Demandas para anular elecciones deberán incluir “prueba indiciaria”

Un antiguo dolor de cabeza para candidatos electos podría estar llegando a su fin. La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó una modificación clave al artículo 465 del Código Electoral, poniendo freno a las impugnaciones por exceso de gastos de campaña que, en la práctica, se habían convertido en un arma para desconocer resultados de las urnas sin tener que presentar pruebas.

El debate se encendió cuando el diputado Alaín Cedeño, del partido Realizando Metas (RM), propuso la eliminación total del numeral 15 de dicho artículo, que permite anular una elección si el ganador rebasó los topes de gastos establecidos. La justificación de Cedeño, basada en la experiencia de comicios pasados, fue contundente: la figura era una trampa.

“En el periodo pasado hubieron impugnaciones por ese numeral y se demostró que no había manera de probar que una persona se excedía. Fueron desestimadas”, explicó el diputado ante el pleno. Su principal reclamo era la inversión de la carga de la prueba: la ley permitía que un perdedor impugnara sin sustento, obligando al candidato electo a demostrar su inocencia. “Eso es una vía para tratar de no reconocer la voluntad popular. Tenemos que cuidarla más que todo”, sentenció.

La propuesta de eliminar la causal generó un intenso cruce de posturas. La representante de la Empresa Privada cuestionó la lógica del mecanismo: “Si es el Tribunal Electoral el que tiene la información de los gastos, ¿cómo es posible que un tercero use esto para prorrogar la proclamación de un candidato?”.

Lejos de eliminar la regla, la Comisión encontró una salida de consenso que equilibra la fiscalización con la protección de los resultados. Una propuesta de los partidos Moca y PRD, secundada por la mayoría, resolvió el dilema.

Con 12 votos a favor y una sola abstención, la CNRE aprobó mantener la causal de nulidad por exceso de gastos, pero con una condición clave: la demanda solo procederá “siempre y cuando se demuestre al menos con prueba indiciaria”.

Este “candado” procesal impide las impugnaciones temerarias. Ahora, quien quiera impugnar una elección por esta causa deberá llegar con un sustento mínimo, evitando procesos dilatorios que, en el pasado, buscaban “parar una credencial” sin fundamento y mantenían en vilo la proclamación de candidatos legítimamente electos.