Contraloría suspende participación de funcionarios en juntas directivas mientras consulta a Procuraduría
- 07/10/2026 14:16
La entidad busca precisar si los funcionarios que representan institucionalmente a la Contraloría en juntas directivas deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente.
La Contraloría General de la República suspendió temporalmente la participación de sus representantes en algunas juntas directivas de entidades públicas mientras solicita a la Procuraduría de la Administración un criterio sobre la aplicación de las normas relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La consulta busca precisar si los funcionarios que participan en estos órganos colegiados únicamente en representación institucional deben ser considerados dentro de esta categoría, tomando en cuenta que en algunos casos tienen derecho a voz, pero no a voto.
La decisión fue comunicada este miércoles 7 de octubre, como una medida preventiva mientras se determina el alcance de las disposiciones vigentes.
La Contraloría explicó que el Acuerdo N.° 1-2025 de la Superintendencia de Bancos establece una guía enunciativa de los cargos considerados como PEP. Entre ellos figuran miembros de juntas directivas de entidades gubernamentales, empresas estatales y determinadas sociedades de capital mixto.
Ante este marco, la entidad busca determinar cómo se aplican estas disposiciones a sus funcionarios cuando participan en juntas directivas en representación de la institución, pero sin facultad para votar o intervenir directamente en la adopción de decisiones.
La Procuraduría de la Administración es la instancia a la que corresponde atender consultas formuladas por servidores públicos administrativos y brindar criterios jurídicos sobre la aplicación de las normas dentro de la administración pública.
Mientras se recibe el pronunciamiento jurídico, la Contraloría decidió suspender temporalmente la participación de sus representantes en las juntas directivas involucradas.
La institución señaló que la medida busca garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el cumplimiento del marco legal.
La consulta toma en cuenta además las disposiciones regulatorias introducidas durante 2026, con el objetivo de determinar con precisión el alcance de las obligaciones aplicables a estos funcionarios.
La Contraloría indicó que sus actuaciones continuarán guiándose por criterios de prudencia institucional, transparencia y estricto cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.