceso a medicamentos, tratamientos y apoyo económico, la Defensoría se ha limitado a recibir los casos sin lograr soluciones efectivas.

Según los afectados, la gestión del ombudsman ha sido “de baja efectividad” y no ha garantizado la atención integral de las víctimas, muchas de las cuales aún esperan reconocimiento oficial.

Los grupos también señalan que la institución habría favorecido a un solo grupo de intoxicados en procesos de representación y seguimiento, dejando por fuera a otros afectados que aún buscan reconocimiento como víctimas.

Exigen transparencia en la selección

Las organizaciones pidieron a la comisión legislativa desestimar la posible reelección de Le Blanc y escoger a una persona con trayectoria sólida en derechos humanos, sensibilidad social y propuestas concretas para atender a sectores vulnerables.

En su solicitud, insisten en la necesidad de que el proceso de elección del próximo Defensor del Pueblo sea transparente y garantice la independencia del cargo.