Comité de Protección de Periodistas condena corte de comunicaciones en Bocas del Toro
- 25/06/2025 20:48
La organizackón denuncia medidas restrictivas en Bocas del Toro y pide respeto a la libertad de prensa. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) condenó al corte de comunicaciones en la provincia panameña de Bocas del Toro, una medida que restringe el trabajo periodístico y deja a la población sin acceso a información independiente.
A través de su Programa de las Américas, el CPJ instó al gobierno panameño a restablecer de inmediato las garantías constitucionales y a cesar el descrédito de periodistas y las amenazas de procesarlos penalmente por cubrir las protestas locales.
Esta medida gubernamental genera preocupación sobre la libertad de prensa y el derecho a la información en Panamá.
Tan solo ayer gobierno panameño declaró la ampliación de la mayoría de medidas del estado de urgencia en Bocas del Toro hasta el 29 de junio, suspendiendo las garantías constitucionales con excepción del Habeas Corpus y restringiendo el acceso a Internet y telefonía móvil en la provincia.
La medida afecta a unas 200 mil personas y ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que consideran que la suspensión de los servicios de comunicación es desproporcionada y vulnera los derechos humanos.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) condenó al corte de comunicaciones en la provincia panameña de Bocas del Toro, una medida que restringe el trabajo periodístico y deja a la población sin acceso a información independiente.
A través de su Programa de las Américas, el CPJ instó al gobierno panameño a restablecer de inmediato las garantías constitucionales y a cesar el descrédito de periodistas y las amenazas de procesarlos penalmente por cubrir las protestas locales.
Esta medida gubernamental genera preocupación sobre la libertad de prensa y el derecho a la información en Panamá.
Tan solo ayer gobierno panameño declaró la ampliación de la mayoría de medidas del estado de urgencia en Bocas del Toro hasta el 29 de junio, suspendiendo las garantías constitucionales con excepción del Habeas Corpus y restringiendo el acceso a Internet y telefonía móvil en la provincia.
La medida afecta a unas 200 mil personas y ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que consideran que la suspensión de los servicios de comunicación es desproporcionada y vulnera los derechos humanos.