Corrupción e impunidad siguen debilitando la institucionalidad en Panamá a pesar de los esfuerzos

La corrupción continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales de Panamá, pese a las constantes denuncias y esfuerzos de organizaciones dedicadas a la transparencia y rendición de cuentas la percepción ciudadana es que los casos no parecen disminuir.

La persistencia de sistemas débiles de control, la falta de sanciones efectivas y los conflictos de interés en materia de licitaciones y negocios relacionados con el Estado continúan afectando la confianza ciudadana y la imagen internacional del país.

La directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana —Transparencia Internacional Panamá—, Olga de Obaldía, señaló que la permanencia de la corrupción responde principalmente a la falta de consecuencias efectivas y a la fragilidad de los mecanismos de control estatal.

“La impunidad persiste y los sistemas de control siguen siendo débiles, mientras las vulnerabilidades institucionales —que han dado lugar a múltiples esquemas de trampas— no han sido corregidas”, sostuvo.

Según explicó, fortalecer una justicia independiente, garantizar transparencia efectiva en las contrataciones públicas y aplicar sanciones reales son medidas fundamentales para enfrentar el problema.

La preocupación adquiere mayor relevancia en medio de recientes acontecimientos que han generado cuestionamientos sobre posibles actos de corrupción en áreas sensibles del Estado, como el sistema de seguridad y el sistema penitenciario.

En referencia a la reciente fuga de más de un centenar de privados de libertad del centro penitenciario de La Joyita, De Obaldía advirtió que situaciones de este tipo podrían ser consecuencia de años de deterioro institucional.

Destacó que cuando la corrupción alcanza los sectores de seguridad, se debilita el Estado de Derecho y se pone en riesgo a toda la ciudadanía. La crisis actual es resultado de años de abandono institucional, particularmente la decisión de no implementar la Ley 42 de profesionalización de la carrera penitenciaria, que entró en vigencia en 2017.

“Obvio que hoy se requieren respuestas inmediatas y firmes ante lo ocurrido, pero lo esencial es la respuestas a largo plazo: La reforma de fondo que profesionalice el sistema y orientarlo a la resocialización. Ese tipo de cambios estructurales suele postergarse porque no genera réditos políticos a corto plazo, pero es la única vía sostenible para generar una verdadera seguridad”, explicó.

La especialista también expresó preocupación por situaciones donde funcionarios públicos podrían mantener conflictos de interés en decisiones regulatorias que afectan a empresas privadas, señalando que este tipo de escenarios deterioran la percepción internacional del país.

Hace poco la empresa de origen estadounidense UBER e InDrive, se vieron afectadas por un decreto que regulaba las plataformas digitales de transporte, donde claramente había un conflicto de intereses por parte del secretario general del Tránsito, Justo Castañeda, que era juez y parte al tener cupos de taxis y formar parte de concesionarias de transporte que compiten con estas compañías.

De Obaldia indicó que la confianza de inversionistas y organismos internacionales depende en gran medida de la existencia de reglas claras y procesos imparciales.

“Casos como este deterioran la confianza en las instituciones, que quedan en evidencia de estar capturadas por intereses particulares, y envía una señal a las calificadoras de riesgo del país, que no hay voluntad de cambio hacia una gobernanza democrática efectiva, uno de los criterios de calificación más importantes para la inversión”, expresó. La certeza jurídica depende de reglas claras, sin intereses ocultos y con gestión imparcial basada en la transparencia.

Cuando se da que el caso de que la corrupción afecte a empresas extranjeras, de Obaldia consideró que algunas iniciativas internacionales (como el retiro se visas o la inclusión de listas negras) han servido como herramientas de presión y respaldo a procesos de investigación y denuncias ciudadanas en países donde la institucionalidad enfrenta limitaciones.

De Obaldía sostuvo que lo ideal sería que Panamá contara con mecanismos internos suficientemente fuertes para investigar y sancionar este tipo de conductas, sin presiones políticas y con efectividad.

Sin embargo, lo que reflejan los programas de cancelación de visas por corrupción, obstrucción de la justicia y otros delitos, es la falta de sanciones efectivas internas de los países, porque Panamá por supuesto no es el único país donde se han aplicado a funcionarios por actos de corrupción, obstrucción de la justicia, nexos con el crimen organizado y otros.

Citó como ejemplo que el programa de la Lista Engel, aplicado en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua desde el 2020, ha servido como una caja de resonancia para el periodismo de investigación y la ciudadanía que denuncia y exige transparencia y rendición de cuentas.

Explicó que en algunos de estos países la justicia local está totalmente coartada y es imposible lograr condenas contra la corrupción, por lo que la inclusión de un funcionario en esta lista estadounidense valida las Investigaciones locales y brinda protección política a quienes denuncian, especialmente en ambientes autoritarios.

La directora también alertó sobre los efectos económicos de la corrupción, señalando que la falta de consecuencias y transparencia puede alejar inversiones legítimas mientras atrae capitales interesados en operar en entornos con menor control institucional. “Los capitales transparentes buscan reglas claras y competencia; otros buscan aprovechar sistemas vulnerables”, indicó.

Sobre los funcionarios que se sospeche que están involucrados en actos de corrupción, De Obladia recomendó aplicar imparcialmente medidas inmediatas como separación del cargo, investigaciones transparentes y sanciones si corresponde, además de prevenir conflictos de intereses. “En esto no debe haber medias tintas, porque no se recuperará la confianza ciudadana de ninguna otra forma”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía a mantener una posición activa frente al problema. El mensaje que la Fundación ha sostenido durante más de 30 años de activismo anticorrupción, es un mensaje que no cambia cuando los gobiernos cambian y es la misma exigencia que le hacen a todos.

“La corrupción no es inevitable, debilita la democracia y el desarrollo. Combatirla requiere compromiso político real y ciudadanía activa que exija rendición de cuentas”, sentenció la activista.