Contralor confirma llamada a Irma Hernández sobre Revisalud: “Serví como puente”
- 14/01/2026 08:23
El titular de la entidad fiscalizadora aseguró que su participación en esta solicitud solo fue como un gesto de “cortesía normal”
El contralor general de la República, Anel Flores, confirmó que realizó una llamada a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, para solicitar una reunión con la dueña de la empresa Revisalud. “Serví como puente entre la empresa y la Alcaldía”, expresó en entrevista con TVN Noticias.
El titular de la entidad fiscalizadora aseguró que su participación en esta solicitud solo fue como un gesto de “cortesía normal” y que el único propósito fue comunicar que la empresa no tenía interés en renovar contratos y que se retiraría del país tras 15 años de operación.
“Yo no tengo ningún interés”, afirmó. Al tiempo que aseguró que, tras el encuentro, la propia alcaldesa le manifestó que había sido una buena reunión.
Posteriormente, la alcaldesa confirmó estas declaraciones en el mismo medio de comunicación; sin embargo, reiteró sus críticas y cuestionó las verdaderas intenciones detrás de la actuación del contralor.
El contralor también puso en duda la posición del Municipio de San Miguelito, al señalar que la alcaldesa busca mantener el control de los ingresos sin asumir los gastos asociados al servicio. Además, indicó que hasta las 3:00 p.m. del día anterior, antes de ingresar al Consejo de Gabinete, no había ingresado a la Contraloría ningún contrato de las tres empresas a las que hace referencia la alcaldesa.
Ante este tema, descartó que los contratos con dichas empresas puedan ser firmados antes de la salida de Revisalud este lunes 19 de enero. “Lo dudo”, respondió al ser consultado sobre un eventual avance en ese proceso.
Las declaraciones de Flores se producen en medio del debate generado por el decreto del Gobierno nacional que otorga a la Autoridad de Aseo el control de la recolección de basura en San Miguelito, una medida que ha sido cuestionada por el municipio y que mantiene abierto el conflicto institucional en torno a la gestión de los residuos sólidos.