Contraloría restringe portal de refrendos del Estado y elimina el anonimato

¿Estarán pagando desde alguna entidad contratos millonarios y se habrán refrendado? A partir de ahora, cada vez que un ciudadano o periodista formule esta consulta en línea en el portal de la Contraloría General de la República (CGR), la entidad generaría una alerta para detectar “patrones”.

La institución eliminó la accesibilidad libre —o el anonimato— a la sección de su web “Sígueme”, o Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFiD), apartado en el que se registraban pagos, trámites y gestiones de todas las entidades estatales, así como su etapa de refrendo.

Para ingresar, el ciudadano debe proporcionar datos personales, como nombre completo, cédula y correo electrónico, además de crear un perfil con contraseña.

Más allá de que el portal presenta, desde hace al menos dos semanas, fallas que impiden validar los correos electrónicos de los usuarios y dificultan el acceso, expertos en transparencia, información y datos abiertos cuestionan la medida por considerarla un escollo que desalienta la participación ciudadana en los asuntos públicos.

“En general, parece un intento de fiscalizar el monitoreo de la ciudadanía; pareciera que quieren saber quiénes somos los ciudadanos que los fiscalizamos”, señaló Leah Cedeño, representante de la Fundación Espacio Cívico.

Una opinión similar expresó Lia Patricia Hernández Pérez, abogada experta en temas digitales. A su juicio, cuando se trata de asuntos que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y el principio de interés público, la información debe estar a disposición de la ciudadanía.

Esta modificación al portal para la búsqueda de información “lo hace más complejo e incumple lo señalado en la Ley 6 de 2002”, conocida como Ley de Transparencia, añadió Hernández.

La información de la CGR que aparecía en “Sígueme” ha sido vital para investigaciones periodísticas que posteriormente derivaron en pesquisas judiciales, como aquellas que revelaron cómo diputados de distintos partidos ofrecían donativos a personas de escasos recursos, pagos de los cuales —según las investigaciones— una parte terminaba en manos de los políticos para uso discrecional.

También permitió documentar pagos sin sustento vinculados a la planilla 150 del Legislativo, como lo hizo este diario en la “Investigación especial | Planilla 150 de movilización en la Asamblea Nacional, ¿otra cashback?”, publicada el 24 de marzo de 2025. Ninguno de estos pagos, contratos o trámites es divulgado por la Asamblea Nacional, por mencionar solo algunos ejemplos.

Ante estos cambios, la CGR expuso en su portal que “en cuanto al proceso de registro de usuarios, este se mantiene con el propósito de identificar de forma dinámica los patrones de consulta que se aparten del comportamiento regular y que evidencien intentos de saturar o denegar el servicio. Este mecanismo permitirá restringir únicamente estos accesos anómalos, sin afectar a los usuarios legítimos que actúan de buena fe”, según un comunicado de la entidad que aparece como “notificación del sistema” al ingresar al portal.

El comunicado añade que, tras “labores de seguimiento y monitoreo”, la funcionalidad de la plataforma fue restablecida. No obstante, hasta el cierre de esta nota, diversos usuarios reportaron dificultades para acceder, tal como se indicó previamente.

A juicio de la abogada digital Hernández Pérez, la CGR no debería recolectar patrones de búsqueda de los ciudadanos —asociados a nombre y cédula—, en virtud del principio de confidencialidad que rige la protección de datos personales.

Expertos en computación indicaron a este medio que, precisamente, el proceso descrito en el comunicado —relativo a la identificación de patrones— implicaría la implementación interna de sistemas de alerta, lo que eventualmente podría derivar en acciones cuando se trate de consultas vinculadas a información potencialmente sensible o de alto impacto público.

Los cambios que se observan son “obstáculos progresivos para acceder a información cuya naturaleza es de transparencia proactiva”, expresó por su parte Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).

Obligar al usuario a identificarse o restringir el acceso a la información pública se convierte en una barrera que genera un “efecto inhibidor en la participación ciudadana”, explicó.

“Cuando un gobierno blinda los datos bajo el pretexto de la protección de la privacidad de los funcionarios o exige requisitos de identidad, no solo infringe principios internacionales, sino que fomenta un ecosistema de opacidad”, añadió De Obaldía.

Se entra en el dilema de la protección de la información, y la seguridad informática no puede dar cabida a que la autoridad se convierta en una “aduana digital” que vigila al ciudadano, por lo que desde TI la postura es que la seguridad “no puede ser la excusa de oro para el oscurantismo”, acotó la experta.

La libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a acceder a datos públicos e información son pilares de una sociedad democrática que no deben obstaculizarse, recordó el Colegio Nacional de Periodistas (Conape).

“El acceso a la información oficial facilita la labor investigativa de nosotros los periodistas, permite la rendición de cuentas de los poderes públicos y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. Cualquier cambio en el acceso a plataformas de consulta pública debe garantizar que estos principios no se vean restringidos ni dificultados”, dijo Lorenzo González, presidente del Conape.

Esta sería al menos la segunda vez en que se modifica el portal, anteriormente aparecían los pagos por entidad, en la pasada administración gubernamental se cambió exigiendo que el ciudadano sepa el número de trámite y ahora se le aplica una clave con datos personales.

La CGR indica que “reafirma su compromiso con la transparencia y ciberseguridad” manteniendo la “supervisión permanente” para asegurar la integridad de los datos y la continuidad del servicio, según su comunicado.