Contraloría denuncia penalmente a Panama Ports y exdirectivos de la AMP
- 18/11/2026 12:07
La acción ante el Ministerio Público surge de una auditoría al contrato portuario que abarcó el período 2014-2024 e identificó posibles delitos contra la Administración Pública
La Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles irregularidades relacionadas con el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A. (PPC), que podrían constituir delitos contra la Administración Pública.
La denuncia, presentada el 17 de noviembre a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, incluye a quienes integraron como principales y suplentes la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante ese período y a la sociedad Panama Ports Company, S.A.
La acción judicial surge de los posibles hallazgos contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento sobre el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, además de sus respectivas adendas.
Auditoría examinó una década de operaciones
La fiscalización comprendió el período entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. Durante ese proceso, la Contraloría evaluó, entre otros aspectos, las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus modificaciones.
Según la institución, el informe identificó posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública. Por esa razón, remitió al Ministerio Público la documentación y la información correspondiente para que adelante las investigaciones.
La denuncia busca que las autoridades competentes examinen los hechos y determinen si existen responsabilidades penales.
El Ministerio Público deberá determinar responsabilidades
La presentación de la denuncia no representa una declaración de culpabilidad contra las personas o la empresa mencionadas. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos, establecer si se cometieron delitos y determinar quiénes podrían ser responsables.
La Contraloría recordó que los servidores públicos tienen la obligación de informar a las autoridades competentes sobre hechos que, durante el ejercicio de sus funciones, puedan presentar características de delito.
La entidad también anunció que continuará con sus labores de fiscalización y remitirá a las autoridades cualquier hallazgo o posible irregularidad que represente una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado.