Crisis de Ueno Bank en Paraguay salpica a trabajadores en Panamá

La crisis financiera y empresarial que sacude a Paraguay por la situación de Ueno Bank y las compañías vinculadas a su estructura también han repercutido en nuestro país. Entre los afectados figuran personal en Panamá que prestaban servicios para empresas del grupo, según informó la ministra de Trabajo paraguaya, Mónica Recalde, a medios paraguayos.

La funcionaria reveló que alrededor de 7,000 trabajadores directos, tanto en Paraguay como en el extranjero, han resultado afectados por la situación. De ese total, unos 6,000 están relacionados con el banco y las empresas que operaban en territorio paraguayo, mientras que el resto corresponde a operaciones internacionales.

Recalde explicó que el impacto se extiende a varios países porque algunas compañías vinculadas al grupo empresarial ofrecían servicios tecnológicos y de soporte informático desde Paraguay, pero tenían trabajadores en otros mercados.

Entre los países mencionados por la ministra figuran Panamá, Nicaragua, Argentina y México. Según detalló, recibió comunicaciones de empleados que prestaban servicios para Itti, una empresa paraguaya de tecnología fundada en 2004, perteneciente al Grupo Vázquez, dedicada al desarrollo de software y soluciones digitales para los sectores financiero y corporativo.

La ministra aclaró que estos trabajadores están sujetos a las legislaciones laborales de sus respectivos países, aunque mantenían una relación de trabajo vinculada a la estructura empresarial paraguaya.

La Estrella de Panamá intentó contactar a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, para conocer si las autoridades panameñas tienen información sobre los empleados afectados y qué medidas podrían adoptar ante esta situación.

Al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta oficial. No obstante, este diario conoció que no han habido denuncias al respecto.

Asimismo, La Decana conoció que los empleados panameños que laboraban para la empresa paraguaya deberían regirse por las normas laborales del país de la empresa contratista, según la información obtenida por este medio.

Por su parte, el Código de Trabajo panameño contempla disposiciones específicas para la contratación de trabajadores nacionales destinados a prestar servicios fuera del territorio.

El artículo 98 establece que se prohíbe celebrar contratos con trabajadores panameños para ejecutar obras o prestar servicios en el extranjero sin una resolución previa del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, sustentada en un informe favorable del departamento técnico correspondiente.

La norma también establece requisitos para estas contrataciones, entre ellos que la empresa cuente con un representante permanente domiciliado en Panamá, con facultades para atender reclamaciones de los trabajadores y sus familiares. También contempla un depósito en el Banco Nacional de Panamá para responder por posibles reclamaciones.

A su vez, el artículo 103 del Código de Trabajo establece multas de entre $50 y $500 para los agentes o empresas que incumplan las disposiciones de ese capítulo.

Durante la entrevista, la ministra de Trabajo de Paraguay explicó que la situación involucra una estructura empresarial compleja, integrada por cerca de 40 compañías que prestaban distintos servicios a Ueno Bank.

Según Recalde, algunos empleados tenían contratos con una empresa, pero en la práctica realizaban funciones para otra compañía del mismo grupo o directamente para el banco.

Incluso, señaló que había trabajadores que utilizaban uniformes, correos electrónicos y herramientas de la entidad bancaria, pese a que formalmente estaban contratados por terceros.

Ante este escenario, el Ministerio de Trabajo paraguayo adoptó como primera medida eliminar las restricciones contractuales que impedían a los empleados buscar otras oportunidades laborales.

Recalde explicó que varias empresas mantenían cláusulas de exclusividad que prohibían a sus trabajadores prestar servicios para otras compañías, incluso durante los seis meses posteriores a la terminación de sus contratos.

El Ministerio emitió un dictamen que libera a los empleados de esa obligación, por lo que pueden buscar otros empleos o trabajar de manera independiente, aunque todavía aparezcan en las nóminas de las empresas afectadas.

La decisión fue comunicada a representantes de 37 compañías vinculadas al grupo empresarial y, según Recalde, responde al derecho al trabajo y a la falta de ocupación efectiva, debido a que varias empresas dejaron de operar y sus empleados ya no recibían asignaciones laborales.

Otra de las preocupaciones del Gobierno paraguayo es garantizar que los trabajadores afectados no pierdan el acceso a los servicios de salud. De acuerdo con Recalde, el último pago de las obligaciones patronales registrado por las empresas correspondía a septiembre.

Paralelamente, el Ministerio mantiene mesas de trabajo para revisar la situación jurídica de cada empleado y determinar las condiciones para el pago de sus liquidaciones.

Sobre la posibilidad de que el Estado intervenga para mantener operativas algunas de las compañías vinculadas al grupo, la funcionaria indicó que el Gobierno analiza esa alternativa, pero primero debe comprender cómo funcionaba el modelo de negocios y cuáles son las condiciones legales de cada empresa.