Crisis de basura: Mulino defiende intervención; Irma acude a la corte

Lo que comenzó como un colapso del servicio de recolección de basura en San Miguelito ha venido convirtiéndose en un pulso político y legal. El presidente José Raúl Mulino, durante su tradicional conferencia de los jueves, salió al paso para defender la decisión de entregar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control del servicio, mientras la alcaldesa Irma Hernández sostiene que se trata de una imposición del Ejecutivo y de una intervención que desconoce la autonomía municipal.

El mandatario defendió ayer jueves la medida y rechazó las acusaciones de la jefa del gobierno local, que ha denunciado una “imposición” del Ejecutivo y una “violación de las competencias municipales”.

La crisis pasó oficialmente de ser un problema de servicios públicos a convertirse en un conflicto institucional entre el Gobierno central y la Alcaldía del distrito más poblado del país.

Desde el Palacio de las Garzas, Mulino fue categórico al responder a los cuestionamientos: “Esto no es un concurso de egos. Esto es resolverle un problema a la población de San Miguelito”.

El presidente recordó que el 1 de enero el distrito amaneció con toneladas de basura acumuladas, calles intransitables, malos olores y focos de insalubridad, producto de meses de deficiencias del concesionario Revisalud y del colapso operativo previo al vencimiento del contrato.

Según Mulino, el Ejecutivo no podía permanecer como espectador ante un escenario que ya amenazaba con convertirse en una emergencia de salud pública.

Por ello, explicó que la intervención se fundamentó en el artículo 235 de la Constitución, que faculta al Gobierno a actuar cuando una situación municipal compromete el orden público, así como en la ley que rige a la Autoridad de Aseo. “Aquí el único interés es recoger la basura”, recalcó.

‘Esto no es un concurso de egos’

Mulino insistió en que el objetivo de la intervención es resolver un problema sanitario y operativo que se agravó con el deterioro del servicio. En ese sentido, reiteró que el Gobierno actuó ante la magnitud de la crisis registrada en el distrito.

El presidente no solo defendió la intervención, sino que también dejó entrever dudas sobre el plan diseñado por la Alcaldía de San Miguelito para sustituir a Revisalud.

“A lo mejor en el plan que había antes sí existían intereses cruzados”, afirmó, en referencia a la contratación de tres empresas privadas anunciadas por la alcaldesa como solución transitoria.

“No es verdad que le vamos a dar la plata a la alcaldesa y quedarnos nosotros con la basura”, sostuvo.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que, bajo el esquema anterior, los fondos que Elektra Noreste, S.A. (ENSA) recaudaba por la tasa de aseo eran manejados sin supervisión estatal, algo que el Gobierno no está dispuesto a repetir mientras la AAUD ejecuta el servicio.

La alcaldesa Irma Hernández reaccionó con dureza. A través de un mensaje público, aseguró que el Gobierno demuestra un “preocupante desconocimiento” sobre cómo funcionaba realmente el sistema financiero del aseo en San Miguelito.

“Esa tasa nunca ingresó a la Alcaldía. Siempre fue transferida directamente a Revisalud”, señaló.

Según Hernández, las declaraciones del presidente no solo son erradas, sino que además buscan justificar una intervención que desconoce la planificación adelantada por el Municipio, con tres empresas listas para iniciar el servicio el 19 de enero.

La alcaldesa también trasladó el conflicto al terreno judicial. Confirmó que el Municipio presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra la resolución de la Junta Directiva de la AAUD que formalizó la intervención.

Hernández sostiene que la medida viola la Ley 51 de 2010, que obliga a que el alcalde del distrito participe en las decisiones cuando se trate de la operación del servicio de aseo.

“No fuimos invitados, ni coordinados, ni llamados a la toma de decisiones”, denunció.

Además, anunció un recurso de amparo, alegando que también se infringió la Ley 276, que exige un convenio con el Consejo Municipal antes de que la Autoridad de Aseo asuma funciones en un distrito.

Mientras el Municipio denuncia atropellos legales, la Autoridad de Aseo presentó resultados operativos.

Su administrador, Ovil Moreno Marín, informó que en apenas 14 días de intervención se han recogido más de 3,500 toneladas de basura y atendido más de 250 puntos críticos, estabilizando zonas que estaban completamente desbordadas por desechos.

El Gobierno también reveló que la crisis ya comenzaba a afectar tuberías de agua potable, lo que obligó a una coordinación de emergencia con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para evitar brotes de enfermedades.

En medio del pulso entre la Alcaldía y el Ejecutivo, el Consejo Municipal de San Miguelito decidió alinearse con el Gobierno.

Su vicepresidente, Iván Cheribín, reconoció que la decisión fue sorpresiva, pero afirmó que no se trata de un pleito de poder.