Defensoría del Pueblo advierte que reapertura del penal de Isla Coiba podría afectar estatus de patrimonio mundial
- 20/06/2026 10:40
La Defensoría recordó además que el artículo No. 5 de la Ley No. 44 prohíbe la construcción de infraestructuras que no estén destinadas al apoyo sostenible del ecoturismo o a actividades científicas.
La Defensoría del Pueblo confirmó que mantiene un seguimiento al traslado de 29 personas privadas de libertad hacia el Parque Nacional Coiba.
Además, la entidad recordó las disposiciones legales que regulan el uso de este territorio, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) desde 2005.
La decisión de la administración del presidente José Raúl Mulino de trasladar a 29 privados de libertad, catalogados como de alta peligrosidad, a Isla Coiba abrió un debate que trasciende el ámbito de la seguridad pública y lo relacionada con el cuidado del medio ambiente y perder la designación de la Unesco.
A través de un comunicado, la entidad señaló que la Ley No. 44 de 26 de julio de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba, establece en su artículo No. 28 que, una vez finalizado el uso del área como centro penitenciario, las instalaciones y terrenos pasarían a formar parte de los bienes administrados por el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, posteriormente la Autoridad Nacional del Ambiente y actualmente el Ministerio de Ambiente, bajo la gestión del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.
La normativa también dispone que las personas privadas de libertad que permanecían en el penal debían ser trasladadas a otras instalaciones a más tardar un año después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 29 de julio de 2005.
La Defensoría recordó además que el artículo No. 5 de la Ley No. 44 prohíbe la construcción de infraestructuras que no estén destinadas al apoyo sostenible del ecoturismo o a actividades científicas contempladas en el Plan de Manejo del área protegida.
Según la Defensoría, la Dirección Nacional de Ambiente de la institución reconoce las acciones que desarrollan las autoridades en materia de seguridad pública, pero advirtió que el cierre del Centro Penitenciario de Coiba formó parte de compromisos asumidos por el Estado panameño.
”La reapertura puede comprometer la condición de Patrimonio Mundial ante la Unesco”, indicó la entidad.
La Defensoría también reiteró la necesidad de que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad, conforme a lo establecido en la Ley No. 55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario.